Investigación de The Times: La administración Trump desmanteló programas para detectar armas de destrucción masiva
La administración Trump desmanteló o recortó silenciosamente varios programas creados después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 para detectar y prevenir actos de terrorismo con armas de destrucción masiva, según descubrió una investigación de The Times.
Este recorte se llevó a cabo durante los últimos dos años en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tiene la responsabilidad principal de ayudar a las autoridades a identificar y bloquear posibles amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares dentro del país.
Los cambios, que no fueron informados previamente, se realizaron sin una revisión rigurosa de las posibles vulnerabilidades de seguridad, según descubrió The Times, un gesto que socava los esfuerzos de todo el gobierno para contrarrestar ataques terroristas que involucren armas no convencionales, conocidas en inglés como WMD.
Más de 30 empleados y contratistas -actuales y del pasado- de Seguridad Nacional expresaron preocupación de que los cambios -incluidas la cancelación de docenas de ejercicios de capacitación y la partida de decenas de científicos y expertos en políticas- hayan puesto a los estadounidenses en mayor riesgo.
“Lo que habíamos hecho en el pasado tenía sustento analítico: ¿Dónde están las amenazas? ¿Dónde podemos obtener el máximo rendimiento de la inversión de los contribuyentes para la seguridad?”, expuso Paul Ryan, quien hasta mediados de 2017 ayudó a dirigir la Oficina de Detección Nuclear Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, fusionada con otra dependencia el año pasado. “Ya no estamos tan seguros como hace 18 meses”, aseveró Ryan, un almirante retirado de la Marina.
Los recortes y cambios fueron llevados a cabo por James F. McDonnell, designado por el presidente Trump para ocupar cargos sucesivos en Seguridad Nacional, un departamento con muchos problemas, que ha sufrido oleadas de modificaciones en su liderazgo y revueltas por sus políticas desde 2017.
A través de una vocera de DHS, McDonnell se negó a ser entrevistado para este artículo, y el departamento no respondió las preguntas escritas, presentadas el 27 de junio último.
El 15 de julio, la portavoz, Ruth Clemens, envió por correo electrónico una declaración de tres oraciones, diciendo que la Oficina de Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva, que encabeza McDonnell, “se enfoca en prevenir el terrorismo con WMD trabajando con socios federales, estatales y locales en todo el país”.
También señaló que “algunos programas fueron realineados o reestructurados para enfrentar mejor las amenazas, eliminar la redundancia burocrática y ajustarse completamente con la estrategia de seguridad nacional [de Trump]”.
El primer mandatario se comprometió en ese documento de 2017 a “aumentar las medidas para asegurar, eliminar y prevenir la propagación de armas de destrucción masiva y materiales relacionados... para reducir la posibilidad de que caigan en manos hostiles”.
Sin embargo, entre los programas cancelados desde 2017 se encontraba un “equipo rojo” de élite, dedicado a la seguridad nacional, cuyos especialistas realizaban docenas de simulacros y evaluaciones en todo el país cada año para ayudar a los funcionarios federales, estatales y locales a detectar amenazas potenciales, como un dispositivo nuclear improvisado oculto en una maleta, o un barco de carga con una “bomba contaminada” con radiación.
Otra unidad de Seguridad Nacional, la Dirección de Apoyo de Operaciones, había ayudado a liderar hasta 20 ejercicios de capacitación relacionados con WMD cada año, junto con las autoridades estatales y locales. La dirección participó en menos de 10 prácticas de este tipo en 2018, y aún menos en lo que va de este año, según documentos internos de Seguridad Nacional.
Los expertos en el Centro Nacional de Técnicas Forenses Nucleares de Seguridad Nacional habían trabajado con contrapartes en todo el gobierno federal para fortalecer las capacidades de detección y rastreo, que podían disuadir a un estado extranjero hostil de pasar material radiológico o nuclear a terroristas.
El centro se redujo a un mínimo: su liderazgo fue despedido y el personal se acortó a tres puestos, de los aproximadamente 14 originales.
Un componente separado de Seguridad Nacional, la División de Cooperación Internacional, que trabajaba en estrecha colaboración con homólogos extranjeros y la agencia de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas para rastrear y detener el contrabando de materiales nucleares peligrosos en el extranjero, también fue disuelta.
