29 padres separados de sus hijos, llegan a la frontera para solicitar asilo

Veintinueve padres de toda Centroamérica que fueron separados de sus hijos por agentes de inmigración estadounidenses el año pasado, regresaron a la frontera el sábado, exigiendo audiencias de asilo para poder reunirse con sus hijos.

El grupo de padres viajó al norte durante el último mes, asistidos por un equipo de abogados de inmigración que llevaron a cabo un plan para reunir a las familias divididas por la política de separación familiar de la administración Trump el año pasado. Los 29 padres estaban entre los deportados sin sus hijos, que permanecen en los Estados Unidos en refugios, en hogares de acogida o con familiares.

Aunque la política de separación familiar de la administración Trump ha provocado audiencias en el Congreso, demandas y protestas nacionales, los padres han sufrido durante casi un año la separación de sus hijos.

Ahora, representarán una prueba significativa para el sistema de asilo de Estados Unidos, argumentando que merecen otra oportunidad de refugio, algo que rara vez se ofrece a los deportados.

Antes de la administración de Trump, las familias nunca habían sido sistemáticamente separadas en la frontera. Y antes de este sábado, las familias nunca habían podido regresar.

La tarde del sábado, en Mexicali, ninguno de los 29 padres había sido autorizado a entrar a Estados Unidos por las autoridades fronterizas, quienes citaron problemas de capacidad en los centros de detención.

Más de 2.700 niños fueron separados de sus familias a lo largo de la frontera el año pasado, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Alrededor de 430 padres fueron deportados sin sus hijos, y al menos 200 de ellos siguen separados hoy en día. Algunos esperaban con la esperanza de que los tribunales estadounidenses les permitieran regresar a Estados Unidos. Otros pagaron a personas que cruzan gente de manera ilegal a EE.UU, después vino el intento del sábado.

El grupo de padres caminó hacia la frontera, flanqueados por líderes religiosos locales, y esperaron a la entrada de Estados Unidos mientras los abogados negociaban con los oficiales estadounidenses.

Los padres se sentaron en bancos de madera, rodeados de su equipaje, mientras que los funcionarios decidían cuántos, si es que a alguno, de los padres se les permitiría la entrada al país.

Durante las últimas tres semanas, los padres se quedaron en un hotel de Tijuana, compartiendo habitaciones y preparándose para sus audiencias de asilo. Se mostraron unos a otros las cosas que sus hijos les habían enviado: fotos de familias de acogida y boletas de calificaciones de Southwest Key, una empresa que administra refugios para niños migrantes.

Una mujer dijo con lágrimas en los ojos que su hija había intentado suicidarse mientras estaba bajo custodia del gobierno. Un hombre habló de intentar comunicarse con su hija, que es sorda, a través del teléfono de un refugio. Otros llevaban bolsas llenas de regalos de Navidad.

Muchos de los padres, como José Ottoniel, de la pequeña ciudad de San Rafael Las Flores, Guatemala, dijeron que habían sido presionados para que firmaran los papeles de deportación, después de haber sido separados de sus hijos y antes de que pudieran iniciar sus solicitudes de asilo. Cuando regresó a su país después de ser deportado en junio, a Ottoniel le dijeron que su hijo de 10 años, Ervin, aún estaba en Estados Unidos, en un refugio.

La familia decidió mantener a Ervin en Estados Unidos con un tío en lugar de que regresara a la violencia y pobreza de la aldea donde vivía su familia. Fue una decisión desgarradora que la esposa de Ottoniel, Elvia, decidió que no podía cumplir. En enero, le pagó a un pollero $8.000 para que la llevara a Estados Unidos para reunirse con Ervin en Arkansas, solicitando asilo en el sur de Texas.

Unos días después, Ottoniel recibió una llamada de un abogado de inmigración estadounidense del grupo de defensa legal Al Otro Lado, con sede en Los Ángeles.

El abogado le preguntó si estaba dispuesto a viajar las 2.500 millas desde su pueblo hasta la frontera México-Estados Unidos para entregarse una vez más a los agentes de inmigración. Al Otro Lado había recibido más de un millón de dólares en asistencia financiera de organizaciones como Families Belong Together y Together Rising, que organizaron campañas de recaudación de fondos en medio de la política de separación del gobierno.

El abogado le dijo a Ottoniel que la organización pagaría por sus autobuses, vuelos y hoteles.

“En ese momento, ya estábamos viendo que algunos de esos padres estaban pagando a los polleros para que los trajeran a Estados Unidos”, dijo Erika Pinheiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado. El grupo había entrevistado a padres deportados de toda América Central que estaban separados de sus hijos y temían por sus vidas después de haber sido deportados. “Necesitábamos darles otra opción”.

Para Ottoniel, que se refería a su familia como “desintegrada”, parecía ser su mejor oportunidad para una reunión.

“Era la oportunidad de volver a ver a mi hijo”, dijo. “¿Cómo podría decir que no?”

Ottoniel y otros padres se reunieron en un hotel de tres pisos en Tijuana, donde los abogados les pidieron que no dijeran nada sobre sus planes. Ensayaron cómo se dirigirían a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Durante el día veían telenovelas y por la noche, llamaban a sus hijos al otro lado de la frontera.

