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Tras la recompensa ofrecida por EE.UU por la captura de los hijos de “El Chapo”, se espera un baño de sangre

En el video dado a conocer por las autoridades mexicanas, se ve a Ovidio
En el video dado a conocer por las autoridades mexicanas, se ve a Ovidio, hijo de El Chapo, haciendo una llamada telefonica, pidiéndole a sus fuerzas que detengan el operativo.
(EFE)

Como parte de la estrategia oficial del gobierno de Estados Unidos para lograr la desarticulación del Cartel de Sinaloa, una vez que su principal activo –Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”- ya se encuentra sentenciado a cadena perpetua, se anunció por parte del Departamento de Estado una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información fidedigna que pueda dar con el paradero y la detención de los hijos del Capo.

De acuerdo a la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que fue emitida el pasado miércoles, el gobierno norteamericano pagaría hasta 5 millones de dólares a quien delate la ubicación de Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes son considerados los herederos del reino criminal de Joaquín Guzmán Loera.

Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que ahora tienen precio sobre sus cabezas, son los que encabezan la organización criminal conocida como “Los Chapitos” o “La Chapiza”, la que se separó de la fracción del Cartel de Sinaloa conocida como “Fuerza Z” o “Fuerzas Especiales del Señor Zambada”, que lidera Ismael Zambada García, “El Mato”, quien se había quedado con todo el control del Cartel de Sinaloa desde que Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, el 20 de enero del 2017.

“Los Chapitos” o “La Chapiza” es uno de los carteles de las drogas más poderosos de México. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, esta organización –se estima- cuenta con al menos 5 mil hombres armados y controla el trasiego de drogas en la zona norte de Sinaloa, el poniente de Sonora y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur.

A esta organización criminal, la que se considera se encuentra liderada por Aureliano Guzmán Loera, “EL Guano”, hermano de Joaquín Guzmán, se le atribuye el control de las fronteras de México con Estados Unidos, en los pasos de Sonoyta, Nogales y Sásabe, en Sonora, así como la de Puerto Palomas, en Chihuahua, a través de las cuales, se trasiegan decenas de tonelada de cocaína desde México a Estados Unidos.

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De acuerdo a un comunicado emitido por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, los cuatro hijos de “El Chapo” que ahora son buscados con recompensa “son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa y cada uno está vinculado a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”. Sin embargo, pese a ese señalamiento, los referidos narcotraficantes, a excepción de Ovidio Guzmán, no cuentan con órdenes de aprehensión en México.

Justicia sin interés en los hijos del Chapo

Al menos ocho personas fueron asesinadas el jueves
Al menos ocho personas fueron asesinadas el jueves cuando los pistoleros del cártel de Sinaloa y las fuerzas federales se enfrentaron en Culiacán, una de las ciudades más grandes de México.

Para la justicia mexicana, la acción criminal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera ha pasado por alto; no solo no hay orden de aprehensión contra Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín Guzmán Hijo, sino que el propio Ovidio Guzmán López fue detenido, pero puesto en libertad de nueva cuenta, en un operativo fallido registrado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre del 2017.

Sobre este hecho que se conoce ya como “El Culiacanazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar en la conferencia mañanera de este jueves, en donde estableció que fue por orden presidencial, dictada por él mismo, que el estado mexicano se negó a la detención de este narcotraficante.

De acuerdo a la versión pública emitida este jueves por el presidente López Obrador, fue él quien ordenó que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán Lopez luego de estar detenido, y es que –según el presidente de México- “la captura de Ovidio Guzmán habría significado una matanza”, pues a su decir, las fuerzas criminales de “Los Chapitos” habían tomado como rehenes a familias de militares destacamentados en Culiacán.

Según el presidente López Obrador, si se hubiera continuado con la detención de Ovidio Guzmán, por los menos unas 200 personas, todas civiles e inocentes, habrían sido ejecutadas, como represalia, por parte de los grupos criminales a las órdenes de “Los Chapitos”, las que sitiaron la ciudad de Culiacán aquel 17 de octubre del 2017.

De esa forma, a través de esta versión, el presidente López Obrador exoneró de toda responsabilidad legal al que en ese momento era el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño (hoy gobernador de Sonora), quien estuvo a cargo del operativo fallido y sobre el que había recaído la responsabilidad histórica de la liberación de Ovidio Guzmán.

