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EEUU

La Corte Suprema evalúa la pregunta que Trump busca incluir en el censo que podría reducir el poder de California

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El presidente Trump saluda a los jueces de la Corte Suprema después del discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes de EEUU el 5 de febrero de 2019, en Washington. (Win McNamee / Getty Images)

(Getty Images)

La Corte Suprema se reúne a puerta cerrada el 15 de febrero para analizar una pregunta que podría moldear el poder político de California para la próxima década.

Lo que está en discusión es el plan de la Administración Trump de preguntar a todos los hogares por primera vez desde 1950 si los ocupantes son ciudadanos de Estados Unidos.

Funcionarios estatales y activistas latinos han activado la alarma, argumentando que este cambio único al censo del 2020 podría tener un impacto amplio e imprevisto.

Si la Casa Blanca de Trump quisiera asestar un golpe político a California, “la forma más efectiva de hacerlo sería promover un recuento incompleto del estado en el censo de 2020", advirtió Arturo Vargas, director ejecutivo de National Assn. of Elected and Appointed Latino Officials en Los Ángeles. “Y creo que eso es precisamente lo que está detrás de la adición de esta pregunta”.

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El recuento de cada diez años se usará para dividir el poder político entre los estados y dentro de los estados, y los politólogos predijeron en el testimonio ante la Corte que California perdería miles de millones en fondos federales y al menos uno y posiblemente hasta tres lugares en el Congreso —y el mismo número de votos electorales— si la pregunta de ciudadanía se usa el próximo año.

California se vería especialmente afectada, dijeron, porque el 28% de los hogares del estado tiene un miembro de la familia que no es ciudadano.

Sobre el consejo de los expertos del censo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en 2018 que agregaría la pregunta de ciudadanía para “proporcionar datos completos y precisos” para el censo.

Para cada persona, se le preguntará al jefe de familia: "¿Es esta persona un ciudadano de Estados Unidos?” La respuesta viene en una de las cinco casillas que deben marcarse: (1) “Sí, nacido en Estados Unidos"; (2) “Sí, nacido en Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de los EE.UU. o Islas Marianas del Norte"; (3) “Sí, nacido en el extranjero de padres ciudadanos de EE.UU."; (4) “Sí, ciudadano de Estados Unidos por naturalización —año de impresión de la naturalización"; o (5) “No. No es un ciudadano de los Estados Unidos”.

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Cuando se le presionó para justificar la decisión, Ross dijo que optó por agregar la pregunta adicional porque el Departamento de Justicia dijo que necesitaba los datos de ciudadanía para cumplir con la Ley de Derechos de Votación.

Funcionarios de California, Nueva York y otros 17 estados de tendencia demócrata dicen que ninguna de las justificaciones tiene sentido. Argumentan que agregar la pregunta de ciudadanía probablemente arrojará datos incompletos e inexactos porque millones de familias inmigrantes se negarán a responder, lo que llevará a un conteo insuficiente en áreas como el sur de California y el sur de Texas. Y dijeron que los abogados del Departamento de Justicia han aplicado la Ley de Derechos de Votación durante más de 50 años sin necesidad de datos bloque por bloque sobre los votantes elegibles. En su lugar, se han basado en datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, que anualmente hace preguntas detalladas, incluida la raza, el origen étnico y la ciudadanía, de una pequeña muestra estadística del público.

El 15 de febrero, los abogados de California y el Departamento de Justicia presentarán sus argumentos finales en San Francisco en la demanda del estado, California vs. Ross, que busca bloquear el cambio. Al mismo tiempo, los jueces de la Corte Suprema se reunirán en privado para sopesar la solicitud del gobierno de decidir el asunto por una vía rápida en el caso de Nueva York.

El procurador general Noel Francisco dijo que el tribunal superior debe actuar ahora porque la Oficina del Censo debe comenzar a imprimir formularios para el verano.

Si los jueces aceptan escuchar el caso, Departamento de Comercio vs. Nueva York, ignorarán a los tribunales de apelación y programarán un argumento especial a fines de abril o mayo. Revisarán una opinión de 277 páginas emitida en enero por el juez de distrito Jesse Furman de los EE.UU. en Nueva York, quien no llegó a acusar a Ross de mentir para ocultar sus motivos partidistas. Detalló cómo el secretario de Comercio había rechazado estadísticas y demógrafos del gobierno que habían pasado una década preparándose para el censo y había advertido que era un error agregar una pregunta tan acusada y no probada.

Cuando fue interrogado en el Capitolio, Ross le dijo a los legisladores que había actuado "únicamente” en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia. Pero los correos electrónicos publicados durante el litigio mostraron que el propio Ross había llevado al Departamento de Justicia a hacer la solicitud. El juez también notó que a principios de 2017, Ross habló con el entonces estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, sobre el tema. Ellos “discutieron el efecto potencial sobre el” reparto del Congreso “de agregar” una pregunta simple “al censo”, escribió. Furman dictaminó que la adición de la nueva pregunta violó la Ley de Procedimientos Administrativos porque era “arbitraria y caprichosa”.

La Constitución exige una “enumeración real” de la población cada 10 años y dice que los representantes “se distribuirán entre los distintos estados según sus respectivos números, contando el número total de personas en cada estado”. Se ha entendido que esto significa todos los residentes se cuentan por igual en el censo, independientemente de su estado de ciudadanía.

Nadie sabe cómo le irá al censo en 2020 con la nueva pregunta de ciudadanía. Los expertos ofrecieron predicciones muy diferentes durante los ensayos.

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El juez de Nueva York citó el testimonio de un funcionario de la Oficina del Censo que dijo que agregar la pregunta de ciudadanía provocaría que el 5.8% más de los hogares se negaran a responder las preguntas del censo en comparación con 2010. En el caso de California, el profesor de la UCLA, Matt Barreto, citó una encuesta que realizó que sugirió que más del 12% de los hogares en California se negarían a responder.

Los abogados del Departamento de Justicia calificaron la predicción de Barreto de una fuerte disminución de las respuestas como “inexacta y engañosa”, pero le dijeron al juez que “se desconoce el alcance real de cualquier disminución [en las respuestas]”. Si menos hogares responden al censo, afirmaron: la carga de trabajo de seguimiento por falta de respuesta puede aumentar”, de modo que al final, “la Oficina del Censo puede capturar” a los que faltan en el recuento.

Vargas, sin embargo, predice serios problemas para el censo debido a que el gobierno de Trump se está poniendo duro con la inmigración.

“Esto viene de una Casa Blanca que ha creado el ambiente más hostil para las familias inmigrantes. Han creado este clima de miedo y sospecha. Es la misma Casa Blanca que quiere preguntarle a cada persona: "¿Es usted un ciudadano?”, dijo. “Cuando agrega una pregunta no probada y motivada políticamente en el último momento, está saboteando un aspecto fundamental de nuestra democracia. Y está garantizando un conteo insuficiente de la población del estado”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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