En el hotel, estaba Luisa Hidalgo, de 31 años, de El Salvador, cuya hija, Katherinne, de 14, está en el Bronx con una familia de acogida. La chica le envió a su madre las mismas palabras una y otra vez: “Lucha por mí”.

Estaba Antolina Marcos, de 28 años, quien dijo que huyó de Guatemala después de que las pandillas comenzaron a matar a miembros de su familia. Se separó de su hija de 14 años, Geidy, en mayo. “¿Cómo puedo vivir si ella está tan lejos?”, preguntó Marcos.

Estaba Santos Canelas, de 44 años, quien dijo que huyó de Honduras con su hija de 16 años, Merin, en mayo, después de que miembros de una pandilla la amenazaron con agredirla sexualmente. Vive en Nueva Orleans con un primo. “Sin mi hija, me siento muerto por dentro”, dijo.

En la mayoría de los 2.700 casos en que la administración Trump separó a las familias en la frontera el año pasado, tanto los padres como los hijos permanecieron en Estados Unidos, a veces en refugios y centros de detención a miles de kilómetros de distancia. Casi todas esas familias ya se han reunido y están en el proceso de tramitación de sus solicitudes de asilo.

Pero los casos de unos 430 padres deportados sin sus hijos fueron particularmente difíciles. A menudo, el gobierno perdió la pista de qué niño pertenecía a qué padre, y no vinculó sus casos de inmigración, enviando a los padres de vuelta a América Central sin decirles dónde estaban sus hijos.

En algunos de esos casos, los padres tomaron la dolorosa decisión de dejar a sus hijos en Estados Unidos con algún pariente, en lugar de llevarlos de vuelta a la miseria y la brutalidad de las regiones de las que habían huido. En otros casos, el gobierno de Estados Unidos determinó que los padres no eran aptos para recibir a sus hijos, a menudo basándose en sus antecedentes penales.

Después de que Trump firmó una orden ejecutiva que puso fin oficialmente a la política de separación familiar el 20 de junio pasado, los abogados iniciaron una batalla legal para reunir a muchos de los padres deportados y a sus hijos en Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda exigiendo que el gobierno permita que 52 padres regresen a Estados Unidos para proseguir con sus solicitudes de asilo, las cuales, según los abogados, habían sido bloqueadas después de que los padres fueron separados de sus hijos en la frontera.

Pero el gobierno no había respondido a esa petición, después dijo que se necesitaba más información sobre los padres por parte de la ACLU. Sigue sin estar claro cuándo, o si, el gobierno de Estados Unidos invitará a esos padres a regresar para que presenten nuevas solicitudes de asilo.

“El gobierno se ha resistido a traer de vuelta a cualquiera que haya sido separado y deportado sin sus hijos”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Esperamos que el gobierno revise estos casos”.

Pero como el gobierno se negó a crear un plan para reunir a las familias, Pinheiro decidió que esperar más tiempo pondría en riesgo a los padres. Algunos se habían trasladado a una casa segura en la Ciudad de Guatemala para escapar de las amenazas en El Salvador y Honduras. Algunos ya llevan más de un año sin sus hijos, y esas separaciones están teniendo un efecto psicológico.

“Les dimos la opción: pueden esperar el proceso judicial o pueden hacerlo de la manera que les proponemos”, dijo Pinheiro. Al Otro Lado trabajó con ACLU para identificar a los padres separados en Centroamérica, pero la ACLU no participó en el regreso de los 29 padres a la frontera.

Con pocas opciones, dijo Pinheiro, casi todos los padres a los que se acercó aceptaron su oferta. Los padres se reunieron por primera vez en la ciudad guatemalteca de Tecun Uman antes de cruzar a México con visas humanitarias que Al Otro Lado ayudó a arreglar. Volaron a la Ciudad de México y luego a Tijuana, y eventualmente tomaron un autobús a Mexicali.

“Estamos regresando a la frontera donde perdimos a nuestros hijos”, dijo Pablo Mejía Mancia, de 53 años, de Honduras, quien fue separado de su pequeña hija cuando cruzaron la frontera hacia Texas en mayo.

Es probable que algunos de los padres puedan estar detenidos durante meses si el gobierno decide procesar sus solicitudes de asilo. Pero incluso, si se les niega la entrada a Estados Unidos en los próximos días, los tribunales estadounidenses podrían eventualmente permitir que algunos de los padres regresen al país para solicitar asilo.

Por ahora, sin embargo, los padres dicen que esperan que su largo viaje de regreso a la frontera sea la manera más rápida de volver a ver a sus hijos. La política estadounidense de obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México aún no se ha implementado en Mexicali.

“Están de pie justo en la frontera, preparándose para volver a entrar a un sistema que traumatizó, hace unos meses, a sus familias”, dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, quien asesoró a los padres en Tijuana. “Puede significar mucho de lo que están huyendo, y lo que perdieron”.

Sieff y Kinosian escriben para el Washington Post.

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