Dicho sea de paso, el presidente López Obrador, en la mea culpa que manifestó este jueves, al ser cuestionado sobre la intencionada liberación de Ovidio Guzmán López, también reconoció, sin mencionar nombres de responsables, que el operativo para la captura de este narcotraficante fue “un operativo mal hecho”, en donde –según su decir- no se previó la violenta reacción de las células de ese grupo criminal que terminaron por doblegar al Estado Mexicano.

También, López Obrador reconoció este jueves, que luego de la liberación de Ovidio Guzmán, de la que dijo no tuvo ninguna reacción por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno mexicano recibió la oferta del gobierno estadunidense para contar con un grupo de fuerzas especiales a fin de lograr la recaptura de Ovidio Guzmán, lo cual no fue aceptado por atetan contra la soberanía del gobierno de México.

La policía municipal en acción durante enfrentamientos entre grupos armados
La policía municipal en acción durante enfrentamientos entre grupos armados con las fuerzas federales en calles de Culiacán, en el estado de Sinaloa (México). EFE/ Iván Medina

Una prolífera descendencia

Más allá de su sanguinaria forma de conducir los destinos del Cartel de Sinaloa, si hay un aspecto que caracterice a Joaquín Guzmán Loera, es su prolífera descendencia. A ciencia cierta no se sabe cuántos hijos tiene. Algunas fuentes cercanas a su familia refieren que “El Chapo” tiene 13 hijos, pero otras versiones le atribuyen la paternidad de por lo menos 21 personas.

Lo cierto es que públicamente solo se conoce la existencia de 10 hijos, producto de cuatro matrimonios. “El Chapo Guzmán” ha estado casado con Estela Peña, Alejandrina Salazar, Griselda López y Emma Coronel, esta última la única de sus esposas asociada con acciones de narcotráfico dentro del Cartel de Sinaloa, por lo que se encuentra sentenciada a tres años de prisión en Estados Unidos.

De acuerdo a versiones de fuentes cercanas a la familia de El Chapo, de su primer matrimonio con Estela Peña, no hubo descendencia. “Fue un matrimonio fugaz que apenas duró formalmente, menos de dos años”. La relación terminó por los celos de Estela Peña, quien no soportó la vida de dispendios de su marido. Después vino el casamiento con Alejandrina Salazar.

Con Alejandrina Salazar, Joaquín Guzmán Loera procreó cuatro hijos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y César. De estos, el único que hasta ahora había sido vinculado con acciones de narcotráfico es Iván Archivaldo, quien en el 2005 fue detenido y recluido en la cárcel Federal de Puente Grande, en donde fue acusado por Lavado de Dinero, pero de donde salió tres años después por supuesta falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR).

La liberación de Iván Archivaldo se dio cuando Genaro García Luna, el socio del Cartel de Sinaloa, ya fungía como Secretario de Seguridad Pública (SSP) en la administración del presidente Felipe Calderón. Se presume que esa liberación fue un favor hecho por García Luna a su socio del cartel Ismael Zambada García.

También durante la administración de Felipe Calderón, el 12 de octubre del 2012, fue detenida Alejandrina Giselle Guzmán Salazar. Ella fue capturada por elementos de la DEA en el paso fronterizo de Tijuana-San Diego, acusada de tráfico de drogas. Pero, la intervención de Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Publica de México, le garantizó la libertad, bajo el argumento de “estar bajo vigilancia por parte del gobierno mexicano” como parte de una operación para desarticular al Cartel de Sinaloa.

Por lo que hace a Cesar y Jesús Alfredo, estos nunca habían sido inidentificados por la autoridad judicial mexicana como actores del narcotráfico. Por fuentes periodísticas, se ha podido establecer que Jesús Alfredo es el lugarteniente de su hermano Iván Archivaldo y responsable de las labores de blanqueo de dinero que genera el narcotráfico, pero hasta el día de hoy la Fiscalía General de la República no ha abierto ninguna carpeta de investigación sobre él.

Con su tercer matrimonio, al casarse con Griselda López, “El Chapo” tuvo otros cuatro hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. De estos, Edgar fue ejecutado en mayo del 2008, a las afueras de un centro comercial de Culiacán, en donde participaron elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), quienes de esa forma ayudaron al cartel de Los Hermanos Beltrán Leyva a cobrar venganza contra “El Chapo”.

