Un tribunal bloqueó la pregunta de Trump sobre la ciudadanía para el censo de 2020

Un juez federal bloqueó el plan de la administración Trump para incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, un proceso que será clave para determinar las elecciones de EE.UU., las bancas en el Congreso y las decisiones de financiamiento federal durante toda una década.

El fallo del 15 de enero se produce después de un juicio que se prolongó dos semanas, en Manhattan, que el gobierno intentó desbaratar más de una docena de veces.

El Tribunal Supremo podría tener la última palabra, cuando escuche una apelación relacionada con el juicio en febrero próximo, con la esperanza de emitir un fallo final antes de que la Oficina del Censo deba finalizar su cuestionario.

“Cientos de miles —si no millones— de personas no serán contadas en el censo si se incluye la pregunta sobre la ciudadanía”, expresó el juez de distrito de EE.UU. Jesse Furman, en una opinión de 277 páginas.

“Al tomar la decisión como lo hizo, el secretario [de Comercio, Wilbur] Ross, transgredió la ley”, expuso Furman, y agregó que el funcionario “violó la confianza pública” al actuar de esa forma con respecto al censo.

La Ley de Procedimientos Administrativos requiere que una agencia “considere todos los aspectos importantes de un problema”, estudie las pruebas relevantes y llegue a una conclusión respaldada por ellas, cumpla con los procedimientos y las leyes, y explique los hechos y las razones de la resolución, prosiguió Furman. La decisión de Ross “se quedó corta en todos estos frentes”, remarcó el juez.

Furman, quien llevó a cabo el juicio sin un jurado, se ocupó de la primera de varias demandas presentadas por docenas de estados y ciudades para bloquear esa pregunta, que no aparece en el censo —realizado una vez por década— desde 1950.

Como primer fallo, alentará a los demandantes en el caso de Nueva York así como a aquellos en procesos similares en California y Maryland, que probablemente irán a juicio a principios del próximo 2020, remarcó Margo Anderson, profesora jubilada de historia y estudios urbanos en la Universidad de Wisconsin, que se opone a la pregunta.

La sentencia ignora tanto la ley como la historia del censo, comentó Hans von Spakovsky, un alto miembro de la conservadora Heritage Foundation, en Washington, que administra el Instituto para el Gobierno Constitucional del grupo.

La ley federal le otorga al secretario de Comercio la autoridad total para determinar qué preguntas se utilizarán en la encuesta, dijo; una consulta sobre la ciudadanía se efectuó por primera vez en 1820, señaló, y actualmente se incluye en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense anual, que se destina a aproximadamente uno de cada cada 36 hogares.

“También evitará que obtengamos datos censales precisos sobre ciudadanos y no ciudadanos de todo el país —la Encuesta de la Comunidad Estadounidense tiene un alcance limitado—, lo cual es vital para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación, la distribución de fondos federales y tener un debate informado sobre la política de inmigración”, destacó Von Spakovsky.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.