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Elecciones en Honduras: O salvamos la democracia o entregamos el país a grupos ilegítimos

Migrantes que buscan llegar a la frontera de México con Estados Unidos
Migrantes que buscan llegar a la frontera de México con Estados Unidos caminan por la carretera cerca de Choloma, Honduras, el jueves 14 de enero de 2021.
(ASSOCIATED PRESS)

El marco jurídico hondureño resiste con penurias la situación sociopolítica que vive el país en 2021. Este domingo 28 de noviembre, en un ambiente de incertidumbre y volatilidad generado por la violencia política y firmes indicios de candidatos implicados en casos de corrupción o redes del crimen organizado, el país se prepara para celebrar elecciones generales.

No solo se elegirá al sucesor del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, hermano del narcotraficante a gran escala Juan Antonio ´Tony´ Hernández, quien fue condenado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en 2019. También se elegirán alcaldes y, más importante aún, el próximo Congreso Nacional. Este tendrá la responsabilidad de escoger Magistrados a la Corte Suprema y el fiscal general del Ministerio Público en los años venideros. Además, el próximo congreso podría tener la posibilidad, si el reparto de asientos corresponde a la oposición, de instaurar una misión anticorrupción con respaldo internacional.

En otras palabras, las elecciones en Honduras del 2021 giran en torno a la oportunidad de un cambio de dirección en las instituciones encargadas de la impartición de justicia o la consolidación de un pacto de impunidad entre fuerzas políticas en un país al que muchos, desde dentro o desde fuera, dan por colapsado.

Este año, paradójicamente, se cumplen 40 años desde la entrada en vigor de la presente constitución hondureña. En 2021 se celebró, también, el bicentenario de la independencia centroamericana del imperio español, sin que haya sido necesario para alcanzar esa imaginaria Génesis como nación el librar una tan sola batalla de independencia. A juzgar por el agotamiento de la era democrática hondureña actual, quizá esa independencia y surgimiento del gobierno autónomo por el pueblo y para el pueblo de Honduras ha sido, hasta la fecha, una ficción.

El abogado Alex Navas tiene una perspectiva singular acerca de este proceso electoral y el contexto sociopolítico hondureño actual. Su participación como jefe interino de la Unidad de Reformas y Asesoría anticorrupción de la MACCIH -Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-, le permitió confrontar la arraigada corrupción de las fuerzas políticas locales desde una plataforma jurídica con respaldo internacional.

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A pesar del desmantelamiento de la MACCIH por el status quo autóctono, Navas desarrolló en primera persona un conocimiento certero de las dinámicas de corrupción y cooptación de las instituciones del estado por parte de muchos que se presentan este año a elecciones. Buscan legitimarse 4 años más en sus posiciones de saqueo, sin que se pueda decir a ciencia cierta si las condiciones del país serían capaces de absorber este nuevo castigo. A continuación, una entrevista a fondo con Alex Navas acerca del proceso electoral hondureño de 2021.

¿Cómo entender el contexto de las elecciones generales hondureñas de 2021?

Honduras enfrenta un duro desafío en las próximas elecciones. La recomposición de las fuerzas políticas dará una nueva visión sobre el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Aunque ya veníamos arrastrando una fuerte crisis, tras el Golpe de Estado de 2009 la corrupción se vuelve mucho más amplia y visible. Atendiendo al Leviatán de Thomas Hobbes -el personaje mitológico que es liberado de las profundidades del mar y amenaza con destruir a los ciudadanos que se levantaron contra los dioses-, el golpe de 2009 liberó los cerrojos del Estado; los candados constitucionales puestos al poder. Y el poder -una élite bastante cerrada que no conoce de partidos políticos o ideología-, se adueñó de las estructuras estatales y se desbocó en contra de la sociedad produciendo más inequidad, corrupción y miseria. Esta élite ha cooptado a otras élites políticas, empresariales, sociales para fines propios. Por eso cuando se habla de oposición, esa línea que podría dividir al oficialismo de la oposición no se puede distinguir muy bien, porque participan también de algunas condicionantes.

¿Hay riesgo de un pacto de impunidad entre las fuerzas que se presentan a elección?

Uno de los aparatos institucionales que sirve para el combate a la corrupción en la primera línea de defensa es el Tribunal Superior de Cuentas. Está dominado por los tres partidos con más representación en el Congreso Nacional: Nacional, Libre, y Liberal. Lo mismo sucede en el Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP-, el Consejo Nacional Electoral -CNE-, la Unidad de Política Limpia -UPL-. Entre los tres partidos con representación en estas instituciones hacen una especie de ‘Triada’ para que no haya ataques directos contra funcionarios y los esfuerzos contra la corrupción tengan resultados muy débiles. Podemos ver lo mismo claramente en la Corte Suprema de Justicia, con 8 magistrados Nacionalistas y 7 Liberales.