Según se ha podido establecer, el asesinato de Edgar Guzmán López, un muchacho que estaba alejado del narcotráfico y estudiaba administración de empresas, fue ejecutado por un grupo de la PFP puesto a las órdenes del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva -por órdenes de Genaro García Luna-, para ayudar a Arturo Beltrán Leyva a cobrar venganza contra “El Chapo”, al que le atribuyó la captura y entrega de Alfredo Beltrán Leyva, quien finalmente fue recluido en la cárcel federal de Puente Grande.

Sobre Griselda Guadalupe Guzmán López, hasta hoy no hay evidencias judiciales ni periodísticas que la vinculen con actividades ilícitas o relacionadas con el Cartel de Sinaloa. No así con Ovidio y Joaquín. El primero, como ya se ha dicho, fue detenido y puesto en libertad por el gobierno mexicano en el 2017, por su responsabilidad en la conducción de la empresa criminal de “Los Chapitos”, en donde también Joaquín Guzmán López actúa en comando.

Del más reciente matrimonio de Joaquín Guzmán Loera, el que sostiene actualmente con Emma Coronel, nacieron dos niñas, cuyos nombres se reserva por ser menores de edad, las que evidentemente no están ligadas al narcotráfico. Pero su esposa Emma Coronel se ha declarado culpable del delito de lavado de dinero en Estados Unidos, razón por la que hoy enfrenta una sentencia de tres años de prisión.

Fotografía cedida por El Debate de Sinaloa que muestra fuertes enfrentamientos
Fotografía cedida por El Debate de Sinaloa que muestra fuertes enfrentamientos entre grupos armados con las fuerzas federales este jueves, en Culiacán (México). EFE/ Luis Gerardo Magaña El Debate De Sinaloa.

A la Caza de Los Chapitos

Con la puesta de precio sobre las cabezas de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Joaquín y Ovidio Guzmán Lopez, se presume una cacería sobre los herederos del imperio criminal de “El Chapo Guzmán”. Pero esta no es la primera cacería que se lanza sobre los hijos de Guzmán Loera. Ya desde hace por lo menos tres años el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ha estado en la búsqueda de los cuatro hermanos.

La razón de la cacería que ha lanzado el CJNG sobre los hijos de “El Chapo”, obedece a que Nemesio Oseguera considera a Los Chapitos como sus enemigos, porque ellos se han negado a pactar una alianza con el Cartel Jalisco, luego que la otra fracción del Cartel de Sinaloa, la que encabeza Ismael Zambada García, ya aceptado una asociación de facto.

Como parte de las acciones de Nemesio Oseguera para dar con la captura o muerte de los hijos de “El Chapo” se ha revivido una de las agrupaciones más sanguinarias que operan dentro del narcotráfico mexicano: el Escuadrón de la Muerte, conocido como “Los 28”.

El Escuadrón de la Muerte de Los 28 es una agrupación de sicarios que fundó en el 2015 el jefe fundador del Cartel de Los Dámaso, Dámaso Lopez Nuñez, mejor conocido como “El Lic”, quien operaba con el apoyo del Fiscal de Nayarit Edgar Veytia, “El Diablo”, los que delinquieron también en alianza con el Cartel del H2, el que encabezó Francisco Patrón Sánchez, el socio del General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando Edgar Veytia y Dámaso López Nuñez quedaron sin protección del secretario general Salvador Cienfuegos Zepeda, y se entregaron a las autoridades norteamericanas, luego que el General Salvador Cienfuegos ordenara el asesinato de su socio Francisco Patrón Sánchez, el Escuadrón de la Muerte de los 28 quedó sin cabeza, y fue reclutado por Nemesio Oseguera, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Hasta antes de ser reclutados por el CJNG el llamado Escuadro de la Muerte de los 28 trataron de operar como cartel independiente y se asentaron en la zona de Baja California Sur, rentándose en ocasiones al Cartel de los Hermanos Arellano Félix, para sostener su guerra generacional establecida con el Cartel de Sinaloa.

