La decisión de EE.UU. sobre el asilo ensombrece a los inmigrantes que huyen de la violencia de pandillas

Rubilia Sánchez sabía que tenía que huir de su ciudad natal de Tecún Umán, después de que las pandillas la amenazaron repetidamente con violarla y asesinarla.

Así, tomó a sus cuatro hijas e hizo el viaje familiar y peligroso desde Guatemala, a través de México y hasta Estados Unidos, donde solicitó asilo. Después de esperar durante cuatro años, finalmente consiguió una fecha para defender su caso ante los funcionarios estadounidenses: el 26 de julio.

Pero ahora, su futuro ya confuso -y el de otros que huyen de la violencia de pandillas en América Latina- fue llevado hacia una mayor incertidumbre.

El procurador general Jeff Sessions ordenó a los jueces de inmigración que dejen de otorgar asilo a prácticamente todos los que afirman ser víctimas de violencia doméstica o de pandillas, una medida que podría impedir que decenas de miles de personas ingresen de forma permanente en EE.UU.

La violencia de las pandillas que se ha desatado en El Salvador, Guatemala y Honduras creció, en parte, desde las calles estadounidenses. Las agrupaciones más poderosas de Centroamérica, MS-13 y 18th Street, nacieron en Los Ángeles hace una generación, durante el apogeo de las guerras entre estos clanes de la ciudad.

Mientras estallaba la violencia de las pandillas en EE.UU., las autoridades respondieron en la década de 1990 deportando en masa a los miembros de estas organizaciones hacia Centroamérica. Según los expertos, el movimiento aumentó la violencia en esos países y provocó que olas de residentes aterrorizados buscaran refugio en Estados Unidos.

Alex Sánchez, exmiembro de la pandilla MS-13 y director ejecutivo de la organización de prevención e intervención de pandillas Homies Unidos, en Los Ángeles, indicó que la medida de Sessions esencialmente cierra una puerta a las víctimas de estas agrupaciones que el gobierno de Estados Unidos ayudó a crear mediante políticas anteriores.

Pero los partidarios de la posición férrea del presidente Trump argumentan que la violencia doméstica y los problemas de pandillas deberían ser manejados por las autoridades en los países de origen de los inmigrantes.

“El mero hecho de que un país pueda tener problemas para vigilar efectivamente ciertos delitos... o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de delitos, no puede por sí mismo establecer una solicitud de asilo”, consideró Sessions. “El asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso de gravedad, que enfrentan las personas todos los días, en todo el mundo”.

En medio de la ofensiva de la administración Trump sobre la inmigración no autorizada, la cuestión del asilo se ha convertido en un problema cada vez más cargado. Una caravana de solicitantes de ese beneficio, provenientes de Centroamérica y que llegaron a Tijuana este año -algunos de ellos alegando que huían de la violencia de pandillas- alcanzó los titulares internacionales y se convirtió en el centro de la ira del presidente y otras fuerzas opuestas a la inmigración no autorizada.

No hay estadísticas exactas sobre el porcentaje de solicitantes de asilo que citan la violencia de estas bandas como su razón para emigrar a Estados Unidos. Pero de acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del país, a fines de enero de 2018 existía un retraso de 311,000 solicitudes de asilo.

La decisión de Sessions es una parte clave de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para restringir la inmigración y desalentar a los solicitantes de asilo de venir a este país. El gobierno también está separando a las familias que son detenidas por agentes de inmigración, incluyendo la separación de menores de sus padres.

El proceso de asilo ha ofrecido poca garantía de éxito eventual para los inmigrantes, sin importar cuán desesperada sea la situación.

Entre los años fiscales 2012 y 2017, los jueces de inmigración negaron aproximadamente el 75% de los casi 11,000 casos de asilo presentados por inmigrantes guatemaltecos, según Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de Syracuse University que monitorea los datos de inmigración a través de solicitudes de registros públicos (el porcentaje de denegaciones fue ligeramente mayor para los solicitantes salvadoreños y hondureños).

La decisión de Sessions hace que sea casi imposible obtener entrada permanente en EE.UU. para quienes buscan asilo alegando violencia doméstica o de pandillas.

“No puedo decir que nuestro caso hubiera ganado ayer, o incluso durante el último gobierno, pero (...) es justamente otro ataque contra los centroamericanos”, expuso el abogado de Rubilia Sánchez, Aaron Chenault. “Es realmente otro ejemplo de la cultura de esta administración, que hace todo lo posible para dificultar aún más un proceso ya complejo para estas víctimas de delitos”.

Chenault aún tiene la esperanza de poder argumentar que la familia Sánchez merece un beneficio inmigratorio. Él planea alegar que Rubilia y sus hijas pertenecen a un grupo social particular que debe ser protegido, ya que las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de estos clanes, y los pandilleros a menudo las consideran como una propiedad.

