Con su destino en manos del gobierno de Trump, 260,000 salvadoreños esperan y temen lo peor

A los nueve años de edad, después de que su familia se marchara de El Salvador, Karla Alvarado cruzó el Río Grande hacia Texas en una cámara de rueda, con dos mudas de ropa.

Eso fue hace 20 años. Alvarado vivió en los EE.UU. desde entonces, durante la mayor parte de ese tiempo bajo un estado migratorio autorizado pero temporal.

Hoy tiene un título universitario, un esposo, un trabajo como enfermera profesional y un miedo intenso a que le digan que debe regresar a un país que no visita desde la infancia.

Desde 2001, Alvarado y otros 262,000 salvadoreños, entre ellos casi 30,000 en Los Ángeles, pudieron vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que la administración Trump parece encaminada a finalizar este lunes.

“Definitivamente es desgarrador, tengo una ansiedad como nunca antes”, aseguró Alvarado, de 29 años, residente en Norristown, en los suburbios de Filadelfia. “He estado aquí desde los nueve años de edad, no sé nada más. Soy estadounidense y este es mi hogar”.

En los últimos meses, el gobierno ha actuado deliberadamente para eliminar las protecciones a los inmigrantes de otros países, incluidas 59,000 personas de Haití y 5,300 nicaragüenses. Se supone que el programa TPS brinda un refugio temporal para las víctimas de desastres naturales, pero no es un permiso permanente de estancia en los EE.UU., destacaron funcionarios públicos.

“La decisión política es clara”, afirmó Jill Marie Bussey, directora de defensa de Catholic Legal Immigration Network, uno de los muchos grupos que abogan por los salvadoreños. “Nos han explicado que esta administración quiere reforzar el aspecto temporal del TPS”.

Pero El Salvador presenta una decisión particularmente difícil. Sus ciudadanos son por lejos el grupo más grande con estatus protegido. Así ha sido desde que ocurrieron dos terremotos en el país centroamericano, a principios de 2001, que causaron la muerte de más de 1,100 personas y dejaron a un millón sin hogar.

En los casi 17 años transcurridos desde entonces, el refugio de estatus temporal les permitió echar raíces y trabajar legalmente, además de construir carreras o negocios, obtener hipotecas y dar a luz a aproximadamente 200,000 ciudadanos de los EE.UU. Casi el 13% de los dos millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos ahora cuentan con ese estatus de protección.

A medida que se aproxima la fecha límite del lunes para la decisión, los alcaldes, la Cámara de Comercio y Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, presionan a la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para convencerla de extender nuevamente las protecciones, o al menos de posponer su finalización el mayor tiempo posible.

Tyler Houlton, portavoz de la funcionaria, afirmó que la llamada telefónica con Cerén fue “cordial y productiva”, pero no dijo en qué dirección se inclinaba Nielsen. “La secretaria ha recibido asesoramiento del personal del Departamento de Seguridad Nacional, otras agencias federales y partes interesadas, y tiene la intención de tomar una decisión antes del plazo del lunes”, informó.

Desde la designación original, los EE.UU. han ampliado las protecciones 11 veces. La última ocasión, en 2016, el gobierno de Obama descubrió que El Salvador todavía luchaba por recuperarse de los terremotos, y que las “situaciones fiscales de desempleo y seguridad allí seguían siendo deficientes”.

La decisión de la administración probablemente tendrá su impacto más grande en el sur de California, hogar de la mayor población de inmigrantes salvadoreños del país.

Se estima que unos 49,000 salvadoreños protegidos viven en California, la población más grande que en cualquier estado, según un informe del Centro de Estudios de Migración. Otro reporte detectó que 8,700 hogares de titulares de TPS en California tienen hipotecas.

Los defensores argumentan que sería una catástrofe enviar a los residentes de largo plazo y a sus hijos de regreso a una nación que lucha contra una economía débil y está atormentada por la violencia de las pandillas. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, según su índice de asesinatos.

La propia Nielsen, junto con el procurador general Jeff Sessions, han hablado en términos dramáticos sobre la amenaza que representa la MS-13, una pandilla violenta con sede en El Salvador. “Estos criminales salvajes están en nuestras comunidades, y son una consecuencia mortal de nuestras fronteras inseguras y nuestras políticas de inmigración fallidas”, afirmó la funcionaria el mes pasado.

Los jóvenes salvadoreños huyen de la violencia de pandillas a un ritmo creciente; el ministerio de Educación del país dijo que 39,000 estudiantes abandonaron la escuela debido al acoso o la amenazas de pandillas en 2015.

“El hecho es que las condiciones que iniciaron el TPS en primer lugar no han cambiado para nada”, destacó el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, candidato a la presidencia, en una entrevista telefónica.

El país es mucho más violento de lo que era en 2001 y lucha por brindar empleos a sus propios jóvenes ahora, mucho menos podría ofrecerlos a los ciudadanos de los EE.UU. que tendrían que volver allí con sus padres, señaló Bukele.

A los funcionarios salvadoreños también les preocupa que poner fin al estado de protección sea un duro golpe para la economía de su país. Las personas que viven en los EE.UU. enviaron más de $4,500 millones a El Salvador en 2016, la cantidad más grande en la historia de esa nación. Una de cada cinco familias recibe pagos de una persona en los EE.UU., que en conjunto representan el 17% del producto interno bruto del país, según un estudio reciente.

Elena Aguilar, que llegó sin autorización a los Estados Unidos en 1996 con dos hijos, envía dinero a su madre en El Salvador todos los meses. Desde que obtuvo el estado de protección, compró cinco casas de alquiler y abrió una tienda de ropa. “Tengo un futuro aquí, trabajo aquí”, afirmó Aguilar, de 43 años, residente de York, Pensilvania. “Esto es muy injusto, después de haber trabajado durante muchos años y tratado de hacer lo mejor, ahora simplemente quieren echarnos, sin más”.

Funcionarios de Seguridad Nacional afirmaron que simpatizan con los residentes de larga data como Aguilar, pero insisten en que es una mala política seguir emitiendo extensiones temporales, y solicitaron al Congreso que cree una solución permanente.

Así, se han presentado varios proyectos de ley para permitir que los residentes a largo plazo que han estado cubiertos por un estatus temporal puedan convertirse en residentes legales permanentes.

Los defensores, sin embargo, no esperan ninguna acción de un Congreso que ya está ocupado con negociaciones sobre otros asuntos de inmigración, incluido el destino de casi 700,000 jóvenes en riesgo de deportación como resultado de la decisión del presidente Trump de poner fin a la Acción Diferida para el Programa de Llegados en la Infancia, o DACA.

Traducción: Valeria Agis

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