Desde el 2019, el Escuadrón de la Muerte de los 28 está bajo las órdenes de Nemesio Oseguera y su principal encomienda en la captura, vivos o muertos, de los cuatro hijos de “El Chapo”, los mismos a los que ahora el gobierno norteamericano les ha puesto precio a sus cabezas. Hoy, por fuentes dentro del CJNG, se sabe que el Escuadro de la Muerte de los 28 ya se encuentra extendidos en las principales localidades de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, en donde se busca a Jesús Alfredo, Iván Archivado, Joaquín y Ovidio Guzmán.

¿Qué es el Escuadrón de la Muerte de “Los 28”?

El grupo de “Los 28”, es un grupo de matones a sueldo, que ya existía desde principios del 2014, cuando se formó a iniciativa de los hermanos Jorge Alberto, Felipe Eduardo y Carlos Alberto Guajardo García, con la finalidad de proteger las actividades de narcomenudeo del Cartel de Los Dámaso, principalmente en las zonas turísticas de La Paz, Guerrero Negro, Mulegé, Comondú y Los Cabos.

Este grupo inicialmente era contrario a Los Dámaso. Fue el primero que mostró resistencia a la presencia de “El Lic” en Baja California Sur, cuando inició el control de la plaza, aun con el respaldo del cartel de Sinaloa, luego que “El Chapo” Guzmán dividiera la zona del Pacifico en secciones para el control del narcomenudeo.

Por decisión de Joaquín Guzmán Loera, a Los Dámaso se le entregó el estado de Nayarit, una parte del puerto de Mazatlán, y toda la península de Baja California. La parte norte de Sinaloa, el estado de Sonora y la zona central de Chihuahua, fue entregada al grupo de Ismael Zambada García, en tanto que la región central de Sinaloa, y la otra parte de Mazatlán, fue dejada a Jesus Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

En Nayarit, el grupo de Los Dámaso se posicionó con el apoyo del entonces fiscal general del estado Edgar Veytia, el que puso a disposición del grupo criminal toda la estructura de procuración de justicia del gobierno local, a cambio de que no se dispararan los índices delictivos en esta entidad, los que en los siguientes tres años fueron los más bajos de todo el país.

Con “El Chapo” Guzmán aun como aliado, Los Dámaso se pudieron posicionar en la parte sur de la península de Baja California, en donde conjuntamente encararon la resistencia de la banda de “Los 28”, pero fue otra narcomenudistas en la zona de La Paz, Melissa Margarita Calderón Ojeda, “La China”, la que entabló las negociaciones para una tregua entre Los Dámaso y “Los 28”.

“La China”, quien entre el 2012 y 2013 infiltró a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de La Paz, para permitir el narcomenudeo en la capital de Baja California Sur, era una de las integrantes de “Los 28”, pero fue secuestrada por el grupo de Los Dámaso, ofreciendo -a cambio de salvar su vida- gestionar una tregua entre los dos grupos en confrontación.

La encomienda autoimpuesta por “La China”, dio frutos a solo uno días de haber recibido el perdón por parte de los sicarios de Los Dámaso. No le costó trabajo. Se valió de la relación sentimental que sostenía con Abel Nahúm Quintero Manjarrez, “El Grande”, quien era uno de los jefes de la banda de “Los 28”.

De acuerdo a fuentes federales, las gestiones de “El Grande” con los jefes de su banda, los hermanos Jorge Alberto, Felipe Eduardo y Carlos Alberto Guajardo García, tuvieron éxito; los tres hermanos se reunieron en al menos cuatro ocasiones con Dámaso López Serrano para establecer una alianza y mantener el bajo perfil el boyante negocio del narcomenudeo en las zonas turísticas de Baja California Sur.

Esa alianza fue la que permitió encarar la presencia de grupos de narcomenudistas del cartel de Tijuana, los que ya estaban asentados también en las regiones turísticas del estado, principalmente de La Paz, Los Cabos, Los Barriles, El Pescadero y Todos Santos, siendo este un factor que empujo los índices de violencia al alza a principios del 2016.

El Grupo de Élite

Cuando se declaró la guerra abierta entre “El Chapo” Guzmán y los Dámaso, a finales de diciembre del 2016, la instrucción de “El Lic” fue la integración de un grupo de sicarios destinados exclusivamente a la búsqueda y persecución de los hijos de Guzmán Loera, encomienda que fue encargada a su hijo Dámaso López Serrano, quien ordenó reclutar a los 50 mejores hombres de “Los 28”, para lazarlos a la cacería de “Los Chapitos”.

