Demasiados enfermos mentalmente esperan ser ejecutados en el corredor de la muerte de California

En una tarde de agosto de 1984, Linda Marie Baltazar Pasnick, una aspirante a modelo de 27 años de edad, realizaba unos trámites antes de una competencia de moda cuando ingresó a la ventanilla de autoservicio de un Der Wienerschnitzel.

Mientras esperaba en la fila, un mendigo puso su rostro contra su ventana y ella lo espantó. Ronnie McPeters regresó con un arma, se inclinó hacia el vehículo y le disparó tres veces. Después, mientras el automóvil se desplazaba hacia adelante y la mujer pedía ayuda desesperadamente, el hombre volvió y disparó dos veces más.

McPeters pasó los siguientes nueve meses en la “sala de goma” de la cárcel de Fresno, donde inició incendios y atacó a los carceleros. También le dijo a un psiquiatra que estaba filmando un comercial. Su extraño comportamiento escaló hasta que llegó al corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, donde en meses cayó en un estado de estupor, cubriendo las paredes, el piso y a sí mismo con excrementos.

Ahora, McPeters se encuentra en el centro de una batalla legal que tiene profundas implicancias para aquellos que aguardan la pena de muerte de California.

La oficina de la fiscal general Kamala Harris le ha pedido a la Corte Suprema de California retirar a McPeters del corredor de la muerte, argumentando que el detenido siempre será considerado demasiado insano o con problemas mentales para una ejecución. Los fiscales estatales sostienen que la sentencia debería mutar a ‘condena perpetua’, para que el hombre pase sus días en otras prisiones o en instalaciones de salud del estado.

Si la corte superior concuerda, la teoría jurídica de Harris de la “incompetencia permanente” haría de California el primer estado en abordar el creciente problema del envejecimiento y el deterioro mental de los presos en espera de las siempre demoradas ejecuciones. Pero la medida también puede provocar indignación en las familias de las víctimas, que sienten que las penas de muerte dictadas por jueces deben ser cumplidas.

El adjunto de Harris señaló que California tiene “al menos un par de otros internos condenados” quienes, al igual que McPeters, no parecen aptos para su ejecución, aunque declinó dar sus nombres.

Los jueces federales han declarado que nueve hombres con pena de muerte, entre ellos McPeters, son tan incompetentes que no pueden siquiera atender a sus abogados. Los defensores de al menos otros 10 sentenciados a muerte han intentado formular alegatos por salud mental. Los jueces, sin embargo, se han negado a escuchar esos casos y señalaron que era prematuro decidir la cuestión hasta que la ejecución fuese inminente.

En sus peores días en espera de la ejecución, McPeters hace acopio de sus heces o se empapa en su propia orina, según los informes psiquiátricos de los documentos judiciales. También le habla a una esposa y un hijo ficticios, y se dice atormentado por las voces interiores de los familiares de Linda Pasnick.

Su cuidado ha sido inconsistente. Algunas veces fue involuntariamente medicado para la esquizofrenia; en otras oportunidades, el tratamiento con drogas psicotrópicas cesaba. Un psiquiatra lo envió al hospital, y el siguiente lo ató durante cinco días para observación, luego lo declaró un impostor y lo trató con vitamina B-12, según los documentos judiciales.

En 2007, el juez de distrito de los EE.UU. Lawrence O’Neill dictaminó que McPeters era incompetente para seguir con la apelación de su condena, de 1986. Más aún, dijo el magistrado, McPeters era probablemente demasiado demente como para ser ejecutado, y el estado estaba perdiendo dinero al mantenerlo en el corredor de la muerte.

“La opinión pública está siendo abusada financieramente en este caso, y esto es indignante”, replicó O’Neill en una conferencia en abril de 2013, según una transcripción. “No tenemos atisbo de prueba de que él no sea otra cosa más que una persona incompetente”.

Las transcripciones de los procedimientos judiciales muestran que la oficina del por entonces fiscal general Jerry Brown rechazó la orden del juez de Oakland para elaborar un acuerdo destinado a quitar a McPeters del corredor de la muerte. Cuando Harris llegó a esa oficina, continuó con la iniciativa. Pero el año último, la oficina de Harris cambió de rumbo y se unió a los abogados de McPeters en su pedido a la Corte Suprema de que declare que nunca podría ser ejecutado debido a su condición mental.

La solución de Harris sorprendió a Victor Pasnick, quien llevaba menos de dos años casado con Linda cuando ella fue asesinada. “Ella estaba apenas floreciendo, se sentía bien y feliz, y de pronto, fue asesinada”, afirmó el hombre, quien dijo que no creía que el estado mental de McPeters debería jugar un papel clave en la decisión de su ejecución.

“No puedo decir que no se lo merece”, señaló Pasnick. “Sabiendo lo que hizo este hombre, volver y asegurarse de que ella estuviera realmente muerta, creo que alguien debería asegurarse de que él también esté muerto. Sería lo justo”.

Los fiscales del condado de Fresno, quienes lograron la pena de muerte para McPeters, afirmaron que no están de acuerdo con el enfoque de Harris. Los fiscales señalaron que la fiscal general está abriendo la puerta a decenas de frívolos desafíos en un estado donde las apelaciones ya están empantanadas. “Tememos que se convierta en un procedimiento constante”, dijo el fiscal asistente del distrito, Blake Gunderson.

Desde que California restableció la pena de muerte, en 1978, los jurados en el estado han condenado a unos 900 asesinos convictos. De ellos, el estado ha ejecutado a 13, y sólo 16 más de ellos han agotado sus instancias de apelaciones.

Actualmente, 747 convictos permanecen en el corredor de la muerte; en su mayoría se trata de hombres alojados en la prisión estatal de San Quentin. Algunos de ellos llegan a los 85 años de edad y han estado allí 37 años. Cerca de de dos decenas de ellos requieren sillas de ruedas o andadores, y al menos uno está confinado en cama, con pañales.

Para complicar las cosas, las ejecuciones se han detenido durante los últimos 10 años por batallas legales sobre los protocolos de las drogas letales. En noviembre próximo, los electores podrán votar si se acaba con la pena de muerte, o si se se aceleran las apelaciones y se les da a los condenados algo para hacer con su tiempo, como algunos trabajos.

A la sombra de este debate sobre el futuro de la pena de muerte, las autoridades han recién ahora comenzado a lidiar con la forma de hacer frente a un grupo de esta población en espera de la ejecución: aquellos con demencia severa.

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