Señalan a cuatro agentes más como sospechosos de agregar información falsa sobre pandillas a los archivos del LAPD

Los fiscales sospechan que al menos otros cuatro agentes de policía de Los Ángeles colocaron información falsa sobre pandillas en las tarjetas de entrevistas de campo, según un registro interno de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Los reclamos elevan el número total de oficiales de la División Metropolitana sospechosos de ingresar información falsa en dichas tarjetas a 10. Los otros seis fueron acusados penalmente en el caso el año pasado; cada uno se ha declarado inocente.

No estaba claro si los cuatro oficiales adicionales, que siguen bajo investigación, también enfrentarían cargos. La oficina del procurador George Gascón se negó a comentar sobre el asunto. La capitana Stacy Spell, portavoz del LAPD, expresó que el departamento tampoco haría comentarios por temor a poner en peligro la integridad de una investigación en curso.

El documento identificó a tres de los cuatro agentes por sus apellidos: Fernández, McGinley y Walker. El cuarto oficial aparece identificado como la “oficial Samantha Stauber (Fielder)”, aunque su abogado, Matthew McNicholas, la identificó como Samantha Fiedler.

Fiedler presentó una demanda civil el año pasado alegando que fue atacada en medio del escándalo más amplio de señalamiento de pandillas, y que la sacaron de las calles porque los comandantes temían que denunciara un sistema de cuotas tácito que presionaba a los oficiales de Metro para identificar pandilleros con regularidad. “Debían cumplirse los mínimos”, alegó Fiedler en su demanda civil pendiente en el Tribunal Superior de California.

En el documento del fiscal de distrito, los procuradores alegan que la oficial ingresó información falsa sobre pandillas en cuatro tarjetas de entrevista de campo diferentes. También los oficiales McGinley, Fernández y Walker, al parecer, habían hecho lo mismo.

McNicholas destacó que a Fiedler no le habían dicho qué tarjetas presuntamente incluían información incorrecta y que no había recibido ninguna indicación de que sería acusada penalmente. El abogado añadió que si los fiscales tuvieran alguna evidencia de que Fiedler había ingresado intencionalmente datos falsos en las tarjetas, “ya estaría acusada”.

El documento de la oficina de Gascón, obtenido por The Times a través de una solicitud de registros públicos, fue redactado para explicar las decisiones de los fiscales de no presentar cargos contra otros 19 oficiales cuyas acciones también habían sido revisadas como parte de una investigación más amplia.

El escrito representa el informe más reciente de una investigación en curso que se inició en 2019, después de que una madre de Van Nuys desafió la clasificación de su hijo como pandillero. Los supervisores del LAPD encontraron inconsistencias entre lo narrado por el oficial y el video de la cámara corporal, y así se inició una indagación más amplia.

En julio de 2020, los fiscales acusaron a los oficiales Braxton Shaw, Michael Coblentz y Nicolás Martínez de conspiración para obstruir la justicia y múltiples cargos de presentar un informe policial falso y preparar pruebas documentales apócrifas. En octubre, los fiscales acusaron a otros tres agentes, René Braga, Julio García y Raúl Uribe, de falsificar información en tarjetas de entrevistas de campo.

Los fiscales alegaron que los oficiales habían escrito en tarjetas de entrevistas de campo que las personas admitían ser miembros de pandillas cuando las imágenes de sus cámaras corporales no mostraban tales admisiones o mostraban a los individuos negando explícitamente su afiliación a tales grupos.

Los seis agentes se declararon inocentes y están a la espera del juicio.

Los cargos reforzaron afirmaciones de larga data de activistas y público de que el Departamento de Policía de Los Ángeles etiquetaba a las personas como miembros de pandillas con poca o ninguna evidencia, y provocaron indignación inmediata y pedidos de reforma. Dichas etiquetas pueden perseguir a los individuos a lo largo de sus vidas y perjudicar sus perspectivas de empleo y vivienda, alegan los defensores.

En medio del alboroto por la presunta mala conducta, el LAPD dejó de enviar información sobre agrupaciones delictivas a la base de datos compartida de CalGang del estado, y los funcionarios estatales prohibieron a otras agencias californianas usar archivos ingresados al sistema por el LAPD. Los fiscales también comenzaron a retirar los casos de delitos graves que se derivaban del trabajo realizado por los oficiales acusados.

En el documento del fiscal de distrito, los fiscales remarcaron que cinco oficiales del LAPD seguían bajo investigación. Los 19 agentes que no serían acusados, en tanto, habían estado presentes durante los episodios en que otros oficiales al parecer incorporaron datos falsos en las tarjetas, pero que un análisis de videos de cámaras corporales, las propias tarjetas y otros registros indicó que no estaban al tanto de la mala conducta.

“O no participaron en absoluto en la preparación de las tarjetas [de la entrevista de campo] o, si lo hicieron, la información que proporcionaron fue precisa”, escribieron los procuradores. “No hay evidencia de que hayan ayudado e incitado a la mala conducta de sus colegas oficiales”.

Los fiscales señalaron en varios casos que las tarjetas de entrevistas que involucraban a los 19 oficiales no estaban en su lugar cuando los investigadores acudieron a revisarlas, pero no dieron ninguna explicación sobre cómo eso fue considerado en su decisión de despachar a los oficiales.

Ni la oficina de Gascón ni la policía de Los Ángeles respondieron preguntas sobre las tarjetas faltantes.

La reportera de Los Angeles Times Alene Tchekmedyian contribuyó con este artículo.

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