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EEUU

Madres refugiadas demandarán a la administración Trump por $3 millones cada una

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Maggy Krell, consejera principal de Planned Parenthood Affiliates de California (izq.) y su cliente, “Patricia” (der.) caminan a casa con “Alessandro”, de siete años e hijo de esta última, después de cenar en Sacramento. (Max Whittaker / para The Times )

Como miles de padres centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos, Patricia entró en pánico cuando, después de que ella y su hijo cruzaron el Río Bravo hacia Texas, el año pasado, los agentes fronterizos se llevaron al niño. Durante semanas, la mujer se sintió devastada por el temor de perder para siempre a Alessandro, por entonces de seis años de edad.

Finalmente ambos se reunieron, pero Patricia, que no puede dejar atrás el pasado, ahora quiere que el gobierno estadounidense pague por la dura experiencia que atravesó su familia y se ha convertido así en parte de una estrategia legal novedosa para lograr ese objetivo.

“Cada momento que pienso en ello me hace llorar”, afirmó Patricia, quien pidió que ella y su hijo sean identificados sólo por sus segundos nombres porque teme posibles represalias. “Separarnos fue una injusticia. Todo el mundo tiene derecho a querer una vida mejor”.

Patricia y su abogada, Maggy Krell, ex fiscal general adjunta de California que se especializó en la trata de personas, argumentarán que el gobierno de Estados Unidos pretende infligir angustia emocional a las familias al separarlos. La afirmación se encuadra en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, una norma limitada que permite a las personas demandar al gobierno por negligencia y mala conducta. Alrededor de una docena de otros padres inmigrantes con experiencias como la de Patricia están en procesos similares, que probablemente terminarán en los tribunales.

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Si bien no está claro que vayan a prevalecer, los padres argumentan que las separaciones y el silencio en torno al destino de sus hijos en 2018 fueron parte de una campaña sistémica de intimidación psicológica por parte de la administración Trump para asustar a otros y disuadirlos de ingresar a Estados Unidos.

Existe un debate público en curso sobre el propósito de las separaciones familiares, y el año pasado un juez federal puso fin a esa medida. Pero Krell y otros piensan que las denuncias podrían marcar un nuevo frente financiero en la batalla legal sobre el tratamiento dado a las familias y los niños que cruzan la frontera. La atención nacional se enfoca en las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en los albergues y centros de detención, incluidos los informes sobre continuas separaciones familiares y el fin efectivo del beneficio de asilo, anunciado el pasado lunes.

“Si la política no funciona, ni el cabildeo, ni la prensa, a menudo el gobierno tiene que pagar por los errores que ha cometido; es la mejor manera de llamar la atención de una administración”, expuso Erik Walsh, un abogado del grupo Arnold & Porter, con sede en Washington, D.C., que encabeza los reclamos como parte de su trabajo pro bono en temas de inmigración. “El gobierno claramente intentó infligir angustia emocional. Hay un registro bastante bueno de funcionarios gubernamentales de alto rango... que afirman que esta política pretendía disuadir a otros inmigrantes”.

Para Walsh, aunque los datos del gobierno muestran que alrededor de 2.700 niños pueden haber sido separados de los padres o tutores, él espera que no se presenten más de unos cientos de demandas por angustia emocional. Algunos padres fueron deportados, otros son difíciles de encontrar y muchos temen atraer el escrutinio de la administración mientras luchan por obtener su estatus legal mediante el asilo y otras medidas inmigratorias, consideró. Pero esas denuncias pueden ser suficientes, si triunfan, para establecer un precedente que podría forzar un cambio de política en pos de evitar los pagos, agregó. “Esto es sólo el comienzo”, expuso Walsh.

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Un primer grupo de reclamaciones fue presentado directamente contra Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU y otras agencias a principios de este año, un paso administrativo requerido. Las primeras querellas probablemente se presentarán en agosto, y la denuncia administrativa de Patricia se presentará en los próximos días. Las demandas pedirán una indemnización de $3 millones por cada persona afectada, y de $6 millones por familia, detalló Walsh.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU se negó a comentar sobre los casos, alegando los litigios pendientes.

