De cara a 2022 -y a un posible tercer año de la pandemia de COVID-19- los funcionarios de California se enfrentaron a un dilema que les resultaba familiar.
¿Ayudar a las empresas a recuperarse de una montaña rusa económica anulando nuevos y gravosos mandatos? ¿O rescatar a los trabajadores con bajas por enfermedad pagadas, salarios más altos y medidas severas contra el mal comportamiento de las compañías?
Dados los efectos devastadores de los dos últimos años tanto en los trabajadores como en las empresas, la respuesta tenía que ser todo lo anterior.
Los defensores laborales señalan las nuevas medidas que entrarán en vigor en enero para endurecer la aplicación de las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, prohibir el empleo a destajo en la industria de la confección y frenar las cuotas de velocidad en los almacenes.
“La pandemia creó conciencia de que muchos hombres y mujeres van a trabajar cada día y corren grandes riesgos”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles). “No solo los primeros en intervenir en situaciones médicas, sino los trabajadores de los supermercados, la mano de obra agrícola, los camioneros y los que confeccionan máscaras protectoras”.
Por otro lado, “se detuvieron muchas disposiciones a las empresas”, dijo Jennifer Barrera, presidenta de la Cámara de Comercio de California. “Hubo sensibilidad para no imponer demasiado a los empleadores cuando se enfrentaron a problemas por la pandemia”.
Solo dos de las 25 medidas que la cámara calificó de “asesinas del empleo” llegaron a la mesa del gobernador Gavin Newsom: la disposición sobre los trabajadores de la confección, que firmó, y un proyecto de ley que permitía a los empleados agrícolas votar por correo en una elección sindical, que vetó.
Una de las iniciativas de mayor alcance se remonta a cuatro años atrás, y consiste en aumentar gradualmente el salario mínimo por hora en California hasta más del doble a nivel federal de 7.25 dólares. A partir del 1 de enero, el piso estatal sube a 15 dólares para los empleadores con 26 o más trabajadores y a 14 dólares para los que tienen 25 o menos.
Muchas ciudades han subido el salario aún más rápido, como Los Ángeles, donde en julio entró en vigor un sueldo mínimo de 15 dólares para todos los empresarios.
Entre las medidas promulgadas en el último año, éstas son algunas de las más significativas:
Baja laboral remunerada
Los californianos solo tienen garantizados tres días de baja por enfermedad, un nivel que se considera inadecuado en caso de pandemia. Un proyecto de ley que aumentaba el permiso a cinco días no logró imponerse, pero en abril se renovó una medida limitada relacionada con el COVID-19, el proyecto de ley 95 del Senado, que otorgaba a los trabajadores dos semanas de descanso remunerado en caso de que estuvieran infectados o tuvieran que cuidar a familiares enfermos o a niños que no fueran a la escuela.
Con la férrea oposición de las empresas, expiró el 1 de octubre, junto con los créditos fiscales federales que suavizaban la carga.
En virtud de otra norma de emergencia de la División de Seguridad y Salud Laboral de California, renovada el 16 de diciembre, algunos trabajadores pueden cobrar 10 días si enferman o se exponen al virus y, por tanto, deben ser excluidos del lugar de trabajo. Sin embargo, las bajas para cuidar a familiares enfermos o hijos no escolarizados no están cubiertas, y no se les paga si el empresario puede demostrar que se infectaron fuera de su trabajo.
Con Ómicron en plena ebullición, la baja por enfermedad remunerada será una de las primeras batallas legislativas polémicas del año que está iniciando. Ya que cientos de miles de trabajadores siguen sin inocularse, el permiso por enfermedad pagado puede quedar atrapado en la política de los mandatos de vacunación.
“Si una persona decide no vacunarse o reforzarse, ¿debería tener dos semanas de baja?”, preguntó Barrera. “Debemos tenerlo en cuenta”.
Seguridad en el trabajo
La explosión de infecciones por COVID-19 en grandes empresas como cadenas de supermercados, empacadoras de carne, establecimientos de comida rápida y almacenes puso de manifiesto la debilidad de las leyes de seguridad laboral de California. Además, la agencia de seguridad laboral Cal/OSHA, que cuenta con un solo inspector por cada 103.000 trabajadores, ha afirmado que carece de personal suficiente para visitar el 80% de los lugares en los que los trabajadores se quejan de infracciones de seguridad.
El proyecto de ley 606 del Senado, que refleja una ley federal similar, permite a los inspectores de California citar a todas las empresas con un patrón de violaciones, a pesar de no haber visitado cada lugar de trabajo de manera presencial.
Con esa norma en vigor, un empleador con múltiples brotes en el lugar de trabajo solía ser citado por una sola infracción. Tradicionalmente, Cal/OSHA ha preferido negociar con los empresarios en vez de imponer multas. Pero las bajas sanciones no lograron disuadir a las empresas de incumplir con las normas, dijo la senadora Lena González (demócrata de Long Beach), autora del proyecto de ley.
