Activistas retoman llamado de reforma migratoria a través de Ley de Registro

Grupos que abogan por los inmigrantes regresaron a la carga en su lucha por conseguir una actualización de la “Ley de Registro” ,que permitiría acceder a la residencia permanente a los que llegaron a EE.UU. antes de 2010, y que urgieron al Senado a incluir el proyecto en la ley de gasto social del presidente, Joe Biden.

Por las siguientes dos semanas una serie de llamados a nivel nacional se centrará en convencer a los 50 senadores demócratas en que la mejor forma de cumplir con la promesa de aprobar una reforma migratoria es la actualización de la “Ley de Registro”, anunciaron este lunes los grupos en una teleconferencia en la que participaron organizaciones de todo el país.

“Esta es la ruta más razonable para el país”, dijo Angélica Salas, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) al referirse a la actualización de esa ley de 1929 que ha permitido acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a EE.UU. en determinada fecha y que tenían “un buen carácter moral”.

UNA TAREA DIFÍCIL

La idea de los activistas es que se actualice esta ley para los inmigrantes llegados antes del 2010 lo que permitiría un camino a la ciudadanía a unos siete millones de inmigrantes.

Pero el reto de las organizaciones en 2022 se presenta con más obstáculos que el año pasado, ya que depende de que los senadores demócratas logren salvar el plan social del presidente, Joe Biden, llamado “Build Back Better” (“Reconstruir mejor”), que intentan aprobar en solitario, y que el año pasado no fue puesto en votación por la oposición del senador Joe Manchin.

El mismo Biden está multiplicando los esfuerzos para garantizar la aprobación de su plan social, que junto con su ley de infraestructuras, suponen “la mayor inversión en el sector manufacturero en la historia de Estados Unidos”, según dijo la semana pasada el mandatario en una reunión con empresarios.

DOS GRANDES RETOS

Pero aún hay dos grandes retos para los activistas: Modificar el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes en noviembre pasado, ya que no contenía la actualización de la Ley de Registro; y convencer a los senadores demócratas de obviar la opinión de la parlamentaria, Elizabeth MacDonough, encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo en la Cámara Alta y que ya rechazó esta propuesta en el pasado.

Los congresistas demócratas Chuy García y Adriano Espaillat, que participaron este lunes en la teleconferencia de prensa confiaron en que el Senado realice la enmienda, que contaría con la aprobación de la Cámara de Representantes, tras recordar el compromiso hecho por la líder, Nancy Pelosi.

“No puede haber una recuperación económica de Estados Unidos sin contar con los inmigrantes, por eso debe incluirlos a ellos”, enfatizó Espaillat sobre el plan social de Biden. “Seguiremos trabajando para que se incluya la Ley de Registro”, sentenció.

IGNORAR A LA PARLAMENTARIA MACDONOUGH

Este optimismo lo comparten los activistas, que también deben enfocar sus esfuerzos para fortalecer la idea de desconocer la opinión de MacDonough, que en el pasado trabajó como fiscal del servicio de inmigración de EE.UU. y ya rechazó tres propuestas presentadas por los demócratas.

En diciembre pasado, el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado que él y sus compañeros estaban “totalmente en desacuerdo” con la interpretación de la parlamentaria del Senado sobre la propuesta de inmigración, y que insistieron en que buscarían por “todos los medios” lograr un camino hacia la ciudadanía”.

Luz Castro, consejera de política nacional de CHIRLA, señaló que tanto Schumer como el senador Dick Durbin son los principales objetivos de los activistas para promover el regreso de la Ley de Registro al plan social, al igual que la idea de desconocer la opinión de la parlamentaria.

Por su parte Haddy Gassama, vocera de Undocublack Network, urgió a la comunidad inmigrante a apoyar este pedido “llamando a sus representantes y senadores”, así como “pasar la voz” de la necesidad de una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía.

Al llamado se han unido indocumentados que trabajan en varios sectores que han sido esenciales en la pandemia, y que han dado a conocer sus historias de lucha por una reforma migratoria que les permita salir de las sombras.

El Congreso de Estados Unidos lleva 35 años sin aprobar una ley que permita acceder a la ciudadanía a un gran grupo de migrantes. La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente, Ronald Reagan, firmó una ley que permitió regularizar a unos tres millones de inmigrantes indocumentados.