También en el Ministerio Público, con Fiscal General Nacionalista y Fiscal Adjunto Liberal. Esta correlación de fuerzas, por lo tanto, no va a tener ningún cambio en noviembre. El bipartidismo de antes, que se ha convertido en una especie de tripartidismo en algunos escenarios del manejo institucional, está condicionado a seguir los patrones dictados por las élites o grupos de poder, está condicionado. Además, otra fuerza política en boga, Salvador de Honduras, quiere representar otra visión de cómo entender la cosa pública. Pero al final, si usted revisa con nombres las personas que están en esta institución, hay personajes que estuvieron vinculados a partidos tradicionales y van a tener la misma posición y conducta para favorecer a ciertos grupos sociales, empresariales y políticos.

¿Estas son unas elecciones desde la anocracia, diría usted?

La anocracia es, como lo define The Economist, un modelo que no permite distinguir la democracia de la autocracia, ya que cumplen con los requisitos formales del Estado de Derecho, pero en la práctica la débil institucionalidad está al servicio del clientelismo político. La democracia hondureña tiene un pecado original: el Estado está constituido sobre la base de favorecer élites de poder, en detrimento de las grandes mayorías. Desde las elecciones de 1982 para la constituyente y presidencia de Roberto Suazo Córdoba, fueron unas elecciones para beneficiar no a la sociedad en su conjunto, sino a grupos vinculados a los partidos políticos y a militares que venían saliendo del poder.

Después del 82 vivimos la década perdida, con los desaparecidos y el estancamiento de las reformas sociales. Nuestra democracia nunca ha tenido, por lo tanto, momentos integradores, pluralistas, con espíritu crítico, en los que todos participamos y la voz de todos se puede escuchar. Sufre, desde aquel tiempo, de un agotamiento. Ha ido a través de los años en caída Libre. El 2009 manifestó ese agotamiento, y la reelección del actual presidente es una culminación de ese proceso en el que la democracia que ha perdido mucho terreno a un modelo verticalizado del poder, con prácticas autocráticas especialmente mecanizadas por el Partido Nacional, que han llevado a un debilitamiento bastante extenso del Estado de Derecho.

¿Con este escenario, cómo puede ser este proceso electoral distinto?

Si por la víspera nos podemos hacer una idea de cómo será la feria, estas elecciones van a ser un proceso convulso. No porque se vayan a tomar medidas violentas por parte del ciudadano común, sino porque van a haber muchas críticas, sospechas, desinformación y medidas de fuerza de los que se resisten a dejar el poder, incluyendo la desestabilización del mismo proceso electoral.

¿El agotamiento de la democracia hondureña encuentra un nuevo ciclo de perfeccionamiento en esta elección del 2021, o se ha alcanzado un punto de quiebre?

Llegamos a nuestro límite desde el 2009. Suceden fenómenos que no se habían formado antes, como las caravanas, a las que se les debería llamar ‘crisis humanitaria por migración compulsiva’. Vivimos el agotamiento total del sistema democrático. Queda una de dos: salvar el sistema democrático, las instituciones y la sociedad hondureña; o entregar el país a grupos subterráneos sin legitimidad. Leía un libro, Y Llegó la barbarie, de José Ángel Ruiz Jiménez, sobre la Guerra en los Balcanes, que plantea lo siguiente: cuando un Estado se fragmenta, y se rompe su institucionalidad, y esta no responde a la sociedad, e impera la anomia -ausencia de ley-, porque no existe un marco jurídico que regule las acciones sociales, entonces quien termina dominando es el hampa.

Las mafias empresariales, del narcotráfico, políticas, y del crimen organizado. Terminan usurpando el lugar del aparato público y de una administración legítimamente electa. Lo vemos en Haití. Quien gobierna allí no son los ministros o el presidente, en este caso asesinado recientemente. Las mafias se apoderan de los recursos del país y los ponen a la venta al mejor postor, en detrimento del bien común de la mayoría. A esto es a lo que estamos llegando: a que mafias controlen territorio e instituciones, incluso las que pueden garantizar la seguridad nuestra, como las fuerzas armadas, policía Nacional, o ministerio público. Hemos quedado a la intemperie.

¿Cuáles serían los indicios de un plan de gobierno que sí quisiera atacar la impunidad?

El ex fiscal general de la República Edmundo Orellana me dijo una vez: para dirigir el estado no solo se necesita ser honesto, o tener un discurso anticorrupción, sino también ser capaz de dirigir. Si se es incapaz se obtendrán los mismos resultados que hasta ahora. Esto se debe tener en cuenta para avizorar quién puede dirigir el Estado. Hay partidos con discurso anticorrupción pero criticar es una cosa y enderezar el rumbo del país es algo distinto. Libre, por ejemplo, tiene uno de los magistrados del TSC, pero eso no se ha reflejado en ese pleno, donde se denuncia la corrupción y no se han realizado los pliegos de responsabilidad contra funcionarios públicos vinculados a la corrupción.