La nueva ley obliga a la agencia a calificar a algunos empleadores como “atroces” cuando, por ejemplo, los trabajadores mueren o son hospitalizados como resultado de violaciones de seguridad “intencionadas”. La entidad debe acumular citaciones por cada trabajador afectado con multas de hasta 134.334 dólares cada una.
“Los grandes empresarios ignoran las directrices de salud pública sobre el distanciamiento social, el uso de mascarillas y otras medidas”, dijo Eduardo Martínez, director legislativo de la Federación de Trabajadores de California. “Como resultado, muchos empleados enfermaron y muchos de ellos murieron”.
Pero el SB 606 se aplica a todas las situaciones de seguridad en el lugar de trabajo, no solo a las relacionadas con el coronavirus.
“Venimos de una pandemia, en la que la mayoría de nuestra comunidad empresarial trata de sobrevivir”, dijo el asambleísta Heath Flora (R-Ripón), que se opuso al proyecto de ley. “ El COVID se utilizó para impulsar una agenda que los grupos laborales no han podido conseguir antes”.
Discriminación empresarial
Cuando los empresarios resuelven los reclamos de los trabajadores por discriminación o acoso, tradicionalmente han tratado de proteger su reputación obligando a las víctimas a firmar acuerdos de confidencialidad antes de cobrar las indemnizaciones por despido o por acuerdos.
En 2018, cuando el movimiento #MeToo cobró fuerza, California prohibió los acuerdos de no divulgación para resolver la mayoría de los casos por discriminación, acoso o agresión sexual. Los partidarios citaron los abusos de poderosos ejecutivos, como el productor Harvey Weinstein y el presidente de Fox News, Roger Ailes, casos en los que los acuerdos secretos pueden haber permitido que el acoso continuara.
Ahora, el proyecto de ley 331 del Senado, denominado “Ley de no más silencio”, amplía las protecciones, prohibiendo los acuerdos de confidencialidad para los casos relacionados con cualquier forma de discriminación o acoso, incluidos los basados en la raza, el origen étnico, la religión, la edad, la orientación sexual, las condiciones médicas y la discapacidad.
La nueva ley fue impulsada en parte por Ifeoma Ozoma, una ejecutiva negra de Pinterest, que se quejó de discriminación por raza y sexo en la empresa y fue obligada a firmar un acuerdo para guardar silencio como condición para resolver sus reclamos.
“El proyecto de ley SB 331 permitirá a los supervivientes hablar, si así lo desean”, dijo su autora, la senadora Connie Leyva (demócrata de Chino). “Pueden hacer que los autores rindan cuentas y, con suerte, evitar que los abusadores sigan atormentando a otros trabajadores”.
Una coalición de 13 asociaciones liderada por la Cámara de Comercio argumentó inicialmente que el proyecto de ley perjudicaría a los trabajadores al desanimar a los empresarios a ofrecer indemnizaciones por despido. Pero los opositores se retiraron después de que varias enmiendas suavizaran los efectos del proyecto de ley, incluida una disposición que garantiza la capacidad de los empresarios para proteger los secretos comerciales.
El sur de California acoge a más de 45.000 trabajadores de la confección, el mayor número de todo Estados Unidos. Tradicionalmente se les paga por pieza: 8 céntimos de dólar por coser una manga, por ejemplo, o 14 céntimos por colocar una etiqueta. Dependiendo de la rapidez con la que trabajen, la remuneración a menudo no alcanza el salario mínimo.
Gigantes de la venta al menudeo como Ross Dress for Less, T.J. Maxx y Forever 21 han fijado precios al por mayor para sus fabricantes tan bajos que los subcontratistas no pueden obtener beneficios si pagan salarios legales, según los investigadores federales. Y los trabajadores de la confección, muchos de los cuales son indocumentados, suelen no denunciar las condiciones inseguras o de abuso según el Centro de Trabajadores de la Confección de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro.
El proyecto de ley 62 del Senado, impulsado por Durazo, responsabiliza conjuntamente a los minoristas y a sus proveedores por el robo de salarios y otras violaciones laborales en sus cadenas de suministro, incluso cuando las prendas se fabrican para varias marcas. Además, exige a los fabricantes que paguen por hora, prohibiendo el sistema de pago a destajo.
Al firmar el proyecto de ley, Newsom dijo que protege “a los trabajadores marginados con salarios bajos, muchos de los cuales son mujeres de color e inmigrantes.... Nos comprometemos a cubrir sus espaldas mientras trabajamos para construir una economía más fuerte e inclusiva”.
Pero los minoristas advierten que la medida podría llevar más puestos de trabajo a América Latina y a Asia, donde los salarios son mucho más bajos. Las empresas “van a ser ahora responsables de cualquier violación de los salarios y las horas de trabajo, aunque no hayan tenido control sobre ellas”, dijo Barrera, de la Cámara de Comercio.
Una cuestión más amplia es la creciente tendencia a imponer la responsabilidad conjunta en cada vez más sectores. Proyectos de ley anteriores en California hacían que las empresas de construcción y las que utilizan servicios de limpieza, jardinería y seguridad fueran responsables conjuntamente de las infracciones de los subcontratistas. Y se espera que un proyecto de ley para hacer que las empresas de comida rápida sean responsables al mismo tiempo de las infracciones de los franquiciados provoque una batalla legislativa en 2022.
