Ahorros agotados, crédito arruinado: ¿Qué sucede cuando se vence la renta?

Millones de estadounidenses que no pueden pagar la renta durante la pandemia enfrentan una carga financiera en aumento que amenaza con agotar sus ahorros, arruinar su crédito y expulsarlos de sus domicilios.

Una serie de acciones gubernamentales está protegiendo a muchos de los inquilinos con mayores dificultades financieras, por ahora. Pero ellos, especialmente los de bajos ingresos, podrían tardar años en recuperarse, inclusive cuando el resto de la economía comience a repuntar.

“Incluso si dicen que podemos pagar [rentas atrasadas] en dos o tres años, ese es dinero que no tenemos”, indicó Kelly Wise, una residente de 32 años del vecindario de Westlake en Los Ángeles. Después de perder trabajos vendiendo mercadería en conciertos y cortando telas para decorados de Hollywood, tiene más de $10,000 de atraso de renta.

La deuda amenaza con afectar a los inquilinos de varias formas. Algunos se han mantenido al día con sus pagos de renta, pero han recurrido a tarjetas de crédito y préstamos con altos intereses. Otros adeudan facturas crecientes directamente a los propietarios que deben reembolsarse cuando expiren las moratorias de desalojo, lo que abre la posibilidad, si la deuda no se paga, de desahucios y órdenes judiciales. Eso podría erosionar los puntajes de crédito y conducir a embargos salariales y más.

“Estamos preparando a millones de personas para sufrir daños a largo plazo y un ciclo de inestabilidad económica y de vivienda”, señaló Emily Benfer, presidenta del Comité del Grupo de Trabajo sobre desalojos COVID-19 de la Barra de Abogados Estadounidense.

Los inquilinos en todo el país están recurriendo a 401 (k), asumiendo deudas con intereses más altos y luchando por empleos riesgosos y esenciales para pagar la renta. La investigación de Moody’s Analytics y el Urban Institute estima que 9.4 millones de domicilios arrendatarios en Estados Unidos debían un promedio de $5,586 por renta atrasada, servicios públicos y cargos por pagos atrasados relacionados a enero, para una carga total de $52.6 mil millones.

Otras estimaciones muestran una cantidad menor, pero significativa de deuda de renta. El alcance total del problema no está claro, porque la situación es fluida y los cálculos hasta ahora se basan en encuestas y modelos, en lugar de datos concretos.

“Las deudas [incobrables] afectan su puntaje crediticio y eso afecta todo en su vida”, señaló Yuval Yossefy, gerente de la Legal Aid Foundation de Los Ángeles, un bufete de abogados sin fines de lucro.

Los funcionarios federales, estatales y locales están lidiando con la mejor manera de ayudar a las personas para mantenerse a flote, incluido el mantenimiento de viviendas, en medio de la pérdida de empleos, la reducción de los ingresos y las enfermedades generalizadas. Un segundo año de la pandemia de COVID-19 ha traído nuevas variantes del coronavirus que amenazan con acelerar su propagación y causar interrupciones más prolongadas en la economía y la vida cotidiana.

Los estados están planeando que los fondos de ayuda federal que han comenzado a fluir lleguen a manos de los propietarios, para reducir la carga de la deuda de los inquilinos. California, donde la renta media es 50% más alta que en todo el país, ha aprobado lo que los líderes estatales caracterizan como las medidas más sólidas para abordar la crisis, proporcionando un modelo potencial de cómo las entidades podrían distribuir los fondos de renta.

Las medidas de California, aprobadas por la Legislatura la semana pasada, extienden una moratoria en todo el estado sobre los desalojos para personas con dificultades por la pandemia hasta junio. Significativamente, prohíben a los propietarios utilizar la deuda de renta acumulada entre marzo de 2020 y junio de este año para negar hospedaje en un futuro, un guiño a los temores de que la renta sin pagar pueda afectar el hogar de las personas en los próximos años.

Y para proteger a los más vulnerables, establecen un programa que utiliza dinero de estímulo federal para alentar a los propietarios a condonar la deuda acumulada por los inquilinos de bajos ingresos durante el período de un año: abril de 2020, a marzo de este año.