Patricia afirmó que presenta el reclamo en parte porque “hay muchas madres que sufren”, y ella y Alessandro aún siguen luchando con los efectos de su separación. Agregó que dejó Honduras porque quería que su hijo viviera en un lugar seguro, pero ahora no sabe cuándo volverán a sentir seguridad. “No puedo olvidar todo lo que pasó", consideró. “Lo llevo conmigo”.

Durante casi tres semanas después de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en junio de 2018, Patricia no tuvo idea de lo que le había sucedido a su hijo, comentó. Ella y Alessandro, ahora de siete años, fueron separados después de una sola noche en un “congelador”, una de las celdas heladas que se han convertido en un símbolo de las duras condiciones en la frontera. La mujer recuerda haber lamentado viajar a EE.UU desde Honduras.

Las autoridades trasladaron a Patricia al centro de detención de Port Isabel, cerca de Brownsville, Texas, sin darle acceso a abogados, sin dinero para llamadas telefónicas y sin responder sus pedidos de información, aseguró. Corrían rumores de que los niños, una vez tomados en custodia, eran puestos en adopción.

Pasaron unos 20 días antes de volver a oír la voz de Alessandro. Patricia recibió una nota con el número de teléfono del refugio donde se encontraba el pequeño, aunque no está segura de quién le envió la información. Otra madre detenida le prestó el dinero para hacer una llamada de cuatro minutos. “Yo quería llorar y gritar, pero me hice la fuerte para no hacerle sentir mal”, contó. “Me preguntaba: ‘Mamá, ¿cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo vamos a reunirnos?’ Y yo decía: ‘Ya, mijo, ya’”.

Después de esa llamada, no tuvo más fondos para contactarlo nuevamente. No podía comer, ni dormir; yacía en su cama llorando y pidiendo ayuda a Dios, relató. Los guardias le dijeron que llorar sólo empeoraría su situación. Cuando Krell la visitó por primera vez, Patricia pensó que había llegado la respuesta a sus oraciones.

Krell pasó 15 años como fiscal estatal antes de convertirse en la abogada principal de Planned Parenthood Affiliates of California, el año pasado, justo cuando el gobierno introdujo una política de tolerancia cero en la frontera, según la cual quienes eran detenidos cruzando a Estados Unidos entre puertos de entrada eran imputados penalmente y separados de sus hijos. Krell explicó que Planned Parenthood decidió enviarla como voluntaria a Texas porque el problema estaba dentro de la misión de la organización, de “ayudar a las familias”. Una firma de derechos civiles que trabaja con detenidos le dio el caso de Patricia.

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Una vez allí, Krell le pidió a su amiga Clara Levers, actual fiscal general adjunta de California, que se tomara vacaciones en su empleo regular y actuara como traductora. A pesar de las décadas que ambas habían pasado trabajando con la policía, Krell se sintió “fuera de sí" por la confusa y aislada situación que enfrentaban los detenidos. “Es como un vacío”, remarcó. “El hecho de que (Patricia) tuviera un hijo no les importaba en términos de su determinación de si debía ser deportada”.

Krell y Levers descubrieron que los agentes de la frontera no habían registrado a Patricia y Alessandro como personas vinculadas entre sí, y que ella estaba en vías de ser expulsada del país sin el niño, quien había sido considerado como un menor no acompañado, como tantos otros de los pequeños separados de sus familias en el marco de la política de tolerancia cero, expuso Krell. Las autoridades estadounidenses ya habían enviado a otros inmigrantes a sus países de origen sin sus hijos, agregó Levers. En última instancia, unos 400 padres fueron deportados sin sus hijos; algo “aterrador”, afirmó.

“No les importaba el vínculo”, agregó Levers, y todo se convirtió en una carrera para “frenar las ruedas” de la remoción de Patricia.

Sin un documento que asociara a madre e hijo, Krell sólo pudo encontrar al niño usando una lista de números de registro de extranjeros que se les da a los inmigrantes cuando son detenidos. La abogada localizó a Alessandro porque su número era cercano del de su madre. Krell logró que liberaran a Patricia cinco semanas después de haber sido separada de su hijo, tras haber pasado por una entrevista de “temor creíble” y puesta en camino legal hacia el asilo. En tanto, un tribunal había ordenado la reunificación de las familias separadas, y el presidente Trump había firmado una orden ejecutiva que ponía fin a la política de tolerancia cero.

