El indulto a la marihuana de Biden no ayudará a muchos inmigrantes con casos de deportación

Aunque una condena federal por simple posesión de marihuana es un delito susceptible de deportación, es poco probable que el indulto concedido esta semana por el presidente Joe Biden ayude a muchos inmigrantes en sus casos judiciales.

No solo la población afectada es muy pequeña, sino que la ley de inmigración también restringe los efectos de los indultos presidenciales.

Para empezar, no hay muchas personas que hayan sido acusadas a nivel federal por simple posesión de marihuana. La mayoría de los cargos por posesión simple son manejados por los estados y no por el gobierno federal. Los gobernadores de cada estado tendrían que emitir indultos similares —lo que Biden ha pedido— para tener un impacto más significativo en las personas que tienen condenas por posesión de marihuana. No está claro cuántos gobernadores, si es que hay alguno, elegirían actuar.

Altos funcionarios del gobierno dijeron a los periodistas que hay más de 6500 personas con esas condenas federales previas, junto con miles más que fueron acusados bajo la ley de Washington, D.C.: un pequeño grupo de personas en relación con el tamaño de los Estados Unidos. No está claro cuántos, si es que hay alguno, no eran ciudadanos de Estados Unidos.

La proclamación de Biden también dice explícitamente que los indocumentados que no son ciudadanos no son elegibles para el indulto.

Según los datos del Transactional Records Access Clearinghouse, que produce informes de inmigración y herramientas de datos basados en los registros públicos recibidos del gobierno federal, desde el año fiscal 2003 hasta junio de 2020, más de 48 mil personas fueron deportadas cuya condena penal más grave fue la posesión de marihuana. Eso es alrededor del 1 por ciento de las deportaciones durante ese periodo.

Sin embargo, más de 33 600 de esos casos involucraron a individuos indocumentados, lo que significa que no habrían sido elegibles para el indulto. No está claro si esas condenas fueron a nivel estatal o federal.

El abogado de inmigración de San Diego, Andrew Nietor, dijo que los casos de la corte de inmigración basados en condenas federales por posesión simple de marihuana son raros.

“Ni siquiera puedo recordar la última vez que he visto una condena federal por simple posesión de marihuana relacionada con algún tipo de caso de deportación”, dijo Nietor.

La abogada de inmigración Ginger Jacobs dijo que uno de sus clientes fue deportado a México a mediados de los años noventa debido a una condena federal por simple posesión de marihuana. Pero el indulto presidencial no le ayudaría, dijo.

La ley de inmigración dice que incluso los indultos presidenciales no pueden borrar las consecuencias de la deportación por violaciones de sustancias controladas, según Jacobs, con la excepción de un único caso de posesión de marihuana de menos de 30 gramos. La condena de su cliente fue por más de 30 gramos.

Si hay casos de individuos deportados debido a una condena federal por menos de 30 gramos de marihuana, una vez que hayan sido indultados, podrían solicitar la reapertura de sus casos y potencialmente deshacer sus órdenes de deportación. Pero el proceso para volver a Estados Unidos dista mucho de ser sencillo, como han experimentado muchos veteranos deportados a los que se les ordenó la expulsión tras perder sus tarjetas de residencia por condenas penales. Incluso después de un indulto por el delito que les hizo ser deportados, suelen pasar años con un equipo de abogados presionando a varias agencias federales antes de que puedan volver.

Biden ya se enfrenta a algunas críticas por excluir a los inmigrantes indocumentados.

Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración, dijo que estaba “sombríamente decepcionada” por la decisión.

Nietor calificó la exclusión de “desafortunada”. Su hipótesis es que el gobierno de Biden tomó esta decisión para evitar molestar a los conservadores de línea dura en materia de inmigración, que probablemente habrían utilizado la medida para aumentar el alarmismo de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Junto con el anuncio del indulto de esta semana, Biden también solicitó al gobierno federal que revisara la clasificación de la marihuana como sustancia controlada de la Lista I, un cambio que, según la abogada de inmigración Tammy Lin, podría tener un impacto mucho más sustancial en los casos de inmigración.

Debido a que está en la lista de sustancias controladas, bajo la ley de inmigración, cualquier uso de la marihuana —o el trabajo en la industria de la marihuana— puede impedir que los inmigrantes que de otra manera califican para obtener tarjetas verdes o de naturalización.

Lin dijo que uno de sus clientes trabajó durante un par de semanas para un servicio de entrega de marihuana, pensando que las propinas serían mejores que la entrega de alimentos. Por ello, ha tenido que esperar cinco años antes de poder solicitar la ciudadanía estadounidense.

Y, para cualquiera que pase por el proceso de obtención de la tarjeta de residencia, admitir el consumo de marihuana —aunque sea una vez— durante el examen médico puede hacer que la persona quede excluida de Estados Unidos de por vida. Eso incluso si ocurrió en un lugar donde el consumo de marihuana es legal.