Aún quedan preguntas abiertas si los propietarios de California optan por participar, exactamente cómo se implementará el programa y si hará una diferencia significativa para los más endeudados. Los grupos sin fines de lucro que trabajan con inquilinos de bajos ingresos subrayan que las medidas podrían ser difíciles de hacer cumplir y, en términos de condonación total de algunas deudas, dependen precariamente de la participación opcional del propietario.

El desalojo y las deudas pueden dificultar la búsqueda de una nueva vivienda, obtener préstamos, conseguir algunos tipos de trabajos o hacer un presupuesto para otras necesidades, como los alimentos. En California, donde la renta era inasequible para la mayoría de los arrendatarios para empezar, la acumulación de adeudos agrava un problema añejo.

El desahucio y las deudas pueden dificultar la búsqueda de una nueva vivienda, la concesión de préstamos y la obtención de algunos tipos de empleo.

(Nicole Vas / Los Angeles Times)

“Una familia que gana menos de $30,000 al año estará al borde de la falta de vivienda durante los próximos 10 a 15 años debido a esa enorme deuda”, señaló Ana Grande, directora ejecutiva asociada de la Fundación Bresee sin fines de lucro en Los Ángeles, que brinda asistencia a familias de bajos ingresos.

Para empeorar las cosas, los estudios muestran que las personas con adeudos tienen menos probabilidades de pagarlos, incluso si recuperan sus antiguos ingresos. En comparación con todos los inquilinos de Los Ángeles, los hogares que ganaron menos de $25,000 en 2019 tenían más del doble de probabilidades que todos los arrendatarios de no pagar la renta durante la pandemia, según una encuesta conjunta de USC-UCLA. Los hogares que ganaban entre $25,000 y $50,000 fueron el segundo grupo más común en reportar no poder pagar.

La falta de pago también fue más alta entre los estadounidenses latinos y negros, quienes se han visto más afectados por los efectos del virus en la salud y la economía, en comparación con los estadounidenses blancos. También es menos probable que tengan familiares que puedan prestar ayuda financiera, dada la brecha de riqueza racial añeja del país.

Un desalojo “cambia la trayectoria de una vida”

En todo el país, una serie de problemas pueden surgir de un solo desalojo.

Algunos propietarios se niegan a aceptar inquilinos con un desahucio en su historial, mientras que aquellos que lo hacen probablemente cobrarán más, no mantienen sus propiedades en buen estado y tienen unidades ubicadas en vecindarios peligrosos, según abogados de vivienda y otros expertos.

Los estudios han encontrado que las personas que son desalojadas tienen más probabilidades de sufrir depresión y morir por cualquier causa. Las personas se mudan lejos de sus redes de apoyo, faltan al trabajo mientras intentan encontrar un nuevo domicilio y pierden sus ocupaciones. Los niños se retrasan en la escuela.

“Un desalojo no es un evento único en la vida de una persona”, señaló Benfer. “En realidad, cambia la trayectoria de una vida porque tiene implicaciones catastróficas para la salud fisica y mental”.

En una pandemia, los expertos dicen que un desalojo es particularmente peligroso, ya que hace que una persona se junte con amigos y familiares en situaciones de viviendas hacinadas que aceleran la propagación del virus.

Un desalojo en el historial de una persona, junto con deudas y puntajes de crédito bajos, pueden impedir la capacidad de encontrar un hogar, lo que comúnmente deja a las personas viviendo en condiciones de menor calidad, señaló Ariel Nelson, abogado del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

Los puntajes de crédito deficientes también limitan la capacidad de obtener préstamos para automóviles, viviendas y otros créditos a tasas de interés razonables, lo que aleja aún más la propiedad de la vivienda.

Las deudas vencidas en un informe de crédito pueden llevar a algunos empleadores a rechazar a un candidato para trabajos que involucran el manejo de dinero, como un cajero de banco o de restaurante, señaló Bruce McClary, portavoz de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio.

Si las deudas continúan sin pagar, los acreedores pueden embargar los salarios, aunque existen restricciones sobre la cantidad de ingresos disponibles que pueden tomar los acreedores.

