Sufre hondureña embarazada muerte fetal en centro de detención

Una mujer de 24 años tuvo un parto prematuro y dio a luz a un bebé que nació muerto mientras estaba bajo custodia en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Texas la semana pasada, dijeron las autoridades.

La mujer, una migrante de Honduras cuya identidad no se reveló, fue arrestada cerca de Hidalgo, Texas, el 18 de febrero. Tenía seis meses de embarazo en ese momento. Cuatro días después, entró en trabajo de parto y dio a luz a un niño prematuro. Los médicos lo declararon muerto poco después.

En un comunicado, los funcionarios dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU, no informa este tipo de casos como una muerte bajo custodia; más bien, están registrados en su propia categoría, junto con los abortos involuntarios.

Un portavoz de ICE dijo que las muertes fetales son muy poco frecuentes, pero el anuncio provocó una rápida condena pública de los defensores y los grupos de derechos de los migrantes.

“Una mujer que pierde a su hijo es otro ejemplo terrible de la incapacidad de DHS para tratar a los migrantes con la dignidad y el respeto que merecen”, dijo Erika Andiola, jefa de apoyo en el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, en una declaración al Washington Post. “Las mujeres embarazadas migrantes no deben ser encerradas. Mantenerlas en la cárcel es una política de la administración Trump. Es inhumano y no debería continuar haciéndose”.

Este incidente es posterior a la muerte en febrero de un ciudadano mexicano de 45 años de edad que falleció en custodia de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, después de buscar atención médica dos veces. En diciembre se reportó la muerte de dos niños migrantes detenidos, lo que llevó al jefe de la CBP a comprometerse a realizar controles de salud a todos los menores que se encuentren bajo la custodia de la agencia.

La muerte fetal probablemente generará nuevas preguntas sobre la política de ICE al detener a mujeres embarazadas, la cual cambió con una orden ejecutiva del presidente Trump. Antes era catalogada como una “presunción de liberación para todas las detenidas embarazadas” y ahora se ordenó a la agencia “aplicar las leyes de inmigración de Estados Unidos contra todas las personas susceptibles de ser deportadas”.

La nueva política, dice la agencia, es determinar si se debe detener a las mujeres embarazadas “caso por caso”. En esta situación, dijo el portavoz de ICE, la mujer tenía programada una “liberación humanitaria” en el Centro de Detención de Port Isabel, pero entró en trabajo de parto mientras estaba siendo procesada. Debido a esto, será liberada el próximo lunes.

“Esto es una noticia trágica, y viene de la mano de dos muertes recientes de niños que estaban bajo la custodia del DHS en la frontera, al igual que de los informes del gobierno sobre las condiciones deplorables en las instalaciones de detención que tienen contrato con ICE y una larga historia de problemas con los servicios médicos en los centros de detención”, dijo al Post, Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Ya es hora de que se haga una investigación exhaustiva sobre las condiciones de detención de los inmigrantes y de asumir una responsabilidad real por los problemas y abusos en este sistema”.

De octubre de 2017 a agosto, ICE detuvo a 1.655 mujeres embarazadas, según los datos más recientes que la agencia dio a conocer. Durante ese mismo período, 18 mujeres podrían haber sufrido un aborto involuntario justo antes o cuando estaban en custodia de ICE.

La política de ICE establece que sus instalaciones de detención brindan atención prenatal en el lugar y acceso remoto a especialistas para mujeres embarazadas que están bajo custodia. En la sección de “Preguntas frecuentes” de su sitio web, ICE responde a la interrogante: “¿La detención a mujeres embarazadas, no es un abuso contra los derechos humanos?”. En su respuesta dice que “ICE ejerce su autoridad de detención civil de conformidad con la ley, y todos los detenidos reciben servicios de salud, alimentos y cuidados necesarios y apropiados”.

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