Sumado a ello, se recortó el uso de unidades de detección móviles especializadas para proteger grandes eventos públicos de amenazas nucleares y radiológicas. Los despliegues ayudaban a capacitar a los servicios de emergencia locales y estatales ante una posible urgencia.
Por primera vez en años, Seguridad Nacional no envió una unidad para proteger el campeonato de baloncesto universitario Final Four, de la NCAA, en abril en Minneapolis, ni a un festival anual de globos aerostáticos, el otoño pasado en Albuquerque.
Seguridad Nacional también puso fin al trabajo para actualizar una evaluación formal “estratégica, integrada” de los riesgos químicos, biológicos y relacionados con la energía nuclear.
La evaluación había analizado previamente millones de posibles escenarios de amenazas con WMD. Bajo una directiva firmada en 2007 por el entonces presidente George W. Bush, la evaluación debía actualizarse al menos cada dos años para proporcionar orientación objetiva a las compras gubernamentales de tecnologías relacionadas con la detección, y los medicamentos para uso luego de un ataque.
“Estas evaluaciones de riesgo son la forma en que nos mantenemos a la vanguardia”, afirmó un ex funcionario de Seguridad Nacional, uno de los muchos que habló bajo condición de anonimato por temor a perder estatus de seguridad u otra represalia. “Si no seguimos actualizando esas valoraciones, entonces esencialmente perdemos el poco enfoque que tenemos en el problema y corremos el riesgo de una sorpresa estratégica”.
Las evaluaciones de riesgo proporcionan “un entendimiento de dónde hacer inversiones para reducir el riesgo de terrorismo”, agregó un funcionario actual de Seguridad Nacional. Si no se implementan tecnologías de detección efectivas y no se adquieren los medicamentos adecuados para las reservas de emergencia del país, “eso pone a las personas en riesgo”, agregó el funcionario.
En total, The Times descubrió que más de 100 científicos y expertos en políticas que se especializan en amenazas radiológicas y nucleares fueron reasignados o aceptaron empleos no relacionados con su experiencia, lo cual socava la capacidad del departamento de proteger el país de ataques devastadores.
Una agitación similar se desató entre aquellos que se habían especializado en contrarrestar amenazas biológicas, como las esporas aéreas del ántrax.
En el peor ataque biológico en la historia de EE.UU, se enviaron cartas con esporas de ántrax en polvo a través del correo postal nacional, poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Cinco estadounidenses murieron y otros 17 fueron infectados. En julio de 2008, un científico del ejército, Bruce E. Ivins, se suicidó después de enterarse de que estaba a punto de ser acusado de las muertes por ántrax.
Funcionarios de Seguridad Nacional y ex funcionarios advirtieron en entrevistas que recortar la capacitación en todo el país podría erosionar la preparación entre aquellos que primero enfrentarían un ataque terrorista con armas de destrucción masiva.
“El país está seguro si se capacita a los servicios de emergencia estatales y locales que están activos las 24 horas y los siete días de la semana, los 365 días del año”, indicó un ex oficial de Seguridad nacional.
“Algo grave podría suceder mañana sin aviso”, dijo otro ex funcionario. “Y la única práctica que tendrán nuestros defensores es a través de estos estudios y ejercicios reales del ‘equipo rojo’. Esa actividad es necesaria para asegurar incluso las habilidades más básicas”.
Los cambios socavaron el compromiso de varias agencias del gobierno estadounidense desde 2006, de construir y mantener una “arquitectura global de detección nuclear”, según los funcionarios.
El objetivo, especificado en la legislación, era una red en capas -desde puntos en el extranjero hasta dentro de las ciudades de EE.UU, - para detectar e incautar materiales radiológicos o nucleares que podrían ser manejados por terroristas.
McDonnell se convirtió en una figura de importancia en el Departamento de Seguridad Nacional desde que Trump lo nombró director de la Oficina de Detección Nuclear Nacional, a principios de 2017. En mayo de 2018, el presidente lo promovió a secretario adjunto de Seguridad Nacional, para encabezar la nueva Oficina de Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva.
Trump promulgó la ley que fusionó formalmente la Oficina de Detección Nuclear Nacional, que era responsable de reducir el riesgo de terrorismo radiológico y nuclear, con la Oficina de Asuntos de Salud, que supervisaba BioWatch, el sistema nacional para detectar posibles amenazas de terrorismo biológico en el aire.