Para evitar esto, las personas pueden echar mano de sus ahorros o recortar la comida. Es posible que obtengan los únicos préstamos disponibles para ellos: productos con intereses altísimos que, según los críticos, son casi imposibles de devolver.

Algunos inquilinos ya se han encaminado hacia la espiral de la deuda. El estudio de USC-UCLA encontró que el 8.5% de los arrendatarios encuestados pagaron algo de renta con una tarjeta de crédito en julio, en comparación con el 3% usual. Casi el 8% utilizó un préstamo de emergencia.

Una estudiante de posgrado desempleada en Lakewood le dijo al Times que solicitó y obtuvo un aumento de presupuesto para su préstamo estudiantil para pagar la renta, lo que se suma a su carga total de deuda educativa. Un trabajador despedido de la industria de los conciertos señaló que utilizó un préstamo 401 (k). Algunas personas entrevistadas dijeron que ya habían echado mano de sus ahorros.

Lamonte Goode, un bailarín de 44 años, dice que puede aprovechar sus ahorros para comenzar a pagar los aproximadamente $10,000 que debe en renta atrasada. Con las restricciones de COVID-19 que detienen los programas de televisión y las representaciones teatrales, Goode indicó que no había encontrado un trabajo estable desde marzo y estaba buscando un trabajo fuera de su campo para pagar las facturas. El desempleo no ha sido suficiente para cubrir los gastos, incluida la renta mensual de $1,800 dólares por su apartamento de una habitación en West Hollywood, comentó.

Cuando se le preguntó si pensaba que podría pagar la deuda, Goode señaló que no lo sabía y que estaba esforzándose por conseguir el dinero. También planteó la pregunta: ¿Debería recaer la carga sobre él? “Yo no soy la razón por la que está sucediendo el COVID. Sin embargo, todavía tengo que pagar la deuda por algo sobre lo que no tengo control”.

“El hecho de que alguien haya perdido su trabajo y no pueda pagar la renta es una circunstancia muy única y extrema, y no influye ni debería influir en su solvencia crediticia durante la próxima década”, señaló Nisha Kashyap, abogada en el bufete sin fines de lucro Public Counsel, citando cuánto tiempo suelen permanecer las deudas incobrables en un informe crediticio.

“Esta es una pandemia mundial que surgió de la nada”.

Sid Lakireddy, de California Rental Housing Assn., que representa a los propietarios en el estado, señala que cree que los temores de desalojos masivos y daños a largo plazo al crédito son exagerados. La mayoría de los arrendadores preferirían trabajar con sus inquilinos en planes de pago, que luchar en los tribunales por un desahucio o una deuda, comentó, sobre todo porque han aumentado las vacantes en muchas ciudades. “Lo último que queremos es echar a un buen inquilino a la calle”.

El gobierno federal y los funcionarios estatales y locales dicen que están tratando de ayudar tanto a los arrendatarios como a los pequeños propietarios, quienes también están pasando apuros.

El anterior mandatario, Trump, firmó un proyecto de ley de estímulo bipartidista en diciembre, que aprobó $25 mil millones en fondos de ayuda para renta y servicios públicos en todo el país. El presidente Biden extendió la moratoria de desalojo nacional para las personas con dificultades pandémicas hasta finales de marzo, aunque los críticos dicen que la prohibición es débil.

La nueva ley de California es más estricta y contiene disposiciones para reducir la probabilidad de que la deuda por la pandemia tenga un efecto dominó generalizado.

Según la ley, los propietarios no pueden vender ni asignar ninguna deuda de renta acumulada durante la pandemia hasta julio de 2021.

Russ Heimerich, portavoz de la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios del estado, señaló que la ley va incluso más allá para los inquilinos de bajos ingresos con dificultades pandémicas: prohíbe a los arrendadores vender la deuda de renta acumulada hasta junio.

Eso evitaría que los puntajes crediticios se vean afectados, ya que generalmente son los cobradores de adeudos en lugar de los propietarios quienes informan a las agencias de crédito, señaló el abogado Nelson. Heimerich indicó que la ley también incluía varios incentivos para que los arrendadores participaran en el programa de alivio de renta para inquilinos de bajos ingresos y que hacerla obligatoria no habría sido legalmente práctico.