El grupo de sicarios de “Los 28”, fue integrado por iniciativa de Gabriel Antonio Leal Gutiérrez, un ex policía municipal de La Paz que comenzó a operar en el narcomenudeo al servicio de los hermanos Guajardo García; su nombre clave dentro de la agrupación a la que se sumó era “El 28”, de allí el nombre de la banda.

Como lugarteniente de “El 28”, desde la integración de esta banda, fue asignado Abel Nahúm Quintero Manjarrez, “El Grande”, un ex militar que, tras la alianza con Los Dámaso, fue encargado de dar instrucción de guerra a los integrantes de esa organización, los que llegaron a ser más de 130 efectivos, reclutados principalmente de las policías municipales y direcciones de transito de La Paz y Los Cabos.

De acuerdo a la averiguación previa penal PGR/SEIDO/UEIDCS/059/2015, la que se integró en la federación tras la captura de “El Grande”, se establece que este criminal había estado reclutando sicarios para servir a los intereses de Los Dámaso, a quienes les daba capacitación en el manejo de las armas, en un campo ubicado en el predio Los Encinitos, sobre la carretera La Paz-San Juan de los Planes.

En este sitio, de acuerdo a un funcionario de la PGR, Los Dámaso, estuvieron capacitando a sus sicarios desde abril del 2014, pero arreciaron con la instrucción paramilitar a finales del 2016, cuando se dictó la encomienda de integrar un grupo de élite para el cometido del asesinato de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

El que manda es “El Lucifer”

Al frente del grupo de sicarios de “Los 28”, que tenía como objetivo el asesinato de los hijos de “El Chapo”, fue designado Antonio Morales Uriarte, “El Lucifer”, un testaferro que fue reclutado por Javier López Rivera o Javier Acosta López, “El Javier”, jefe de la banda de “Los Javieres”, la que se sumó a “Los 28” para cazar a los hijos de “El Chapo”.

“El Javier” fue asesinado el 8 de julio del 2016, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, cuando estaba tras la pista de Jesus Alfredo Guzmán Salazar, quien fue ubicado en esa región por elementos de la policía estatal pagados por Los Dámaso, quien se había desplazado desde La Paz, con una veintena de hombres para cumplir el cometido.

A “El Lucifer” lo detuvieron fuerzas federales en La Paz, el 6 de marzo del 2017, luego que su ubicación fue señalada por una denuncia anónima, presumiblemente de informantes al servicio de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los que fueron desplazados en la zona de La Paz, para desarticular a red de homicidas de Los Dámaso, que van por sus cabezas.

Aun cuando “El Lucifer” fue detenido y procesado, su peligrosidad no ha cesado. Desde la cárcel federal de Almoloya negoció con Nemesio Oseguera para ceder el control sobre el grupo criminal que de nueva cuenta tiene encomienda de asesinar a los hijos de “El Chapo”, por lo que se ha ordenado su despliegue en las zonas de Mazatlán y Culiacán, en busca de “Los Chapitos”, por los que se ofrece un bono de 100 mil dólares, al sicario que los ejecute.

La peligrosidad, aun preso, de Antonio Morales Uriarte, “El Lucifer”, es tanta que ningún periodista en La Paz se atreve a mencionar su nombre, pues existe la amenaza de ejecutar a quien lo señale en medios informativos; Maximino Rodríguez Palacios, periodista del colectivo Pericú no atendió a la amenaza, y fue ejecutado el 14 de abril del 2017, en el municipio de La Paz.

Una mujer, “La Pieza Clave”

En septiembre del 2015, aún antes de que siquiera la entonces Procuraduría General de la República (PGR) supiera contra quien se estaba enfrentando, ya había comenzado la debacle del Cartel de Las Fuerzas Especiales de Dámaso (FED), luego que elementos federales lograron a detención de Melissa Margarita Calderón Ojeda, mejor conocida como “La China”.

Esta mujer, que en apariencia era solo una narcomenudistas en el municipio de La Paz, en realidad fue la punta de la madeja para poder llegar a la cabeza de la estructura del que se apuntaba con ser uno de los carteles de las drogas más poderos de México, al disputar el control del Cartel de Sinaloa a la familia de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, donde ahora se ha colocado el Cartel Jalisco Nueva Generación.

