¿Juzgarán a los expresidentes mexicanos como propone AMLO?
Si las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta hoy ya habían polarizado a la sociedad mexicana, la propuesta para lanzar una consulta pública que permita enjuiciar a los expresidentes, la ha fragmentado más. Frente a la posibilidad del juicio a los actores políticos del pasado, hoy aparecen dos sectores irreconciliables: los “Chairos”, que están a favor, y los “Fifís”, con una postura en contra.
Atrás quedó el México de la unidad. Conforme se acerca la consulta pública, programada para el próximo domingo 1 de agosto, arrecia la confrontación entre los mexicanos, unos defendiéndola y otros rechazándola. Cada uno con sus razones.
El sector más conservador de la sociedad mexicana, clasificado así por el propio López Obrador, valiéndose de voces de peso como la senadora Lilly Téllez, el periodista Carlos Loret de Mola o los intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, han repudiado la iniciativa de dicha consulta.
Bajo el argumento de que se trata de un linchamiento político más que un proceso democratizador e innovador en cuanto a la aplicación de la justicia, la consulta para enjuiciar a los expresidentes ha sido severamente cuestionada. Lo menos que se ha dicho es que la propuesta del presidente López solo tiene fines mediáticos.
Sin embargo, el mandatario ha reiterado que la intención de este procedimiento es darle participación a la gente en lo que él ha llamado “una democracia participativa”, en donde será la ciudadanía la que establezca las líneas de acción a ejecutar con relación a las afrentas que la población en general vivió en el pasado.
Respecto al sector social que se opone a la consulta, el presidente mexicano ha dicho que “Ellos están más anclados en la democracia representativa, no les gusta la democracia participativa y es hasta mucho decir que les gusta la primera, porque suele pasar que no les agrada la soberanía popular, aunque finjan”.
La SCJN y el INE, imponen condiciones
Hasta hoy, el proceso legal para llevar a cabo la consulta ha pasado los dos principales filtros que la amenazaban: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INE finalmente han autorizado que se cuestione a los mexicanos si desean ejecutar un juicio penal contra los expresidentes.
Pero el aval de la SCJN y del INE ha tenido un costo: La SCJN enmendó la pregunta para que no se cuestione al electorado directamente sobre los exmandatarios. El texto del enunciado se cambió en los términos “expresidentes” por el de “actores políticos”, así como “enjuiciamiento” por “acciones pertinentes, con apego al marco constitucional”, que para efectos legales es lo mismo, pero no para el entendimiento de la población.
La pregunta final, un tanto compleja, que se plasmará en la boleta de la consulta popular del próximo domingo quedó en los siguientes términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Aun con esa pregunta compleja, el INE también ha establecido sus condiciones; solo se aceptarán los resultados de la consulta si la participación de electores es por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, dicho procedimiento, solo será válido si votan por lo menos 37.5 millones de personas.
Inician los preparativos
La consulta popular con la que el gobierno federal pretende tener el aval de la población para iniciar procesos penales contra los expresidentes, según refieren los Consejeros Ciudadanos del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona, tendrá un costo al erario de 528 millones de pesos.
El importe de este ejercicio democrático finalmente ha resultado menor del que se había proyectado inicialmente, cuando el INE solicitó una ampliación de presupuesto por el orden de los mil 499 millones de pesos, sin embargo, tras negociaciones con el poder Ejecutivo, fue ubicado en su monto mínimo de 528 millones de pesos.
De acuerdo al INE, el monto que se aplicará para llevar a cabo la consulta, en su mayoría será absorbido por el costo de instalación de 57 mil mesas de votación, las que funcionarán con el apoyo de 9 mil 800 agentes electorales, los que capacitaron a por lo menos 287 mil funcionarios ciudadanos que serán los encargados del conteo de los sufragios.
La instalación de casillas para la consulta sobre los expresidentes abarcará los 300 distritos electorales en que se encuentra dividido el territorio nacional, estimando que cada una de estas, deberá contar con por lo menos 2 mil boletas.
La tendencia del voto
A cinco días de que se lleve a cabo la histórica consulta popular, ya existen tendencias de la intención del voto que podría emitirse el día de la jornada. Diversas casas encuestadoras le dan una abrumadora mayoría al “Sí” por el enjuiciamiento de los expresidentes.
Un ejemplo de ello es la encuesta dada conocer por la casa encuestadora TResearch, la que establece que el 80.8% de los electores daría un “Sí” para que se enjuicie a los expresidentes, el 10.7% diría que “No” y solo un 8.5% es incierto saber cómo votará.
Frente a esta tendencia y para no influir en el ánimo de los votantes, el mismo mandatario Andrés Manuel López Obrador, pese a que es él quien está promoviendo esta iniciativa, ha reiterado que no participará en la misma, esto bajo el argumento de “no ser juez y parte”, según lo explicó en una de sus conferencias mañaneras.
El presidente se ha manifestado a favor de que “la gente decida con libertad sobre su futuro, que es mandar obedeciendo. Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no asistiré a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante”, explicó públicamente.
El voto razonado e informado
En la promoción que se ha iniciado para que la mayoría de los mexicanos participen en este plebiscito, el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo ha hecho un amplio llamado a todos los alcaldes electos en la jornada electoral del pasado 6 de junio, para que se promueva la colaboración de todos los ciudadanos.