Aun así, los críticos de la ley dicen que depende demasiado de que los inquilinos conozcan sus derechos y tengan los medios para ejercerlos, lo que pone a los de menos recursos en una posición débil para beneficiarse.

Algunos arrendatarios ya han sido desalojados, señaló Stephano Medina, un abogado de Eviction Defense Network, durante una conferencia de prensa reciente realizada en línea por defensores de inquilinos sobre sus preocupaciones acerca de la ley. Las moratorias no impiden que los propietarios presenten casos, y los arrendatarios a veces no se dan cuenta de que deben presentarse en la corte para defenderse, explicó Medina.

Una parte de la ley que probablemente sea particularmente difícil de hacer cumplir es una cláusula que prohíbe a los arrendadores negar la vivienda en función de la deuda de renta acumulada durante la pandemia, comentó Leah Simon-Weisberg, directora legal de Alliance of Californians for Community Empowerment, una organización que aboga por los hogares de bajos ingresos. Los posibles propietarios a menudo seleccionan a los candidatos a inquilinos a través de sus antiguos renteros, lo que les permite conocer las deudas en las que se supone que no deben basar sus decisiones.

Tampoco está claro cuántos propietarios participarán en el programa estatal de reducción de renta, que les pagará el 80% de lo que se les debe si perdonan el 20% restante. Lakireddy señaló que es un buen negocio y es probable que muchos lo acepten.

Las leyes de control de renta de California pueden complicar la decisión del arrendador, comentó Tina Rosales, del Western Center on Law and Poverty. Según la ley estatal, los propietarios pueden cobrar todo lo que puedan por una unidad de renta una vez que quede vacante. Por lo tanto, podría ser más lucrativo buscar un eventual desalojo y no condonar las deudas si un arrendatario paga significativamente por debajo de las tarifas del mercado.

“Tiene el potencial de que los arrendadores elijan con qué inquilinos participarán en el programa”, según Rosales, lo que podría afectar a los más vulnerables.

Otra pregunta pendiente es hasta dónde llegarán los fondos de ayuda para la renta de California, dado el rango de estimaciones de cuánto debe la gente. Algunos inquilinos, por ejemplo, pueden perderse la condonación de deudas, no porque el propietario no participe, sino porque se agota la reserva de dinero.

Para muchos que no pueden trabajar desde casa, el costo de permanecer en el domicilio se convierte en una elección entre incurrir en deudas o aceptar el riesgo de contraer COVID-19 laborando.

Las decisiones difíciles de una familia

La familia Bueno, compuesta por cinco personas que habitaban en el barrio de Koreatown de Los Ángeles, era como muchos de los hogares trabajadores del país. Fernando preparó pescado para una cadena de sushi. Su esposa, Maribel, cocinaba en un brunch en el centro de Los Ángeles.

María, de 23 años y la mayor de tres hermanas, trabajaba en una tienda y ayudaba con las facturas familiares. Se fijó la meta de ser dueña de su propia casa a los 30.

La familia Bueno ahora está dispersa. Un ascenso envió al padre de María a Nueva Jersey antes de la pandemia, pero pronto se redujeron sus horas cuando se establecieron los cierres por la pandemia. Su madre perdió su trabajo y se mudó al otro lado del país con su hija menor para unirse con Fernando.

En su casa en Koreatown, las facturas recayeron sobre María, quien se quedó con su hermana Pamela, de 18 años. Sus padres envían dinero, pero incluso junto con su salario de $20 la hora, no es suficiente para cubrir los $2,500 de renta mensual. Agotó sus $3,000 en ahorros y todavía tiene $15,000 atrasados.

A María le preocupa cómo protegerá a su hermana menor y evitará que ambas se queden sin hogar.

James Engel, director de la compañía que administra el edificio de Bueno, señaló que la empresa planeaba trabajar con los residentes en planes de pago de varios años cuando vencen las protecciones de renta, en lugar de perseguir desalojos y cobros. No quiso comentar sobre los casos de inquilinos individuales.

María dice que no quiere arriesgarse a tener una deuda sobre su cabeza y está buscando un segundo trabajo durante la pandemia.

La posibilidad de enfermarse es un sacrificio que está dispuesta a tomar.

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