McDonnell empleó una amplia discreción en los últimos dos años para cambiar las prioridades y políticas con respecto al terrorismo con WMD. The Times descubrió que algunas de las modificaciones no están alineadas con las prioridades autorizadas por las directivas presidenciales formales y por la legislación promulgada como ley.
El Centro Nacional de Técnicas Forenses Nucleares, por ejemplo, se creó en 2006 durante la presidencia de Bush y fue confirmado por una ley promulgada por Obama en 2010, para ayudar a contrarrestar el contrabando de materiales nucleares que podrían usarse en un ataque. Ahora fue efectivamente desmantelado.
Por separado, la directiva presidencial que firmó Bush en 2007 exigía a Seguridad Nacional actualizar la evaluación integrada de los riesgos químicos, biológicos y relacionados con la energía nuclear, “cada dos años como máximo”. La directiva sigue vigente, junto con dos mandatos relacionados, pero la actualización está incompleta y lleva más de dos años de retraso, según The Times.
Michael Grossman, quien colaboró con los especialistas de Seguridad Nacional durante sus seis años como jefe de la sección antiterrorista del Sheriff del Condado de Los Ángeles, consideró que cualquier desliz en la atención a las amenazas con WMD le preocupa, en parte porque recuperar la preparación lleva tiempo. “Si te mantienes preparado, no tienes que estar listo”, expresó.
Los funcionarios y ex funcionarios de Seguridad Nacional señalaron que les cuesta comprender las razones de McDonnell para recortar la capacitación y otros esfuerzos destinados a mejorar la preparación, detección y rastreo. Citaron casos en que los especialistas fueron removidos de sus áreas de especialización en aparentes represalias por sus preocupaciones sobre las políticas.
Aunque las unidades de detección móviles se desplegaron 70 o más veces al año en respuesta a solicitudes de funcionarios estatales y locales, por ejemplo, McDonnell dijo a los subordinados que quiere que se utilicen principalmente para respaldar otras operaciones y agencias de Seguridad Nacional, como Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU y la Guardia Costera.
Esos organismos ya cuentan con equipos y procedimientos de detección nuclear, según el testimonio del Congreso y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), el brazo investigador del cuerpo legislativo.
En 2016, Aduanas y Protección Fronteriza desplegó equipos especializados para escanear casi el 100% de las cargas con destino y llegada a los puertos de entrada del país, por ejemplo. La GAO informó ese octubre la utilización de 1.400 monitores de portal de radiación gigantes para escanear vehículos y cargamentos en cruces fronterizos terrestres, puertos marítimos, aeropuertos e instalaciones de correo.
Trump se comprometió repetidamente a evitar que los terroristas obtengan acceso a armas no convencionales. En diciembre, aseveró que los esfuerzos requerirían “una estrecha colaboración y apoyo” para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de vigilancia nuclear de la ONU, con sede en Viena.
Pero McDonnell disolvió la División de Cooperación Internacional, que trabajó de cerca con OIEA para garantizar que los materiales nucleares peligrosos sean incautados en el extranjero antes de que puedan ser introducidos de contrabando en Estados Unidos.
Un funcionario de OIEA expresó que las “numerosas” colaboraciones con Seguridad Nacional a lo largo de los años habían reforzado la seguridad nuclear en todo el mundo, pero que los esfuerzos conjuntos se habían estancado.
“Esperamos que se unan nuevamente”, remarcó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos.
La división de Seguridad Nacional participó en ejercicios con otras naciones miembros de OIEA y ayudó a generar “directrices y mejores prácticas”, que fueron adoptadas por 42 naciones, según uno de los predecesores de McDonnell.
“Esta asociación estratégica continuará sirviendo como un multiplicador de la fuerza para las acciones de seguridad nuclear durante los próximos años”, le dijo Huban A. Gowadia, entonces director de la Oficina de Detección Nuclear Nacional, al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, en febrero de 2015.
Para ayudar con las colaboraciones, Seguridad Nacional incorporó a un especialista en la sede de OIEA durante varios años. McDonnell eliminó el puesto.
Cuando se le preguntó sobre la posición, ahora cancelada, un portavoz de IAEA respondió por correo electrónico que el especialista había ayudado a los estados miembros “a fortalecer sus iniciativas para detectar material nuclear y radioactivo”.
