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Decenas de colegios comunitarios no entregaron datos de fraude sobre posibles inscripciones falsas

A person walks by a Los Angeles City College sign
Muchas de estas instituciones, entre ellas Los Angeles City College, no proporcionaron datos relacionados con el fraude de inscripción desde que la oficina del rector comenzó a solicitarlos, en agosto pasado.
(Al Seib / Los Angeles Times)
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A pesar de que la oficina del rector solicitó en agosto de 2021 que los 116 colegios comunitarios de California informen sobre el fraude de inscripción que involucra bots de estudiantes falsos, casi el 40% de los campus no presentaron ninguna información, lo cual profundizó las preocupaciones entre la Junta de Gobernadores, el lunes, sobre el alcance de posibles irregularidades. y cómo puede afectar ello la caída de la matrícula del sistema.

La falta de respuestas de 44 campus, incluidos los nueve dentro del distrito de colegios comunitarios de Los Ángeles, el más grande del país, dificulta que los funcionarios evalúen si el sistema de colegios comunitarios tiene una comprensión firme de su crisis de inscripción y cuán generalizadas pueden ser las inscripciones apócrifas, en un momento en que los administradores se esfuerzan por descubrir cómo detener la caída de la inscripción cercana al 20% desde el otoño de 2019 hasta el mismo período de 2021.

Además, el 15% de las universidades del sistema no respondió las encuestas preliminares de inscripción, que ayudan a orientar las estrategias para aumentar la inscripción después del declive de la pandemia.

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“La falta de respuestas a las encuestas de inscripción dificulta la capacidad de medir las tendencias dentro de un semestre”, afirmó el portavoz, Paul Feist. “Todas las universidades finalmente informan la inscripción real, pero no terminan de hacerlo hasta después de que finaliza el semestre. Nuestra infraestructura de datos actual no permite vistas en tiempo real de la inscripción. Las encuestas proporcionan algún tipo de proxy o vista previa”.

Durante una reunión de la Junta de Gobernadores, el lunes, no hubo respuestas claras sobre por qué los campus ignoraron las solicitudes. Después de un período de comentarios públicos, los miembros de la junta decidirán si exigen los informes. El estado financia los colegios comunitarios en función de la inscripción. Durante la pandemia y el año escolar 2024-2025, los campus no serán penalizados financieramente por las bajas. Pero futuras caídas en la inscripción de estudiantes podrían afectar la financiación.

La vicepresidenta de la junta, Amy Costa, afirmó estar “estupefacta” por la falta de respuesta. El miembro de la junta Bill Rawlings comentó que en su campus, Mt. San Antonio College, el director de tecnología se quejó de tener que proporcionar datos cuando otros no lo hacen de manera consistente, lo cual plantea la pregunta de si algunos campus han interpretado las solicitudes de datos como opcionales.

“Creo que la gente viene luchando con qué hacer público y qué no”, destacó Valerie Lundy-Wagner, vicerrectora de innovación e infraestructura digital. “Creo que en torno a la inscripción, es un momento loco en este momento. Es difícil observar y ver estas cosas. Creo que, a menudo, la gente le teme a los números por lo que pueden decir. Y entonces, cuando no hay respuesta, significa que no hay que mirarlo”.

Durante la reunión, el canciller Eloy Oakley no se pronunció sobre la situación.

El distrito universitario de Los Ángeles no respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué los campus no han presentado reportes.

Al menos ocho universidades enviaron informes por primera vez después de que se hizo público el artículo de la junta, comentó Feist.

La escasez de datos se produce después de que The Times informara por primera vez, en agosto, que miles de bots de estudiantes falsos se habían inscrito en clases de colegios comunitarios en todo el estado y que más de 65.000 habían solicitado ayuda financiera en un momento en que el sistema universitario había recibido una importante cantidad de fondos en alivio para el COVID-19 para los estudiantes. En los meses transcurridos desde entonces, el sistema universitario descentralizado no pudo proporcionar una imagen completa sobre la cantidad de intentos de los bots.

En agosto, después de descubrir que el 20% del tráfico reciente en el portal principal de solicitudes en línea era malicioso y estaba relacionado con bots, el sistema de colegios comunitarios solicitó que todos los distritos y sus campus informaran mensualmente la cantidad de incidentes de fraude de registro sospechoso, confirmaran el número de incidentes de fraude de ayuda financiera y su valor en dólares. Esas medidas ampliaron las prácticas de seguridad implementadas anteriormente, incluido el software de detección de bots.

El sistema de colegios comunitarios sigue combatiendo el problema. En enero, agregó una “verificación de múltiples factores del correo electrónico y/o número de teléfono del estudiante” para ayudar a evitar el fraude, según un memorando de enero.

Las solicitudes anteriores de registros públicos de The Times en busca de información relacionada con los datos solicitados a las universidades fueron denegadas y señaladas como “exentas de divulgación”, destacaron los funcionarios de la universidad, porque están vinculadas a registros de investigación o archivos de personal, o debido a leyes estatales y federales. La oficina del canciller no publicó ninguna actualización sobre la investigación, el alcance del problema o las posibles pérdidas monetarias.

Kim Rich, profesora de Pierce College dentro del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, le dijo a The Times el año pasado que había encontrado miles de estudiantes bot por su cuenta, pero no sabía qué se había hecho para erradicarlos del sistema. El lunes, comentó que siguió identificando a cientos de presuntos estudiantes bot inscritos en todo el distrito. “El hecho de que esto no se haya remediado en los últimos meses es una incompetencia absoluta”, remarcó Rich, quien presentó una queja contra la administración de Pierce a principios de este mes por “no autenticar a los estudiantes”.

Para solucionar los problemas de recopilación de datos, la junta propuso exigir a los distritos que respondan a las solicitudes de información y datos de la oficina del canciller dentro de los 10 días, el plazo estándar según la Ley de Registros Públicos. Las universidades no tendrían que proporcionar la información solicitada dentro de ese plazo, pero estarían obligadas a acusar recibo de la solicitud.

Las universidades están obligadas a denunciar el fraude al Departamento de Educación y la Oficina del Inspector General, señaló un memorando de enero de Lundy-Wagner. En el tercer memorando desde el año pasado sobre actividades fraudulentas reiteró a las universidades que deben compartir información relacionada con el fraude el 10 de cada mes y destacó que la oficina del rector había “observado una participación modesta de las universidades y los distritos en los informes mensuales”.

La propuesta de presupuesto del gobernador Gavin Newsom incluye millones de dólares para la modernización de la tecnología de los colegios comunitarios, señala el memorando, que incluiría la protección de datos confidenciales.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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