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EEUU

En L.A., los venezolanos que escaparon de la agitación política y la violencia en su país siguen protestando a la distancia

Venezuela

El venezolano Eleazar Saldivia, quien busca asilo en los EE.UU., fue juez federal en su tierra natal y ahora conduce para Uber en Los Ángeles.

( (Irfan Khan / Los Angeles Times))

Eleazar Saldivia sigue amargado por el giro de los acontecimientos que le llevaron de tener una carrera como juez federal penal en Venezuela, a conducir para Uber en Los Ángeles. Sin embargo, no lamenta la decisión de abandonar su vida allí y su hogar.

En 2013, Saldivia comenzó un juicio en el cual sentenció a cuatro policías a prisión por agredir a manifestantes opuestos al gobierno y permitir que criminales escaparan de prisión. A pesar de las órdenes de los funcionarios, se negó a revertir su decisión, y el acoso sufrido a partir de entonces lo obligó a huir.

“Podría haber tenido una carrera brillante en mi país”, asegura Saldivia, de 42 años de edad, quien llegó a Los Ángeles en septiembre de 2014 y ahora comparte un pequeño apartamento en Hollywood. “Podría haberme ajustado a lo que me dijeron y simplemente hacer todo lo que me pedían. Pero no pude. Mi conciencia y mi educación no me lo permitieron”.

Un número récord de venezolanos han huido de una crisis humanitaria que aumenta en espiral en su país de origen, y buscan refugio ahora en los EE.UU.

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Al igual que Saldivia, algunos solicitantes de asilo aterrizaron en Los Ángeles, donde se unieron a una pequeña pero activa comunidad venezolana que ha creado videos en redes sociales, organizado manifestaciones y campañas electorales para apoyar las protestas contra el gobierno de su tierra natal.

Los EE.UU. impusieron sanciones financieras a Venezuela a principios de agosto, luego de las elecciones realizadas allí para crear una asamblea nacional que reescriba la Constitución -una acción que los líderes opositores consideran como una toma de poder ilegal por parte del presidente Nicolás Maduro-. Millones de venezolanos protestaron por la iniciativa, y ello redundó en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales que han dejado más de 120 muertos.

Los venezolanos encabezan la lista de solicitantes de asilo en los EE.UU., con más de 21,000 solicitudes presentadas en lo que va de 2017 -un tercio más que las registradas el año pasado-, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del país. Muchos huyen de la represión gubernamental, la escasez de alimentos y una asombrosa tasa de muertes violentas -algunas que involucran a las fuerzas de seguridad-, lo cual ha llevado a clasificar al país como uno de los más peligrosos del mundo.

“Sólo aumentará a partir de ahora”, afirma Moisés Rendón, director asociado del programa de las Américas en el Center for Strategic and International Studies. “La gente puede manejar el gas lacrimógeno, y la falta de comida y medicinas. Siempre hay una manera. Pero no pueden soportar salir a la calle y ser asesinados por criminales”, advirtió.

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Alma Rosa Nieto, abogada de Saldivia, señaló que muchos de sus clientes venezolanos son profesionales de clase alta y media; para algunos de ellos “la situación financiera no es el problema, sino la cuestión política y la agitación social”.

La embajada de Venezuela en Washington, D.C., no devolvió los pedidos de comentarios de este medio.

Más de 4,000 venezolanos en California votaron contra la creación de la asamblea constituyente (progubernamental) en ese país. Decenas de manifestantes organizaron una protesta una semana después, en Hollywood, cuando los venezolanos concurrieron a las urnas para elegir a los miembros de dicha asamblea.

“Estamos tratando de dar energía a la gente para que no pierda la esperanza”, afirmó Cristina Carolina Castillo, de 39 años, una actriz y solicitante de asilo, quien alguna vez ayudó a dirigir el partido de oposición Voluntad Popular. “Aunque vivamos lejos, no estamos ausentes de lo que ocurre”.

Poco después de que Saldivia enviara al grupo de policías a la cárcel, recibió una llamada del vicepresidente de Venezuela, para ordenarle la liberación de todos. “La Constitución venezolana afirma que los jueces no dependen de nadie, somos autónomos, pero eso no es lo que ocurre ahora”, relato él. En los meses siguientes, comenzó a recibir llamadas amenazantes de los colectivos -las milicias armadas que apoyan a Maduro-, que también colocaban folletos en su tribunal, en el estado de Anzoátegui, llamándolo traidor.

