California podría ser el primer estado que permita agregar a los padres adultos a los planes de salud

Cuando la madre de Laura Chávez, de 74 años, necesitó realizarse una cirugía ocular, el mes pasado, su hija pagó en efectivo por el procedimiento.

¿El costo? $15.000, y solo por un ojo; la familia no pudo costear el procedimiento para ambos.

La madre, Esperanza Chávez, no califica para Medicare debido a su estatus migratorio. Y no puede encontrar un plan de seguro médico privado por menos de $1.000 al mes. “Constantemente tenemos que tomar decisiones basadas en los costos en lugar de en ‘¿realmente este medicamento la ayudará a estar viva y saludable?’”, comentó Laura Chávez, de 41 años, una residente de San Francisco cuya madre tiene diabetes. “Es injusto tener que pensar de esa manera”.

Ahora, un legislador de California impulsa un proyecto de ley que exigiría que los planes de salud privados regulados por el estado extiendan la cobertura a los padres de algunos suscriptores. Los grupos empresariales y otros temen que la legislación pueda aumentar las primas, pero el proyecto tiene un fuerte respaldo de las organizaciones activistas de la salud y los derechos de los inmigrantes, ya que estos constituyen una parte considerable de la población no asegurada de California.

Los titulares de pólizas ya pueden agregar hijos de hasta 26 años a sus planes de salud, un beneficio disponible a nivel nacional en el marco de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles. Pero California sería el primer estado en extender el beneficio a los padres dependientes, cuya cobertura es costosa porque son mayores y están más enfermos que la población en general, afirman los expertos en salud.

“Esto es innovador y, francamente, un cambio de paradigma sobre cómo pensamos acerca de la gente que recibe atención médica”, destacó el asambleísta Miguel Santiago (D-Los Ángeles), autor del AB 570. “La conclusión es que queremos que todos tengan atención médica, y lucharemos en todos los detalles para garantizar que haya una atención médica adecuada”.

Muchos estados han experimentado con cómo cubrir a los cerca de 33.2 millones de personas sin seguro de Estados Unidos, de las cuales unas 400.000 son mayores de 65 años. Los niños elegibles por ingresos de California pueden recibir seguro médico público independientemente de su estado migratorio, los padres de Nueva Jersey pueden cubrir a un hijo dependiente hasta los 31 años, y la gente en Florida puede cubrir a sus hijos hasta los 30 años siempre que no estén casados o no tengan dependientes propios.

Un grupo que se beneficiaría de la legislación de California, afirman los patrocinadores, serían los titulares de tarjetas verdes (de residencia) que no hayan cumplido con el período de espera de cinco años para calificar para Medicare y Medicaid, y los que están aquí ilegalmente.

Si bien esforzarse por cubrir a los padres es un objetivo loable, comentó Sherry Glied, ex secretaria adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU durante la administración Obama, los empleadores podrían enfrentar primas de seguro más altas. “Se trata de una población cara, y también susceptible a riesgos reales”, comentó la ahora decana de la Escuela de Posgrado de Servicio Público Robert F. Wagner, de la Universidad de Nueva York.

Glied teme que algunas personas abusen de la cobertura. Por ejemplo, dijo, alguien podría traer a un padre enfermo al país con una visa de turista, inscribirlo en el plan de salud de su empleador y organizar el tratamiento que necesita.

California ya les brinda a los inmigrantes no autorizados elegibles por ingresos hasta los 26 años de edad los beneficios completos de Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid para personas de bajos ingresos.

Los legisladores están considerando propuestas separadas para ampliar la elegibilidad de Medi-Cal. Un proyecto de ley apunta a inmigrantes indocumentados de 65 años en adelante, y otro haría elegibles a todos los californianos, independientemente de su edad o estado migratorio. Intentos similares fracasaron repetidamente durante los últimos años debido a preocupaciones de costos, pero California ahora tiene un superávit presupuestario de $75.700 millones.

A diferencia de las medidas de Medi-Cal, que dependen de la financiación estatal, el proyecto de ley redactado por Santiago -en colaboración con el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara- transferiría el costo a los empleadores y las compañías de seguros. Además permitiría que los padres o padrastros, independientemente de la edad, cuyos hijos los consignen como dependientes de sus impuestos, sean agregados a los planes de salud privados regulados por el estado, que incluyen los planes laborales y los que se compran en el mercado abierto o a través de Covered California. Los planes patrocinados por el empleador regulados por el gobierno federal no estarían sujetos al proyecto de ley.

El Comité de Salud de la Asamblea aprobó el proyecto de ley, que debe aprobar el Comité de Asignaciones de la Asamblea antes de dirigirse a la Asamblea para su votación.

Es difícil determinar cuántos californianos podrían beneficiarse de la medida. A nivel nacional, alrededor de 3.4 millones de personas fueron declaradas dependientes en las declaraciones de impuestos de sus hijos en 2019, y se estima que 400.000 de ellos vivían en California, según un análisis del Programa de Revisión de Beneficios de Salud de California.

La inmensa mayoría de esos padres ya tienen cobertura médica a través de Medicare o Medicaid, concluyó el análisis; ello deja entre 20.000 y 80.000 californianos que podrían beneficiarse.

A pesar del número relativamente pequeño, los empleadores de California dicen que este mandato aumentaría las primas de $200 millones a $800 millones al año, dependiendo de cuántas personas se inscribieran.

“Los pequeños empleadores se verán obligados a reevaluar cuánto pueden contribuir a las primas de dependientes de los empleados”, comentó a los legisladores Preston Young, un defensor de políticas en la Cámara de Comercio de California, en una audiencia reciente del Comité de Salud de la Asamblea.

Según Lara, comisionado de seguros de California, cuyos padres alguna vez fueron inmigrantes indocumentados, el proyecto de ley ayudaría a las familias más pobres del Estado Dorado, dándoles a quienes no tienen otras opciones “una tranquilidad sustancial”. “Cuando éramos niños y necesitábamos cuidados, nuestros padres siempre estuvieron ahí para nosotros”, señaló. “A medida que ellos envejecen, muchos de nosotros nos hemos convertido en sus cuidadores”.

Chávez es cuidadora de sus hijas y de su madre a la vez. Tiene un seguro para ella y sus dos hijas a través de su empleador, la organización sin fines de lucro Challenge Day.

Pero no puede afrontar la compra de un plan de seguro integral para su madre en el mercado abierto. Una póliza básica, señaló, cuesta más de $1.000 al mes porque su madre tiene condiciones preexistentes -y no califica para Medicare o Medicaid porque se encuentra en Estados Unidos sin estatus legal-.

Si Chávez pudiera agregar a su madre a su póliza laboral, no tendría que pagar en efectivo por sus necesidades de salud, y toda la familia podría compartir un deducible y un límite para los gastos de bolsillo, señaló. “Traería un alivio financiero significativo”, reconoció. “Todos los meses hay cargos que tenemos que presupuestar y pagar. Dios no quiera que tenga que ir a la sala de emergencias”.

Este artículo fue producido por KHN (Kaiser Health News), uno de los tres principales programas operativos de la KFF (Kaiser Family Foundation).

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