Trabajadores de almacén
La pandemia impulsó la mano de obra de los almacenes de California, que se ha duplicado hasta alcanzar más de 200.000 empleados en cinco años, ya que los consumidores se han inclinado a pedir productos por Internet.
Con las importaciones asiáticas fluyendo a través de los puertos del sur de California, el Inland Empire es ahora el mayor centro de almacenamiento del país y Amazon su mayor empleador.
En medio de los informes sobre el aumento vertiginoso de las tasas de lesiones, especialmente impulsado por el uso de estándares de alta tecnología y las cuotas de velocidad impulsadas por Amazon, Newsom firmó la primera ley del país que regula la productividad en el lugar de trabajo controlada mediante inteligencia artificial, una tendencia que se está extendiendo rápidamente.
El proyecto de ley 701 de la Asamblea, redactado por la asambleísta Lorena González (demócrata de San Diego), prohíbe el uso por parte de los almacenes de algoritmos que vigilan los periodos de descanso, las pausas para ir al baño o el cumplimiento de las leyes de salud y seguridad. Las empresas deben revelar por escrito a los empleados y a las agencias gubernamentales las cuotas de producción y las métricas de velocidad de trabajo, junto con las sanciones por no cumplirlas.
La ley protege a los trabajadores de las represalias por denunciar cuotas inseguras y les permite recurrir a los tribunales.
“Los trabajadores de los almacenes, que han contribuido a mantenernos en estos tiempos sin precedentes, no deberían arriesgarse a sufrir lesiones o a ser castigados como resultado de cuotas explotadoras que violan la salud y la seguridad básicas”, dijo Newsom al firmar la ley.
Los grupos empresariales se opusieron a la medida. “Ya existen leyes que regulan las pausas para descansar, ir al baño y comer”, dijo Flora. “Esta ley abre toda una nueva vía para nuevas demandas sin sentido”.
Derecho de recontratación
Durante la pandemia, cuando el turismo se agotó, los viajes de negocios se redujeron y los empleados de oficina trabajaron a distancia, cientos de miles de trabajadores fueron despedidos de hoteles, empresas de limpieza, concesiones de aeropuertos, estadios deportivos y salas de conciertos.
Unite Here y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que representan a muchos trabajadores de esos sectores, advirtieron que las empresas utilizarían la pandemia como excusa para sustituir a los empleados veteranos por otros más baratos. Presionaron a favor de “un derecho de recontratación”.
El proyecto de ley 95 del Senado, que entró en vigor en abril, exige que las compañías de esos sectores, una vez que empiecen a contratar tras los despidos relacionados con la pandemia, ofrezcan puestos de trabajo a sus antiguos empleados en función de su trayectoria laboral en lugar de sustituirlos.
Medidas similares están en vigor en la ciudad y el condado de Los Ángeles, Santa Mónica, Pasadena, Glendale y Long Beach.
Entrega de alimentos
El proyecto de ley 286 de la Asamblea prohíbe a las empresas de reparto de comida como DoorDash, Grubhub, Postmates, Instacart y UberEats retener las propinas que debían ir a sus trabajadores.
La medida llega tras las demandas contra plataformas tecnológicas acusadas de robar propinas. En un acuerdo judicial del año pasado, DoorDash pagó 2.5 millones de dólares por utilizar las gratificaciones por parte de los clientes para financiar sus operaciones de base en el Distrito de Columbia. Point Pickup, que realiza entregas para Walmart, Kroger y otras empresas, también ha sido acusada de utilizar las propinas de los clientes para cubrir el pago garantizado de sus trabajadores.
En febrero, Amazon pagó 61.7 millones de dólares para zanjar las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de haber retenido las propinas de 140.000 conductores en todo el país.
En virtud de la ley AB 286, las empresas de reparto tienen que revelar sus tarifas a los clientes. Se les prohibirá aumentar los precios de los alimentos y las bebidas que entregan, una práctica que los restaurantes dicen que ha reducido sus escasos beneficios, incluso cuando la pandemia ha paralizado sus negocios.
Trabajadores discapacitados
Por ley, los trabajadores discapacitados pueden cobrar menos que el salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora. Los defensores dicen que esta práctica fomenta la contratación de empleados con discapacidades mentales o físicas, pero los opositores la califican de explotación injusta.
En virtud de la nueva ley, el proyecto de ley 639 del Senado, a partir de enero no se concederán nuevas licencias por debajo del salario mínimo a los empresarios. Las licencias existentes no podrán renovarse después de 2024.
Los talleres protegidos, como los que gestiona Goodwill Industries, emplean a más de 5.000 californianos con discapacidad. Algunos trabajadores cobran tan sólo 2 dólares la hora, dijo Durazo, autor del proyecto de ley.
En los últimos años, Alaska, Maryland, Nevada, New Hampshire, Oregón y Texas han declarado ilegal pagar a los trabajadores con discapacidades menos del salario mínimo.
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