Columna: ¿Con qué frecuencia cambió Trump su relato sobre Ucrania? Hagamos la cuenta

La compleja saga del esfuerzo del presidente Trump para forzar a Ucrania a investigar a Joe Biden y otros a cambio de ayuda de Estados Unidos o de una visita de estado a Washington no ha sido fácil de seguir.

Inicialmente, esos fragmentos se filtraron de las audiencias a puerta cerrada, cuando funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado describieron cómo el presidente y sus secuaces -¿hay alguna otra palabra para describir a Rudy Giuliani?- buscaron torcer la política exterior de Estados Unidos, aparentemente para impulsar la candidatura de reelección de Trump.

Darle sentido a la complicada historia será un desafío cuando el Comité de Inteligencia de la Cámara realice las primeras audiencias públicas, a partir del miércoles.

Pero los argumentos republicanos en defensa de Trump también son difíciles de seguir, porque el presidente y sus aliados en el Congreso siguen cambiando sus relatos.

La primera respuesta de Trump, después de que un denunciante en el Consejo de Seguridad Nacional alertara que el presidente había retenido la ayuda militar a Ucrania mientras exigía que Kiev investigara a sus rivales políticos, fue simple: eso nunca ocurrió. “Yo no retrasé nada”, le dijo Trump a los periodistas.

Incluso él podía ver que esa mentira no resistiría. Demasiados burócratas sabían que la Casa Blanca había puesto un alto en la asistencia -aprobada por una mayoría bipartidista en el Congreso- para una democracia en dificultades que enfrenta la agresión rusa.

Entonces Trump modificó su excusa. “¿Por qué le daríamos dinero a un país que creemos que es corrupto?” “Volvería a retener [la ayuda] y continuaré haciéndolo hasta que Europa y otras naciones contribuyan”, expuso.

Eso tampoco fue convincente. Así que el presidente intentó de nuevo: bloqueó la asistencia, sí, pero nunca exigió nada a cambio de liberarla. “¡Ningún toma y daca!”, insistió el mandatario.

Un desfile de funcionarios, actuales y pasados, le dijeron al Congreso que eso tampoco era cierto.

William B. Taylor Jr., el principal diplomático estadounidense en Ucrania, declaró que la Casa Blanca estaba retrasando la ayuda hasta que el presidente de ese país prometiera públicamente investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

Gordon Sondland, un aportante a la campaña de Trump convertido en embajador, quien inicialmente negó cualquier quid pro quo, luego modificó su testimonio. La asistencia “probablemente no” se reanudará hasta que Ucrania inicie las investigaciones que el presidente quería, admitió.

Eso significaba que los defensores del presidente necesitaban una nueva explicación: sí, había un toma y daca, pero era parte de un intento legítimo para que Ucrania actuara contra la corrupción en general. “Lo hacemos todo el tiempo”, declaró a los periodistas el jefe de gabinete interino de Trump, Mick Mulvaney.

Excepto que no es así. La administración Trump no ha bloqueado la asistencia a ningún otro país por corrupción. Y el mandatario nunca mencionó la corrupción cuando le pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un “favor” en su ahora famosa llamada telefónica del 25 de julio.

Una nueva defensa emergió: los ucranianos no sabían por qué su ayuda estaba bloqueada, por lo cual no podría haber sido un toma y daca.

Pero Taylor y otros diplomáticos testificaron, bajo juramento, que Sondland explicó claramente los pedidos de Trump a los ucranianos para investigar: primero en julio, cuando buscaron una invitación de Zelensky a la Casa Blanca, y luego en septiembre, cuando preguntaron cómo hacer para que la asistencia de Estados Unidos fluyera otra vez. Taylor y otros testigos describieron el quid pro quo como explícito.

Siguiente argumento: la defensa del chivo expiatorio. Nadie ha demostrado que Trump estuvo directamente involucrado; todas estas reuniones fueron llevadas adelante por Giuliani, Mulvaney y Sondland.

Seguro. El abogado de Trump, su jefe de gabinete y su torpe embajador en la Unión Europea elaboraron este plan por sí mismos y nunca se lo mencionaron a su jefe.

Giuliani había hablado públicamente durante meses sobre presionar a Ucrania para que investigara a los Biden –con la finalidad de obtener “información [que] sería muy, muy útil para mi cliente”- y dijo que mantenía informado a Trump.

El senador Lindsey Graham (republicano, de Carolina del Sur) ofreció otra defensa -la sexta, según mi conteo- alegando que el presidente y sus asistentes son demasiado ineptos para llevar a cabo un plan como este (un novedoso argumento que también se utilizó, con cierto éxito, para explicar por qué la campaña de Trump en 2016 no podría haber sido culpable de colusión con Rusia). “¿Qué puedo decir sobre la política de Trump con Ucrania? Fue incoherente”, remarcó Graham. “Parecen incapaces de formar un quid pro quo”.

La incompetencia, por desgracia, no es una defensa válida en los juicios penales. También es poco probable que evite un juicio político.

Y llegamos a las últimas defensas desesperadas. Nada de esto importa, argumentó Kellyanne Conway, asesora del primer mandatario, porque Ucrania recibió su ayuda militar, finalmente. Incluso si Trump buscaba un toma y daca, no tuvo éxito, ¿cuál es, entonces, el problema? “No es objeto de juicio político”, declaró.

Y eso nos lleva a la pregunta más importante: la conducta de Trump -el mal uso de la política exterior estadounidense para beneficio personal- ¿es digna de un juicio político y la destitución?

Sus defensores afirman que no. “Muéstrenme algo que sea un delito”, pidió Graham.

Es una norma diferente a la que Graham propuso en 1999, cuando fue uno de los fiscales en el juicio político del presidente Clinton. Por entonces representante, Graham expuso que la pregunta era más amplia: saber si el Congreso “determina que su conducta como funcionario público estaba claramente fuera de lugar”.

Más recientemente, otro miembro del Congreso afirmó que el estándar debería ser “si la persona que se desempeña como presidente de Estados Unidos pone sus propios intereses, sus intereses personales, antes que el servicio público”. Ese fue Mike Pence, ahora vicepresidente de Trump.

Si la Cámara liderada por los demócratas destituye a Trump y va a juicio en el Senado comandado por los republicanos, gran parte del debate se centrará en esa pregunta: ¿El mal proceder del presidente alcanzó un nivel que llama a su destitución?

Como cualquier padre de algún niño de seis años podría decir, hay una prueba mucho más simple: si Trump no hizo nada malo, ¿por qué no puede aclarar la historia?

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