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Opinión

Lo que la esclavitud puede enseñar a los jueces de la Corte Suprema sobre DACA

Immigration activists rally in front of the Supreme Court.
La administración Obama creó el programa de Acción Diferida para las Llegadas de Niños, que ha protegido a 700.000 “Soñadores” de la deportación. Su terminación está ahora en manos de la Corte Suprema.
(AFP/Getty Images)

A veces caracterizamos la ley como un conjunto de reglas claras, pero la ley no siempre es tan sencilla. Esto es tan cierto para DACA como lo fue para la esclavitud.

Los niños Morgan estaban en pijama, probablemente soñando, cuando cuatro hombres irrumpieron en su casa antes del amanecer, los cargaron en la parte trasera de una carreta abierta y los llevaron por la fuerza a través de la frontera sur de Pensilvania. Era el año 1837.

Los hombres trabajaban con un cazador de esclavos llamado Edward Prigg quien había venido a buscar a su madre, Margaret, alegando que era una esclava fugitiva perteneciente a una mujer llamada Margaret Ashmore, que vivía en el condado de Harford, Maryland. Los niños nunca habían sido esclavos, por lo menos uno de ellos nació en el suelo libre del condado de York, Pensilvania, y los otros se habían ido de Maryland a una edad temprana. Todo lo que conocían era la libertad.

Margaret Morgan probablemente no había escapado. Ella había vivido como una persona libre en la casa de su antiguo amo, ya fallecido, por lo que ella y sus hijos deberían haber sido libres. Prigg fue finalmente condenado en Pensilvania bajo la ley estatal por secuestrar a Morgan y a sus hijos, y apeló a la Corte Suprema.

En Prigg vs. Pennsylvania, la corte declaró a Prigg un hombre libre y dictaminó que la Cláusula de Esclavo Fugitivo de la Constitución reemplazaba las leyes estatales y permitía a los cazadores de esclavos capturar a las personas basándose en la creencia personal de que alguien era un esclavo fugitivo. Simplemente así es la ley, escribió el juez Joseph Story en la opinión mayoritaria.

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En nuestros tiempos, más de un millón de niños inmigrantes indocumentados han vivido con el temor de sufrir un destino espeluznantemente similar al de los niños Morgan: que hombres armados irrumpan en cualquier momento para enviarlos al sur, a la miseria o algo peor.

En 2012, la administración Obama emitió el memorando presidencial de Acción Diferida para las Llegadas de Niños (DACA), que protege a unos 700.000 “Soñadores” de la deportación. Se trataba de jóvenes que habían sido introducidos en el país a una edad temprana y que permanecían en la escuela o servían en nuestras fuerzas armadas.

Como trabajadores han contribuido con un total de $3.4 billones en impuestos al gobierno federal cada año. Como los niños Morgan, todo lo que los Dreamers conocen es la libertad. DACA les dio la seguridad que necesitan para vivir vidas plenas y productivas.
El martes, la Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre si el Departamento de Seguridad Nacional del presidente Trump actuó legalmente cuando rescindió DACA en 2017. Aunque hay diferencias obvias entre la esclavitud y la deportación, la forma en que los tribunales de los estados libres pensaban sobre la seguridad de los residentes de piel morena del estado es instructiva.

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A veces caracterizamos la ley como un conjunto de reglas claras, pero la ley no siempre es tan sencilla.

En el caso Prigg, la Corte Suprema dijo que la Cláusula de Esclavo Fugitivo anuló la Ley de Libertad Personal de Pensilvania, que requería que un cazador de esclavos como Prigg se presentara ante un magistrado local para solicitar una orden judicial y exponer su alegato de que alguien era en realidad un fugitivo. Si bien la concesión de las debidas garantías procesales a las personas de raza negra podría ser un obstáculo para la recaptura de los esclavos fugitivos, nada en el texto de la cláusula autoriza directamente la incautación y la entrega extralegal.

Al permitir la acción privada de capturar y devolver a los presuntos esclavos fugitivos, el Tribunal Supremo ofreció una recompensa por cada persona negra o morena del país, libre o no, adulto o niño. Justice Story se opone personalmente a la esclavitud, pero está demasiado dispuesto a ignorar la injusticia manifiesta de su decisión. El filósofo jurídico Ronald Dworkin escribió una vez que es natural que la interpretación legal apunte a resultados justos, lo que él llamó “finales felices”. Los jueces deben obedecer la ley, pero para un buen juez que se enfrenta a una profunda incertidumbre legal, el empate debe ir a la justicia.

La ley de la esclavitud estaba llena de incertidumbres de este tipo. Durante años, no era clara en muchos estados, por ejemplo, si alguien considerado un esclavo fugitivo tenía derecho a un juicio con jurado o si un esclavo llevado temporalmente a un estado libre se emancipaba de ese modo.

Un caso de 1836 en Massachusetts involucró a una mujer de Louisiana que se llevó a una niña esclava de 6 años, Med, a una visita con su padre enfermo en Boston. Muchos tribunales del Sur sostuvieron que los principios de la cortesía interestatal o los derechos naturales de los esclavistas significaban que alguien como Med seguía siendo un esclavo a menos que su amo estableciera su residencia permanente en un estado libre.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, Lemuel Shaw, no estuvo de acuerdo y dictaminó que la abolición de la esclavitud en el estado significaba que las personas esclavizadas traídas voluntariamente al estado podían demandar por su libertad.

Al igual que en los años anteriores a la guerra, los estados siguen ahora líneas regionales y partidistas en la batalla por las protecciones que deben a sus jóvenes residentes de piel morena. Veinticuatro estados, dos gobernadores y el Distrito de Columbia presentaron escritos en la Corte Suprema argumentando que a los soñadores se les debe permitir permanecer libres en nuestras comunidades y con sus familias. Doce estados -Texas, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental- y el gobernador de Mississippi presentaron escritos en los que se oponían a los Dreamers y argumentaban que DACA es un ejercicio ilegal del poder ejecutivo.

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Como destaca esta división, el caso DACA implica cierta inseguridad jurídica. Un tribunal debe dudar antes de privar a una administración de la facultad de revocar políticas discrecionales anteriores como DACA. Aún así, la ley requiere que las agencias como el Departamento de Seguridad Nacional participen en la toma de decisiones razonadas. En este caso, la agencia revocó DACA bajo el supuesto erróneo de que el programa era ilegal. Por esa razón, en los últimos dos años, casi todos los tribunales federales que consideran la rescisión han fallado en contra de la administración Trump.

El Tribunal Supremo haría bien en seguir el ejemplo del presidente Shaw en lugar del de Justice Story. No es exagerado decir que la decisión con Prigg fue la hora más oscura de la corte.

Los inmigrantes indocumentados se encuentran entre los miembros más vulnerables de la sociedad. Para los soñadores, Estados Unidos es el único hogar que conocen. Que la Corte Suprema permita que sean “enviados al sur” innecesariamente sería nada menos que una pesadilla.

Jamal Greene es el Profesor Dwight de Derecho en la Facultad de Derecho de Columbia. Elora Mukherjee es la Profesora Clínica Jerome L. Greene de Derecho en la Facultad de Derecho de Columbia.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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