Los funcionarios que participan en un programa conocido como Securing the Cities (asegurar las ciudades), creado como la última capa de defensa de la Seguridad Nacional contra el terrorismo radiológico o nuclear, también expresaron preocupación.
Se suponía que el programa fortificaría las defensas en cinco áreas urbanas principales: el gran Washington, D.C., Los Ángeles y Long Beach, la ciudad de Nueva York y la cercana Newark, Nueva Jersey, Chicago y Houston.
En total, Seguridad Nacional brindó a las ciudades asistencia de entrenamiento y subvenciones financieras directas por un total de aproximadamente $145 millones para equipos de detección, desde 2007 hasta mediados de 2018 (el área de Los Ángeles-Long Beach se convirtió en parte de Securing the Cities en 2012.).
Sin embargo, un informe de GAO con fecha del 13 de mayo describió “confusión e incertidumbre” entre los funcionarios de la ciudad que participan en el programa. Según el documento, las circunstancias caóticas surgieron, en parte, porque McDonnell expresó su voluntad de que Seguridad Nacional reduzca su participación y permita que otras agencias federales desempeñen un papel más importante.
Sin embargo, el informe de GAO señaló que las agencias que McDonnell había citado (el FBI y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, parte del Departamento de Energía) no tenían intención de hacerlo.
Los funcionarios de Seguridad Nacional le dijeron a GAO que “no han realizado ningún estudio o análisis que justifique hacer cambios en el programa”, afirma el reporte.
“Les preguntamos: ‘¿Por qué hacen cambios y cómo serán?’”, David Trimble, analista supervisor del informe, recordó en una entrevista. “Los detalles fueron muy superficiales. [Seguridad Nacional] realmente no pudo proporcionarnos una guía hacia dónde iban. No encontramos ningún análisis detrás de esto”.
Los objetivos generales de McDonnell no están claros.
Según los expertos en presupuesto del Congreso, $162.2 millones -aproximadamente el 40% del dinero que el Congreso asignó el año pasado para su oficina- no se utilizaron. Los fondos no gastados reflejan la indecisión en torno a las prioridades modificadas y las salidas del personal, explicaron funcionarios y ex funcionarios de Seguridad Nacional.
El 18 de diciembre, la insatisfacción por los cambios surgió en una reunión del personal completo, convocada por McDonnell y a la cual asistió también Kirstjen Nielsen, entonces secretaria de Seguridad Nacional, junto con decenas de subordinados de la Oficina de la Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva.
Un supervisor, responsable de garantizar que los gastos operativos se basen en necesidades validadas, se puso de pie, expresó sus preocupaciones sobre el liderazgo de McDonnell y le pidió a Nielsen que interviniera, según las personas que estaban en la sala.
McDonnell se sentó en silencio y no respondió.
Poco después, la oficina de Nielsen ordenó a una oficial de personal, Sharon M. Wong, realizar una “evaluación del clima en el lugar de trabajo” para obtener las opiniones de los empleados actuales. Muchos de los que hablaron con The Times aseguraron que también compartieron sus dudas con Wong.
Un funcionario remarcó que había expresado su preocupación por los intentos de McDonnell para instalar BioDetection 21, un polémico sistema nacional que reemplazaría BioWatch, para detectar agentes infecciosos en el aire, como el ántrax. La tecnología de reemplazo que McDonnell respalda fracasó repetidamente en las pruebas de campo patrocinadas por el personal científico de Seguridad Nacional.
The Times reveló los resultados de las pruebas y el apoyo de McDonnell para BioDetection 21 en febrero pasado, lo cual provocó una investigación -en curso- del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes.
A principios de mayo, después de la renuncia de Nielsen, Wong presentó sus resultados a la oficina del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, según personas familiarizadas con el asunto. Las conclusiones no fueron dadas a conocer públicamente.
Si bien el ánimo en Seguridad Nacional es el más bajo entre todos los departamentos federales, la Oficina de Detección Nuclear Nacional rutinariamente calificaba mucho mejor, según las encuestas realizadas por Partnership por Public Service, una organización no partidista. En 2014, la oficina se ubicaba en el puesto 11 entre las agencias de “subcomponentes” similares. El año pasado, llegó a la posición 415, la última entre sus pares.
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