Se trata –ha dicho el dirigente de Morena- de una acción constitucional y democrática mediante la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de ser parte en las acciones de gobierno para hacer valer el estado de derecho que anteriormente no se consideraba.
Otros representantes del sector social que están a favor de la consulta popular, como es el periodista Vicente Serrano, han realizado sendos llamados a través de su espacio informativo “Sin Censura”, para que la población acuda a las urnas el día 1 de agosto y emita su voto a favor del enjuiciamiento de los actores políticos del pasado que causaron daño a los mexicanos.
Hay que recordar que la propuesta de enjuiciamiento penal no solo comprende a los expresidentes vivos, sino a todos “los actores políticos”, esto significa que también ex secretarios de estado, ex gobernadores, ex diputados federales y locales, ex senadores, ex alcaldes y hasta ex regidores, serían alcanzados por el resultado del plebiscito.
Desde espacios informativos progresistas se ha llamado al electorado a que se informe antes de emitir su voto. Y para ello se ha recomendado una serie de libros que hablan del descuido con el que ejercieron el poder los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entre los libros que se recomiendan para que el electorado obtenga las bases de conocimiento histórico en esta coyuntura, se encuentran por lo menos 70 títulos escritos por periodistas independientes e investigadores de prestigio.
De los textos recomendados para revisar la actuación de los expresidentes, destacan: “El Cártel Negro”, de Ana Lilia Pérez Guillén; “Secreto Conspiración 2014”, de Leopoldo Mendívil; “Fox, Negocios a la Sombra del Poder”, de Raúl Olmos; “Así en Los Pinos como en La Tierra”, de Diana Penagos; “La Guerra Improvisada”, de Guadalupe Correa y Tony Payán.
También se sugiere la lectura de “En Manos del Narco”, de Ricardo Ravelo; “La Verdadera Noche de Iguala”, de Anabel Hernández; “Crímenes de Cuello Blanco”, de Edgar Morín; “El Amasiato”, de Álvaro Delgado; “Los Cómplices del Presidente”, de Anabel Hernández; “Los Millonarios de la Guerra”, de Peniley Ramírez; “Felipe el Oscuro”, de Olga Wornat; “México en Llamadas”, de Anabel Hernández; “El Señor de la Muerte”, de Francisco Cruz; “Estado de Emergencia”, de Carlos Fazio; “Santa Ana y Peña Nieto”, de Enrique Ávila; “La Historia Detrás del Desastre”, de Roberto Rock, y “El Licenciado” y “Jaque a Peña Nieto”, del que esto escribe, entre otros.
Los pecados de los expresidentes
La lista de los posibles actos ilícitos en los que pudieron haber incurrido los expresidentes que estarán ante la justicia popular el próximo 1 de agosto, son muchos, pero sin duda los actos que más molestan a los mexicanos son aquellos que tienen que ver con la enajenación del territorio nacional y sus recursos energéticos y económicos.
Así, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, podría ser enjuiciado por su responsabilidad en el desmantelamiento de los medios de producción propiedad del Estado, con los que México hubiese podido alcanzar un mayor desarrollo económico. Salinas de Gortari, es visto como el responsable de vender una serie de empresas paraestatales, con lo que favoreció el enriquecimiento ilícito de un grupo de empresarios mexicanos que hoy son los más ricos de américa latina.
El ex presidente Carlos Salinas vendió empresas rentables a precio de oferta, tal es el caso de la agroindustrial Alpura, la automotriz Dina, la más importante de telecomunicaciones, Telmex; así como las instituciones crediticias Banca Cremi, Banpaís, Multibanco Mercantil de México, Banco de Centro Bancomer, el Multibanco Comermex, El Banco Nacional De México (Banamex), Serfín y el Banco Internacional, además medio centenar de minas y la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas.
Ernesto Zedillo Ponce de León, además de crear el Fobaproa –un fondo federal con el que absorbió la deuda bancaria de cientos de grandes empresarios mexicanos- fue también el responsable de vender el ferrocarril mexicano, también continuó con la entrega de los activos mineros del país.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se otorgaron concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transportes de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa), y por mil 400 millones de dólares vendió la Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) a industrias Kansas City.
Vicente Fox, además de entregar el territorio nacional al cártel de Sinaloa, con Genaro García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), también siguió con el saqueo nacional; terminó con la entrega de los ingenios azucareros, las reservas mineras, y comenzó a dar concesiones para la explotación de petróleo, energía eléctrica y gas, a través de sociedades internacionales que se establecieron con Pemex y la CFE.
Felipe Calderón, además de continuar con la entrega de los recursos naturales, fue el autor de la alianza entre narcos y estado, permitiendo la operación de por lo menos 12 cárteles de las drogas en todo el país. Fue el creador de la llamada Guerra Contra el Narco y sumió al país en un baño de sangre que costó más de 130 mil vidas.
Finalmente, también se podría emplazar a juicio a Enrique Peña Nieto, quien no solo continuó con la guerra contra el narco y las relaciones narco-estado, sino que terminó por otorgar toda la soberanía energética de México a través de la llamada Reforma Energética, con la que entregó una tercera parte del territorio nacional a empresas transnacionales.
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