No se pasa del simple discurso. Los Nacionales y Liberales han formado una mancuerna para manejar el estado y no he notado que tengan un discurso contra la corrupción frontal. Dentro de las planillas de estos partidos, incluyendo Libre, hay personas vinculadas a actos de corrupción que la Maccih los procesó en el caso ´Pandora,´ Arca Abierta’ o ‘Red de diputados´ . Pero el partido Salvador de Honduras tampoco se queda fuera de esta ecuación. Hay asesores de este partido que están vinculados a la defensa de actos de corrupción de alto impacto. Si los mismos que han sido sindicados y procesados por temas de corrupción, impunidad y narcotráfico son los mismos que aprobaron el código penal, las leyes electorales y las leyes a las reformas al sistema de justicia, los que van a manejar el proceso electoral, ¿qué esperanza de cambio hay? Si las personas no van a llegar al Congreso Nacional y puestos claves bajo esa óptica de independencia y competencia a las instituciones, no vamos a poder cambiar el estado. Seguiremos en esta bola de nieve que al final será tan grande que será la ruina para la sociedad hondureña y para el propio Estado de Honduras, que implosionará dentro de su propio sistema jurídico.

Nadie habla acerca de quienes van a ser sus candidatos para fiscal general -Ministerio Público-, cuáles van a ser sus candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o la Procuraduría General de la República. O por lo menos cuáles van a ser los requisitos que van a pedir para estas hojas de vida que van a aplicar a estos puestos tan importantes. Decir ‘en mi gobierno vamos a eliminar la corrupción’ es un silogismo construido en base al ilusionismo político, sin ningún contenido y con ausencia de contenido práctico. Cambiar el paradigma de la función pública requiere de independizar y profesionalizar las instituciones: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de la República. Si estas instituciones son independientes y efectivas, daríamos el primer paso para la reconstrucción del Estado de Derecho y la nueva constitución del Estado de Honduras.

¿Usted considera que el rumbo del país cambiaría a partir de la independización y profesionalización de los órganos de la justicia?

No se pueden cambiar las condiciones de vida de los hondureños si existe corrupción endémica. Castigar el delito establecería las primeras bases para la construcción del sistema de Estado de Derecho. Que quienes actúan con impunidad sean juzgados por un sistema judicial independiente a través del debido proceso es lo que constituye el Estado de Derecho. La justicia es transversal para la reconstrucción de la democracia. Pero si las mismas personas van a tomar las riendas del país en las próximas elecciones -70% de los diputados y alcaldes-, la administración pública corroída por la corrupción no sufrirá ningún cambio sustantivo. El bipartidismo no necesita ganar las elecciones. Con 30 diputados hacen inamovibles los cambios constitucionales hechos en la última década, como evitar la derogación de las ZEDES.

En esta reconfiguración política, en la que pueden mantener diputados, alcaldes, ciertos magistrados todavía, el Estado de Honduras seguirá sufriendo el calvario producido por una clase política que se ha alejado totalmente de los intereses soberanos del pueblo. Una de las políticas o propuestas que Libre ha traído desde que el presidente Zelaya tenía el mando del Estado es la constituyente. La comisión de la verdad de 2009 dijo que hay que hablar sobre este tema. La construcción de un nuevo pacto social es un imperativo para la sociedad hondureña. Pero observando cómo está la recomposición política, esto podría constituirse en un contrasentido para el estado y un mecanismo de destrucción del aparato público y de las endebles condiciones de vida de los hondureños. Claro, si este Congreso, por ejemplo, terminase en una constituyente derivada, ¡Imagínese los resultados!

¿Cuáles son las medidas del proceso electoral a las que no habría que quitar el ojo?

Primero, el financiamiento político: cómo se financian, cuánto gastan y quiénes son los políticos que están aspirando a cargos de elección popular -si tienen vínculos con la corrupción o el crimen organizado-. Segundo, cuál es la participación de estos partidos en los organismos tripartitos. Cómo están dando las licitaciones para las empresas, qué empresas licitan, sobre todo en cuanto a las herramientas tecnológicas. Tercero la participación ciudadana, y denunciar y participar activamente como auditores sociales, para que exista un contrapeso real a las prácticas corruptas y clientelares en los sistemas electorales. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad para que el país tenga mejores derroteros en el futuro. De lo contrario tendremos a un país agotado, depresivo, bipolar, que no tendrá ninguna capacidad de reaccionar ante las responsabilidades que se han contraído en el pacto social.


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