Finalmente, perdió a su guardaespaldas, que era proporcionado por el gobierno. “Estaba por mi cuenta”, dijo Saldivia, cuya petición de asilo se encuentra pendiente. “En un país como Venezuela, estar solo cuando eres un juez que ha enviado a muchos a la cárcel es casi una sentencia de muerte”.

Otros solicitantes de asilo venezolanos en L.A. eran activistas políticos en su tierra natal. Como estudiante de ingeniería química en la Universidad de Los Andes, una institución pública en la ciudad de Mérida, María Virginia Arismendi encontró muchas causas por las cuales protestar. Pasaba horas en fila para comprar un kilo de harina, y la inseguridad en su vecindario era desconcertante -le robaron varias veces mientras esperaba para tomar el autobús que la llevaba a la escuela-.

“Sentía en mi interior que debía hacer algo”, relató. “No podía soportar ver que mi país, donde yo crecí, se estaba desmoronando… No podía ver a mis amigos protestar para tener un país mejor y no hacer nada por ese objetivo”.

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En enero de 2015, Arismendi se dirigió a la universidad con un equipo de primeros auxilios, después de recibir un mensaje de texto de un amigo que pedía ayuda para atender a los estudiantes heridos en protestas. Horas más tarde, ella y otros cuatro alumnos fueron arrestados al salir del campus.

En el departamento de policía, relató la joven, vio a estudiantes torturados con descargas eléctricas. Después, los oficiales los obligaron a subir a un camión, cerraron las ventanas y arrojaron una bomba de gas lacrimógeno.

Luego de cuatro días en prisión, los alumnos fueron acusados de instigación pública. Los liberaron, pero un tribunal posteriormente aprobó una apelación por parte del gobierno.

Entre audiencias, Arismendi supo que miembros de los colectivos la seguían. “Estaba asustada porque sabían dónde estaba”, relató. “No tenía vida privada. Sabía que, si me encontraba sola en algún sitio, podían llevarme”.

La mujer arribó a Los Ángeles antes de la próxima audiencia y ahora trabaja como representante de servicio al cliente en una fábrica de ropa, en Vernon. Sus muñecas tienen tatuadas las palabras “libertad” y “fe”, en referencia a su lucha en Venezuela. Su objetivo, aseguró, es crear conciencia sobre lo que sucede en su tierra, donde su abuela falleció por no tener acceso a los medicamentos para tratar su cáncer.

Algunos solicitantes de asilo señalan que ver el conflicto desde el exterior les ha dado una valiosa perspectiva. Luis Alejandro Méndez, de 42 años, y Claudia Romero, de 34, recordaron haber escuchado a un líder de la oposición en televisión decirle a los venezolanos que tomen las calles en protesta por la nueva Asamblea Nacional, una acción que la pareja consideró como demasiado peligrosa. “Te hace dar cuenta de lo inocente que has sido”, expresó Méndez.

La pareja organizó protestas contra el gobierno y ayudó en las elecciones nacionales en Venezuela, donde experimentaron sus propios momentos difíciles. Durante el transporte de material electoral en la ciudad de Valencia, para las elecciones presidenciales de 2013, fueron detenidos por un miembro de un colectivo en una motocicleta. El hombre le puso un arma en la cabeza a Romero y les robó los documentos.

Pero el golpe más fuerte ocurrió cuando estaban en el extranjero. Méndez y Romero pasaron su luna de miel en México, durante dos semanas, en febrero de 2014. Allí recibieron una llamada de la madre de Romero, quien les informó que los miembros de los colectivos vigilaban su casa y habían advertido que no regresaran. “Podríamos haber sido encarcelados, o haber muerto”, manifestó Méndez, que ahora trabaja como entrenador de nutrición y como conductor para Lyft. “Es imposible saber con seguridad. Venezuela es simplemente un ‘qué ocurriría si…’”.

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Algunos solicitantes de asilo crearon videos para alentar a los venezolanos en el extranjero a no dejar de luchar contra el gobierno. “Quiero regresar cuando las cosas cambien, cuando me sienta seguro”, aseguró Saldivia, quien planea tomar el examen para poder ejercer la abogacía en California.

La toma de conciencia del conflicto en Venezuela les permite mostrar solidaridad, afirmaron muchos. “Gracias a la gente que está en la diáspora en diferentes países, la persona común en la calle puede entender un poco más sobre lo que ha sucedido”, expuso Romero. “Tenemos la responsabilidad de decirle al mundo lo que ocurre, y de que Venezuela no se convierta en un tema adormecido… El país nos ha dado demasiadas cosas para que lo abandonemos porque ya no vivimos allí”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí 


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