OPINIÓN: Cómo la expansión del programa e-rate puede ayudar a abordar la segregación digital

Tenemos ahora una oportunidad urgente de contrarrestar años de inequidad e inacción al expandir drásticamente el acceso a Internet. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) está considerando si expandir o no el programa E-rate de $4 mil millones para apoyar el aprendizaje remoto durante la pandemia. Para los estudiantes y las familias de todo el país que han tenido dificultades para acceder al aprendizaje durante este año tumultuoso, este es exactamente el tipo de acción necesaria para comenzar a abordar la grave desigualdad digital en nuestro país.

No se puede negar que las fallas de nuestro sistema de educación pública, las que mantienen a los estudiantes pobres fuera del acceso equitativo a una buena educación, continúan agravándose durante cada día, semana y mes subsiguiente de aprendizaje en línea. Llevamos casi un año en la pandemia de COVID-19 y otro año escolar en una experiencia en gran parte digital para cientos de miles de estudiantes a nivel nacional.

Los líderes de la educación, los maestros, las familias y los defensores han reflexionado sobre el tema durante meses, intentando primero nombrar la división y luego medir su alcance. Hemos visto de primera mano cómo la segregación digital ha afectado a las familias de Los Ángeles. Sabemos que si esta es la realidad en el segundo distrito escolar más grande del país, hay miles de distritos en todo el país en circunstancias aún más dificiles. Estudio tras estudio reiteran la gran cantidad de evidencias anecdóticas que hemos escuchado en cada rincón de Estados Unidos.

Primero, numerosos modelos de instrucción remota se basan en parte en los padres como educadores, pero muchos padres, especialmente los de bajos ingresos, trabajan fuera del hogar. Además, esas mismas familias están haciendo sacrificios financieros para apoyar la educación de sus estudiantes. En segundo lugar, en Los Ángeles, solo alrededor del 50% de los hogares con ingresos más bajos tienen una computadora de escritorio o portátil y se suscriben a la banda ancha residencial. A nivel nacional, solo el 63% de los estudiantes de hogares de bajos ingresos tienen un dispositivo que pueden usar y acceso a Internet. Compare eso con aproximadamente el 90% en los hogares de ingresos más altos y la brecha es asombrosa.

Además, los estudiantes de K-12 que son afroamericanos y latinos tienen menos probabilidades de vivir en hogares equipados con recursos tecnológicos para el aprendizaje a distancia. Por tanto, las desigualdades socioeconómicas se ven, una vez más, agravadas por la raza. Estos problemas no se limitan solo a las grandes zonas urbanas, sino que repercuten en las zonas rurales y suburbanas de todo el país.

Con meses de este conocimiento, no es suficiente seguir abordando la llamada “brecha digital”. Muchos defensores de padres y estudiantes han comenzado a referirse a estas desigualdades continuas como segregación digital. Al reconocer la segregación, comenzamos a eliminar el estigma que se ha puesto sobre los hombros de las familias y los padres de bajos ingresos. Cuando entendemos este fenómeno como segregación digital, podemos reconocer que la responsabilidad de resolver el problema recae directamente en aquellos de nosotros en los sectores público y privado que tenemos los medios para transformar estos sistemas injustos.

Hace exactamente 60 años, James Baldwin escribió en la revista Esquire que “cualquiera que alguna vez haya luchado contra la pobreza sabe lo extremadamente caro que es ser pobre”. Declaraciones recientes de algunos de los principales proveedores de Internet de todo el país demuestran lo acertado que fue su comentario. En un momento en el que las familias deben usar plataformas digitales para garantizar que sus hijos reciban educación, los aumentos propuestos en los precios de Internet y los límites de datos son, en el mejor de los casos, una medida irreflexiva que dañará inadvertidamente a los más necesitados o, en el peor de los casos, una medida cínica para extraer más dinero de aquellos que no tienen otra opción. En cualquier realidad, los estudiantes pobres pierden. Para garantizar el éxito de todos los estudiantes, la Casa Blanca, el Congreso y la FCC deben abordar la segregación digital como una cuestión de equidad de recursos.

Internet debe tratarse como una necesidad vital básica y regularse como tal. El presidente saliente de la FCC, Ajit Pai, ha argumentado que expandir el programa E-rate para beneficiar a hogares y familias está fuera de la esfera de influencia de la FCC. Sin embargo, la FCC debe reconocer que, aunque la Ley de Comunicaciones limita el programa E-rate a la entrega de Internet a las aulas y escuelas, en nuestra realidad actual, los límites del aula estadounidense han cambiado. Es imperativo permitir que el programa E-rate facilite la conectividad a Internet de los estudiantes.

Si los alumnos deben aprender en casa, nuestro gobierno debe satisfacer sus necesidades allí. La FCC no está sola en su obligación con los estudiantes; los legisladores federales deben responsabilizar a los proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés). Se debe exigir a los ISP que se asocien con las escuelas públicas para automatizar la elegibilidad según los datos de almuerzos gratuitos y de precio reducido, así como renunciar a los requisitos de elegibilidad basados en el número de seguro social o el historial financiero anterior. Mientras seguimos presionando al Congreso para que cumpla con su obligación con los estudiantes, pedimos a la FCC que haga lo mismo.

Mientras continúa el lanzamiento de la vacuna COVID y las aulas se vuelven a abrir, el aprendizaje remoto no desaparecerá en el futuro previsible. Muchos distritos escolares continuarán utilizando alguna forma de instrucción híbrida y la conectividad a Internet seguirá siendo una necesidad para las familias en todo nuestro país. Si no actuamos ahora, para contrarrestar la segregación digital, perderemos una generación de estudiantes.

*Ana Ponce ES directora ejecutiva de Great Public Schools Now y Ryan Smith, director externo de The Partnership for Los Angeles Schools