Patricia y Krell se dirigieron a las instalaciones donde el pequeño estaba recluido en un refugio, junto con otros 100 menores, pero las autoridades no les permitieron verlo sin una cita previa. Mientras ambas discutían con los oficiales, una fila de niños pasó por delante de ellas, con Alessandro incluido, contó Krell. Cuando el chico vio a su madre, corrió hacia ella y no quería dejarla ir.

“Me dijo: ‘Mamá, me voy ahora contigo’”, relató Patricia, una mujer de pequeña complexión y 27 años de edad, que comparte las mejillas rojizas con su hijo. “Pero no me lo entregaron”.

Tomó otra semana poner a Alessandro en libertad, detalló Krell. Una vez libre, el niño se aferró a su madre.

Ahora viven con el hermano de Patricia y ella trabaja legalmente en una cadena de comida rápida coreana. Alessandro acaba de terminar el primer grado.

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Pero ella sufre de ansiedad y, a veces, su mente se vuelve “fría”, dijo, una falta de claridad que la desorienta. Alessandro tiene miedo de estar lejos de ella, incluso en la escuela, y a veces llora espontáneamente. “Se despierta en medio de la noche llorando”, relató. “Luego gira, se abraza (a mí) y me dice: ‘Qué bien; estamos juntos, mamá’".

A pesar de la angustia que enfrentan muchos padres separados, sus reclamos por angustia emocional pueden ser difíciles de ganar, consideró Gregory Sisk, profesor de derecho en la Universidad de St. Thomas, en Minnesota, y experto en la ley federal de agravios. “Cada vez que se demanda al gobierno federal en este tipo de casos, es un camino cuesta arriba”, expuso. “Habría que demostrar que se hizo... con el propósito de ser cruel, y no por el hecho de ‘ser incompetentes y no querer tomarse el tiempo [de hacerlo bien]’”.

Según Sisk, las demandas legales “valen la pena”, pero son en gran medida sin precedentes por su enfoque en la angustia emocional. El Congreso aprobó la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés) un año después de que un piloto militar se desorientara en medio de una densa niebla y estrellara un bombardero Mitchell B-25 en el Empire State Building de Nueva York, en 1945, matando a 14 personas. Antes de la legislación, los individuos no podían demandar al gobierno federal porque tenía inmunidad soberana. Pero al querer responder a las familias de las víctimas del accidente que buscaban concretar un reclamo judicial, el Congreso creó circunstancias limitadas en las cuales se podían escuchar tales casos.

Desde entonces, la norma ha sido utilizada principalmente de manera individual, aunque ha habido algunos reclamos de grupo significativos -en su mayoría infructuosos-, incluidos los dueños de propiedades inundadas por el huracán Katrina, que afirmaron que la culpa era de los diques construidos por el gobierno. Pero en febrero pasado, una refugiada hondureña, Suny Alvarado, llegó a un acuerdo por $125.000 en el marco de la ley FTCA, en una demanda que reclamaba que, en 2015, Aduanas y Servicios de Inmigración la había retenido a ella y a su hijo en condiciones inhumanas y amenazado con separarlos, en parte como una presión para que desestimara su solicitud de asilo.

Después de su experiencia con Patricia y Alessandro, Krell comentó, que cree que hay “un vacío absoluto de información” en torno a los detenidos, parte de una política “desalmada” que cae bajo el alcance de la ley.

“Cuanto más conocía a Patricia y Alessandro, más repulsivo me parecía que los hubieran tratado de esa forma”, afirmó Krell. “Ella no es tan diferente de algunas de las víctimas de trata o sobrevivientes de ataques con las que he trabajado. La expusieron a horribles circunstancias. Y resulta que las personas que la pusieron en esa posición forman parte del gobierno federal”.

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"Alessandro", de siete años de edad, todavía tiene ansiedad y pesadillas después de haber sido separado de su madre en la frontera de Texas por casi seis semanas. Su madre, "Patricia", presentará un reclamo ante el gobierno federal, por haberles infligido intencionalmente angustia emocional. (Anita Chabria / Los Angeles Times)

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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