La ciudadanía no será ya un requisito para muchos empleos del gobierno del condado de Los Ángeles

La ciudadanía estadounidense ya no será un requisito para muchos empleos del gobierno del condado de Los Ángeles, incluidos los jefes de departamento.

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción que permite al condado, con algunas excepciones, contratar a no ciudadanos para dirigir agencias de la institución, excluyendo al director del departamento de libertad condicional, y para cualquier otro trabajo del condado donde la ley estatal o federal no exija la ciudadanía.

Los inmigrantes que carecen de estatus legal siguen sin ser elegibles para trabajar para el condado.

La moción del martes, de las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl, extiende la elegibilidad para empleos del condado a los residentes permanentes legales y aquellos con permisos de trabajo.

La moción ordena al personal que elimine la ciudadanía como un requisito para los puestos del condado, a menos que la ley estatal o federal exija lo contrario.

Los jefes de departamento podrán designar a inmigrantes sin ciudadanía como sus suplentes cuando no se lo prohíba la ley estatal o federal.

“Al eliminar los requisitos de ciudadanía, el condado obtendrá acceso a un grupo más grande de solicitantes calificados con variadas experiencias de vida que pueden ayudar a mejorar los servicios actuales”, señaló Solís, presidenta de la junta, en un comunicado. “Esta decisión tiene sus raíces en una visión más amplia para llevar la diversidad, la equidad y la inclusión a la vanguardia de todo lo que hacemos en el condado”.

Solís esperaba que el condado pudiera renunciar a los requisitos de ciudadanía para los trabajadores del servicio de desastres, pero la ley estatal rige esos puestos y excluye a los inmigrantes empleados legalmente.

Los inmigrantes constituyen el 35% de la población de Los Ángeles. Con aproximadamente 110.000 empleados, el gobierno del condado es uno de los empleadores más grandes de la región.

Algunos detalles del plan del condado no se hicieron públicos. La oficina del director ejecutivo del condado y las oficinas de Solís y Kuehl se negaron a compartir un informe de junio con el Times, afirmando que estaba protegido por el privilegio abogado-cliente, ya que fue redactado por abogados del condado.

En una reunión anterior de la Junta de Supervisores, Andrés Dae Keun Kwon, asesor de políticas y organizador principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), le comentó a la junta que, cuando se graduó de la Facultad de Derecho de UCLA, su sueño era trabajar en la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles.

“Pero yo no era ciudadano estadounidense, por lo que me excluyeron”, indicó.

Luego pasó a trabajar en derechos de inmigrantes en la ACLU.

“La fuerza laboral del condado debe reflejar a las personas a las que sirven y en ningún lugar esto es más importante que en la oficina del defensor público”, señaló.

El defensor público Ricardo García, hijo de inmigrantes y el primer defensor público latino del condado, comunicó en un tuit que el papel crucial de su oficina en la vida de los residentes indigentes “hace que sea esencial que el proceso de contratación permita incorporar a los mejores y más diversos candidatos”.

La decisión de la junta fue celebrada por otros defensores de los inmigrantes.

Víctor Narro, un director de proyecto centrado en los trabajadores inmigrantes en el Centro Laboral de UCLA, enfatizó que la supresión del requisito de ciudadanía tardó mucho en llegar.

“El requisito de ciudadanía es realmente de otros tiempos, pero los gobiernos locales tardan en darse cuenta de que esos requerimientos ya no reflejan la diversidad de la sociedad que tenemos”, explicó. “Hay tantos que no son ciudadanos que residen en Los Ángeles que están calificados o más que calificados para esos empleos”.

Narro, quien imparte un seminario sobre derecho de interés público, indicó que muchos estudiantes de derecho que provienen de familias inmigrantes aspiran a ser defensores públicos. Señaló que la decisión brinda una oportunidad para que la fuerza laboral del condado refleje mejor la comunidad a la que sirve.

“El condado de Los Ángeles puede abrir el camino”, expresó. “Mi esperanza es que otros condados se deshagan de esos requisitos de ciudadanía”.

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