“La China”, cercana a Ovidio Guzman, fue detenida por última vez el 9 de septiembre del 2015 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur; antes ya había sido detenida, y puesta en libertad “por falta de pruebas”, el 14 de abril del 2012, el 26 de septiembre del 2013 y el 27 de junio del 2014, las primeras dos veces por riña y lesiones, y la tercera por robo.

Todas las detenciones de “La China” fueron en el municipio de La Paz, primero en las inmediaciones del casino Fortune, y las últimas dos ocasiones en una de las calles de la Tercera Sección de la colonia Arcoíris; en las tres ocasiones se le relación con el grupo de narcomenudistas de Los Dámaso, pero el agente del ministerio público federal, no pudo –o no quiso- sostener su tesis y la puso en libertad.

Hasta la cuarta ocasión en que fue detenida, fue que a “La China” se le relacionó con las llamadas Fuerzas Especiales de Dámaso, cuyo mando habría asumido tras la detención de José Cruz Alonso Lozoya Uriarte o Abel Nahúm Quintero Manjarrez, “El Grande”, la que ocurrió el 28 de mayo del 2015, tras un enfrentamiento con policías ministeriales, registrado en el cruce de las calles Pino Payas y Francisco J. Mújica, de la colonia Villas del Encanto, en el municipio de La Paz.

A partir de ese momento, Melissa Margarita Calderón Ojeda, “La China”, comenzó a colaborar con el agente del ministerio público de la Federación, para poner al descubierto la estructura delincuencial del cartel de las FED y la forma en que el líder de la organización, Dámaso López Núñez, “El Lic, se estaba haciendo del control de todo el estado de Baja California Sur, y había extendido un plan para matar a los hijos de “El Chapo”.

Hasta antes de la detención final de “La China”, en la entonces PGR no se tenía idea de la magnitud del cartel de las drogas que se estaba enfrentado, pues la mayoría de las pesquisas que se abrieron sobre los detenidos del grupo de Los Dámaso, fueron incluidas en carpetas de investigación sobre narcomenudeo, sin que en ello interviniera la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada.

El enemigo invisible que hasta antes del 2015 estaba encarando la PGR en Baja California Sur, comenzó a tomar forma y a tener un rostro, luego de las aportaciones en información que hizo “La China”, la que detalló cómo estaba integrado el grupo de sicarios de los que una parte ella comandaba en la zona de Baja California Sur.

Hasta antes de la detención de “La China”, las FED estaban conformadas por dos grupos de sicarios, comandando desde la paz por “El Lucifer”, Antonio Morales Uriarte, que operaba desde La Paz, y el otro dirigido por la misma Melissa Margarita Calderón Ojeda, que operaba desde Los Cabos.

Al grupo de las FED que comandaba “La China” se sumó el grupo de pistoleros conocidos como “Los 28”, los que lideran los hermanos Jorge Alberto, Felipe Eduardo y Carlos Alberto Guajardo García, quienes tenían dominio de las actividades de narco menudeo en la zona de La Paz, Guerrero Negro, Mulegé y Comondú.

Por su parte el grupo de las FED comandando por “El Lucifer”, se vio fortalecido por el jefe del narco menudeo en Los Cabos, Adrián Medina Velázquez “El 5” o “El Moreno”, quien mantenía una disputa por el control de las drogas en las zonas turísticas de Baja California Sur, con el grupo de pistoleros de “Los 28”.

La disputa entre “Los 28” y “El 5”, hizo que este último “pusiera” ante las fuerzas federales a Melissa Margarita Calderón Ojeda, la que, tras ser detenida, proporcionó información no solo sobre la estructura del cartel de las FED en Baja California Sur, sino también sobre la ubicación de “El Lucifer”, el que fue detenido apenas el pasado 6 de marzo, y quedó al descubierto el complot contra los herederos de Joaquín Guzmán Loera.

Ahora, de nueva cuenta, la guerra: El Mencho ha reagrupado a ese grupo delictivo, con la única intención de desarticular la facción del Cartel de Sinaloa que sigue bajo el control de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los mismos que también son reclamados por el gobierno de Estados Unidos. Solo falta ver quién los captura primero.


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