Prohibición de asilo se aplicó erróneamente a miles de migrantes, determina jueza
La llamada prohibición de asilo no aplicaría a los migrantes que ya estaban haciendo fila en las ciudades fronterizas mexicanas cuando la política entró en vigencia
Una jueza federal de San Diego dictaminó el martes que la llamada prohibición de asilo del gobierno del presidente Trump no aplica a los migrantes que ya habían estado haciendo fila en las ciudades fronterizas mexicanas para su oportunidad de oficialmente pedir protección en Estados Unidos cuando la política entró en vigencia a mediados de julio.
El mandato preliminar afecta potencialmente a decenas de miles de migrantes y les dará la oportunidad de que sus solicitudes de asilo sean escuchadas.
Al emitir la orden, la jueza de distrito de Estados Unidos, Cynthia Bashant, enfatizó que no se le estaba pidiendo que dictaminara sobre la legalidad de la prohibición de asilo -una cuestión que se está manejando en otras demandas- ni que tomara decisiones sobre los méritos de esas solicitudes. Más bien, se trataba de si el gobierno estaba aplicando su propia política de manera correcta.
En una opinión fuertemente editada, la jueza concluyó que la administración se había equivocado. La prohibición de asilo de terceros países requiere que los solicitantes no mexicanos pidan primero protección en otras naciones por las que pasaron, como México. Si esta se les niega, sólo entonces pueden solicitarla en EE.UU.
En México, los migrantes deben pedir asilo dentro de los 30 días posteriores a su llegada al país.
Cuando la política entró en vigencia el 16 de julio, chocó con otra política del gobierno, llamada medición, en la que sólo un número determinado de solicitantes de asilo son aceptados formalmente en Estados Unidos en un día determinado. Por lo general, cuando los solicitantes de asilo llegan a la frontera, se les pide que ingresen en una lista de espera administrada por varias organizaciones en México.
La espera puede tomar varias semanas, incluso meses.
Repentinamente, a los inmigrantes que habían sido rechazados para esperar bajo la política de Estados Unidos de medición se les dijo que ya no eran elegibles para presentar su solicitud. Para muchos, el plazo de 30 días para solicitar asilo en México ya había pasado.
La jueza dijo que los solicitantes de asilo confiaron en las declaraciones del gobierno de que, si regresaban y esperaban en México según las instrucciones, eventualmente tendrían la oportunidad de presentar un reclamo en EE.UU. Pero retener a esos inmigrantes no elegibles debido a la prohibición de asilo representa “un cambio que puede considerarse, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, deshonesto”, dijo Bashant.
Los abogados del gobierno argumentaron que la prohibición de asilo se aplica a todos los que llegan a EE.UU –que ingresaron oficialmente por los puertos de entrada– no a los que esperan en México. Pero Bashant ya había rechazado esa interpretación de llegar en una orden anterior.
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En cambio, aquellos que se presentan ante las autoridades fronterizas, incluso si son rechazados y se les dice que esperen, deben considerarse en el proceso de llegada. Por lo tanto, alguien que llegó a la frontera en junio, pero cuyo nombre no figuraba en la lista para ingresar a Estados Unidos hasta agosto no debería estar limitado por la prohibición de asilo, según el mandato preliminar.
“La redacción de la prohibición de asilo es clara... La posición del gobierno de que la negación de refugio se aplica a aquellos que intentaron ingresar o llegaron a la frontera sur buscando asilo antes del 16 de julio de 2019 contradice el texto simple de su propia regulación”, escribió el juez.
Bashant también certificó provisionalmente el martes una categoría a la que se aplica el mandato preliminar: “Todos los solicitantes de asilo no mexicanos que no pudieron presentar una solicitud de refugio directo en un (puerto de entrada de) EE.UU antes del 16 de julio de 2019, debido a la política de medición del gobierno, y quienes continúan buscando acceso al proceso de asilo de Estados Unidos”.
No está claro cuántas personas en total son elegibles para recibir ayuda.
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A partir de agosto, semanas después de que entrara en vigencia la prohibición de asilo, había aproximadamente 26 mil solicitantes de asilo en las listas de espera o aguardando para ingresar en ellas en 12 ciudades fronterizas mexicanas, según los defensores de los migrantes que presentaron el caso: Al Otro Lado, Southern Poverty Law Center y el Centro de Derechos Constitucionales.
En Tijuana, había alrededor de 9.000 nombres en la lista a mediados de julio, según Al Otro Lado, que monitorea el proceso.
El mandato preliminar es parte de una demanda más amplia que acusa al gobierno de restringir ilegalmente el acceso al sistema de asilo. El gobierno ha señalado la saturación de solicitantes de refugio en los últimos años y la incapacidad de manejarlos a todos al mismo tiempo con los recursos actuales.
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