Un juez evaluará qué tan rápido se puede deportar a una familia después de la reunificación

¿Qué tan rápido pueden las familias inmigrantes ser deportadas de Estados Unidos después de su reunificación?

Esta es la más reciente pregunta que un juez federal de San Diego considerará, a la luz del gran esfuerzo de la administración Trump para reunir a los padres separados de sus hijos en la frontera.

Más de 1,000 niños, de cinco años o mayores, ya se han reencontrado con sus padres en el marco de la orden judicial del juez de distrito Dana Sabraw, y se espera que cientos más lo hagan para la fecha límite de este 26 de julio, un logro que Sabraw llamó “notable” durante una audiencia realizada el martes 24.

Sin embargo, claramente, no todos los 2,551 menores volverán a encontrarse con sus padres. Se cree que más de 400 progenitores ya han sido deportados, mientras que posiblemente otros cientos fueron liberados en el país y no han sido localizados. Al menos 64 padres tienen antecedentes penales o no son elegibles para la reunificación por otros motivos.

Para los 900 padres elegibles para la reunificación y con sentencia final de deportación, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) quiere asegurarse de que no abandonen el país hasta que comprendan completamente sus derechos y los de sus hijos.

La ACLU, que presentó la demanda colectiva en nombre de los padres separados, propone un período de espera de siete días entre la reunificación y la deportación. Ese tiempo permite que las familias se encuentren con abogados y defensores que fueron asignados a los menores durante la separación, para determinar si los niños podrían seguir reclamos migratorios por separado. Ese podría ser un factor importante para los padres al decidir si abandonar el país como unidad familiar o dejar a sus hijos en tierra estadounidense.

Sabraw decidió a mediados de julio, poner un alto a todas las deportaciones de familias reunidas hasta que haya más información. El magistrado podría emitir un fallo este mismo viernes 27, después de una audiencia.

El gobierno consideró que el período de espera es “injustificado” y señaló que la mayoría de estas familias han tenido la última semana para discutir sus opciones, ya sea porque se han reunido o porque han estado en comunicación con sus hijos.

“Este tribunal no debería ser el árbitro de un período de espera de siete días durante el cual las familias deberían elegir por segunda vez -después de haber elegido estar juntas bajo los procedimientos de esta corte- si dejar a sus hijos en Estados Unidos”, argumentó el gobierno en una moción presentada el 24 de julio por la mañana. “Ellos no tienen derecho a dicho período de espera, y no tienen derecho a volver a separarse en absoluto”.

En una declaración, David Jennings, un subdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas, consideró que ese período de espera agravaría aún más el atraso en las repatriaciones y comprometería el espacio -ya limitado- de camas en los centros de detención familiar.

“Un marco de tiempo más largo crearía ineficiencias, aumentaría costos y obstaculizaría significativamente los esfuerzos de ICE para hacer cumplir expeditamente las órdenes de expulsión”, escribió. “Cada día adicional de demora en las deportaciones no solo agotaría los recursos limitados de los contribuyentes, sino que también extendería el tiempo de los extranjeros bajo custodia y ocuparía las camas de detención que se usen durante la demora”.

Quizás lo más importante es que el gobierno argumenta que el juez de distrito no tiene la autoridad legal para ordenar una suspensión de las repatriaciones.

El gobierno sostiene que el proceso actual en vigencia notifica a los padres de sus derechos y opciones con un formulario aprobado por la corte. El formulario les da 48 horas para elegir reunirse con sus hijos, renunciar a la reunificación y ser deportados solos, o para discutir el asunto con un abogado. También afirmó que, hasta ahora, más de 200 padres eligieron ser expulsados sin sus hijos.

Si bien, los abogados del gobierno remarcaron que podrían acordar un período de espera de cuatro días, no aceptarían que sea retroactivo para quienes ya renunciaron a la reunificación, alegando que “una adaptación de esta naturaleza... no es apropiada”.

Lee Gelernt, abogado de ACLU, argumentó que los letrados voluntarios que fueron enviados a asesorar a las familias informan lo difícil que ha sido tener consultas significativas en los centros de detención. “Las cosas son realmente un caos”, le dijo Gelernt al juez, una calificación que el procurador asistente Scott Stewart impugnó “fuertemente”.

Gelernt destacó que el gobierno habló de posibles planes para usar una instalación -Karnes Family Residential Center, en Texas- para procesar a cientos de estas familias y permitir que abogados voluntarios las aconsejen. Gelernt destacó que ello no se puede hacer en unos pocos días.

“Necesitamos desesperadamente ese lapso de una semana”, aseguró.

En una conferencia de prensa realizada el 25 de julio, los voluntarios defensores de inmigrantes proporcionaron un contexto y describieron escenas caóticas de familias que no entienden sus opciones, o lo que les va a ocurrir.

Shalyn Fluharty, abogada delegada de Dilley Pro Bono Project, describió a las madres y los niños que llegan al South Texas Family Residential Center con un “trauma evidente”. “No podemos entablar conversaciones con nuestros clientes cuando tienen algo que ver con la separación, porque tanto el padre como el niño se deshacen completamente en lágrimas”, le dijo a los periodistas.

Muchos de los padres tienen órdenes finales de repatriación, pero sus hijos tienen avisos para presentarse en audiencias de inmigración por separado, comentó, lo cual enfrenta a los adultos a una decisión compleja.

Katie Shepherd, abogada defensora nacional de Immigration Justice Campaign, declaró ante los periodistas que el gobierno está usando múltiples capas de coacción para repatriar a las familias, incluso pidiéndoles a los padres que firmen documentos que no comprenden, sin darles la oportunidad de hacer preguntas y diciéndoles que firmar es la forma más rápida de reunirse con sus hijos.

Las reunificaciones se han llevado a cabo en ocho instalaciones de inmigración designadas y en las oficinas de las agencias locales de servicios sociales. En tres centros de detención cerca de El Paso, Texas, se realizan algunas reuniones en los estacionamientos. A los padres se les colocan monitores de tobillo, lo que les permiten ser liberados en la comunidad mientras sus casos inmigratorios están pendientes, según los defensores que siguen la situación.

Algunas familias están detenidas en conjunto, pero se desconoce cuántas. Cuando el juez preguntó a los abogados del gobierno por una cifra precisa, estos no pudieron responder.

Cuando pase la fecha límite, el 26 de julio, la atención se dirigirá hacia la búsqueda de cientos de padres deportados sin sus hijos, muchos ya probablemente de regreso en Centroamérica.

Sabraw expresó su desilusión de que las familias permanezcan separadas y ordenó al gobierno que presente una lista de esos progenitores ante la ACLU antes del miércoles 25, para que las organizaciones asociadas puedan ayudar con la búsqueda. Además, culpó a la administración Trump por tener “una política que resultó en un gran número de familias separadas sin previsión de reunificación” y por no rastrear a los niños y padres separados como unidades familiares. “Esa es la realidad profundamente preocupante de este caso”, agregó. “Tiene que haber un recuento”.

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