Ex agente del Sheriff de San Diego que disparó por la espalda a un hombre que huía enfrenta cargos federales
Aaron Russell podría cumplir cadena perpetua si es declarado culpable de los dos cargos, que incluyen privar a Nicholas Bils de su derecho a estar libre de agentes que usan fuerza excesiva.
Un ex agente del sheriff que disparó y mató a un hombre que huía de las autoridades afuera de la cárcel del centro hace cuatro años fue acusado formalmente de dos cargos por un gran jurado federal de San Diego.
Aaron Russell está acusado de privar a Nicholas Bils de su derecho a estar libre de agentes que usan fuerza excesiva y de disparar un arma de fuego en relación con un delito violento, se lee en la acusación.
En su comparecencia inicial ante el tribunal, Russell se declaró inocente. Se le permitirá permanecer sin custodia bajo ciertas condiciones, incluida la entrega de su pasaporte y restricciones a sus viajes.
Si es declarado culpable, Russell podría ser enviado a prisión de por vida.
El tiroteo ocurrió el 1 de mayo de 2020, después de que un guardaparque estatal arrestara a Bils en el casco antiguo de San Diego y lo llevara a la cárcel del centro. Cuando llegaron a las instalaciones, Bils, que estaba desarmado, se deslizó del asiento trasero y corrió hacia el norte por Front Street.
Russell, que caminaba al trabajo en la cárcel, vio a Bils escapar del auto.
Según la acusación, Russell, sin advertir a Bils que se detuviera, disparó dos tiros contra el hombre. El agente hizo una breve pausa y disparó tres tiros más. Russell impactó a Bils cuatro veces y al menos una bala alcanzó a Bils en la espalda.
La acusación dice que Russell no emitió ninguna advertencia a los otros tres agentes del orden en el área, ninguno de los cuales disparó ni sacó un arma.
Russell renunció a los pocos días del tiroteo fatal y luego fue acusado bajo la ley estatal de asesinato, lo que marcó la primera vez que los fiscales del condado de San Diego acusaron a un agente de la ley de asesinato por la muerte a tiros de un sospechoso. Esa decisión se produjo meses después de que una ley de California de 2020 elevara el estándar sobre cuándo la policía puede usar fuerza letal de “razonable” a “necesaria”.
En enero de 2022, se declaró culpable de homicidio voluntario y, al mes siguiente, obtuvo tres años de libertad condicional y se le ordenó pasar un año en prisión. La fiscalía había pedido una pena de prisión de seis años.
Con la declaración de Russell por el cargo menor, el juez del Tribunal Superior de San Diego, Francis Devaney, tenía la opción de poner al ex agente en libertad condicional, con o sin tiempo bajo custodia local, o sentenciarlo a prisión. El juez ordenó una sentencia suspendida de tres años como condición de libertad condicional, lo que significa que si Russell violara cualquiera de los términos, podría ser enviado a prisión.
Devaney dijo en ese momento que optó por la sentencia suspendida porque Russell, de 23 años en el momento del tiroteo, “era muy joven, no estaba capacitado, no tenía experiencia, no tenía antecedentes penales y no tenía intenciones maliciosas en lo que hizo”.
Dijo que pensaba que Russell, quien había sido agente durante 18 meses, “cometió un terrible error de cálculo”.
Cuando terminó la audiencia, pero con el juez todavía en el estrado, la prima de Bils, Amber Barnett, dijo una palabra en voz alta: “Vergüenza”.
“El juez tomó una decisión vergonzosa”, dijo más tarde en el pasillo fuera de la sala del tribunal. “Envía un mensaje a las autoridades de que puedes dispararle a alguien por la espalda y tal vez, tal vez, ir a prisión por un año”.
La madre de Bils, Kathleen Bils, demandó a Russell y al condado en un tribunal federal, alegando fuerza excesiva y muerte por negligencia.
También acusó al entonces sheriff Bill Gore y a otros de no capacitar adecuadamente a los agentes de custodia sobre el uso apropiado de la fuerza y alegó una “falla sistémica” en el condado para investigar las muertes relacionadas con el uso de la fuerza por parte de los agentes.
El condado acordó pagar $8,1 millones para resolver el caso en el verano de 2022, donde Kathleen Bils recibió $5,1 millones y los tres hermanos de Bils recibieron $1 millón cada uno.
Tanto el caso civil como la acusación más reciente dependen de la Cuarta Enmienda, que otorga a cualquier persona en los Estados Unidos el derecho constitucional a estar protegida de fuerza excesiva por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En los últimos años, los agentes locales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se han enfrentado a cargos similares en casos de uso de la fuerza no mortales, al igual que los agentes de otros lugares implicados en las muertes de George Floyd y Breonna Taylor.
©2024 The San Diego Union-Tribune. / Distributed by Tribune Content Agency, LLC.
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