No obstante, reconoció que sería más difícil probar que el gobierno guatemalteco tolera las pandillas, lo cual ayudaría en un caso de asilo en el marco de la nueva política.

Durante meses, Sánchez se resistió a los pandilleros en su ciudad natal, que se extiende a ambos lados de la frontera con México. Pero en diciembre de 2013, dijo, algunos de ellos intentaron entrar en la casa que compartía con sus hijas. Mientras se preparaba contra la puerta, los hombres le dijeron que iban a violarla.

Unos días más tarde, le ordenó a sus hijas que empacaran sin decírselo a nadie. Durante un año, Sánchez -que trabajaba en una plantación de plátanos en Guatemala- y las niñas, vivieron en un refugio mexicano dirigido por monjas. Ella hizo trabajos ocasionales allí, para ganar suficiente dinero y comprar los boletos de autobús a Tijuana.

Cuando la familia llegó a EE.UU., Sánchez tomó una decisión. Podían tratar de cruzar sin permiso o hacer lo que la ley internacional les daba derecho a hacer: pedir asilo.

Ella se entregó en el Puerto de Entrada San Ysidro en 2014, y se sometió a una entrevista para evaluar su “miedo creíble”, con un oficial de asilo. A Sánchez y sus hijas se les permitió quedarse en Estados Unidos mientras esperaban su audiencia ante un juez de inmigración, en Los Ángeles.

Pero durante cuatro años, la mujer se encontró encerrada en un sistema judicial de inmigración profundamente atrasado.

“Ha habido mucha confusión, mucho desorden en mi caso”, afirmó. “Esperaría algo así en Guatemala, pero no en este país”.

Las demoras tuvieron un lado positivo: permitieron que Sánchez y sus hijas no tuvieran que regresar a Guatemala mientras estuvieran atrapadas en la burocracia.

El esposo de Sánchez ya había cruzado sin autorización a EE.UU. en 2008, con la intención de enviar dinero a su familia. Él había planeado eventualmente regresar a Guatemala, pero Sánchez dijo que las amenazas de pandillas en su ciudad natal obligaron a la familia a huir antes de que él pudiera volver.

La familia se instaló en un deteriorado estudio de 500 pies cuadrados cerca de MacArthur Park. Su sala de estar funciona a la vez como dormitorio y como comedor. Las chicas comparten literas; la pareja duerme en sofás separados.

Sánchez trabaja en una fábrica de ropa después de que el gobierno le concedió un permiso de trabajo; a su marido, que trabaja en la construcción, le pagan de forma irregular.

Después de años en EE.UU., sus cuatro hijas mayores -de 11, 12, 14 y 17 años de edad- piensan como estadounidenses y hablan perfecto inglés. El matrimonio tiene una quinta hija, de dos años, nacida en este país.

A pesar de la decisión de esta semana, señaló Sánchez, está decidida a permanecer optimista. Cristiana devota, ella razona que se atuvo a la ley y se rehúsa a creer que su familia deberá regresar a un lugar que parece más una trampa mortal que su hogar. “Para Dios, nada es imposible”, consideró. “Todo estará bien. Dios es justo”.

El efecto más inmediato de la decisión de Sessions probablemente sea sentido por los solicitantes de asilo en la frontera. Cuando las personas llegan con un pedido tal, normalmente se reúnen con un funcionario estadounidense, que las examina para determinar si el temor a regresar a su país de origen es creíble.

La decisión del procurador envió un mensaje claro de que las solicitudes basadas en el temor a pandillas o la violencia doméstica serán rechazadas.

En Tijuana, la inmigrante hondureña Synthia Savllon y su hijo de un año, Jonathan, esperan su turno para reunirse con funcionarios fronterizos y pedir asilo.

La joven de 19 años, que se inscribió hace dos semanas en el Puerto de Entrada de San Ysidro para tener la oportunidad de ser escuchada, quedó huérfana cuando era niña y creció en las calles. Cuando tenía 15 años, conoció a un hombre que se convertiría en su novio. Él le dio un techo, afirmó, pero pronto descubrió que era drogadicto y miembro de una pandilla.

Savllon relató que el hombre la golpeaba a menudo y amenazaba con matarla. A pesar de haber tenido tres hijos con él, sólo logró escapar con el más pequeño, dejando atrás a sus hijas mayores, de dos y tres años.

Las posibilidades de Savllon de obtener asilo ya eran escasas, porque no tiene familia en Estados Unidos. La decisión del procurador general casi eliminó por completo las probabilidades de que le concedan siquiera una audiencia.

Pero ella no tiene planes de regresar a Honduras, por temor a que su novio la mate. La joven razonó que permanecer en México tenía también sus propios peligros, por lo cual está decidida a buscar asilo en EE.UU., a pesar de las desalentadoras probabilidades.

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