Así es como California se convirtió en el estado más hermético en las conductas policiales indebidas

En la década de 1970, los agentes de policía de Los Ángeles estaban furiosos porque las quejas pasadas contra ellos llegaban cada vez más a los tribunales.

Entonces, los oficiales de LAPD hicieron algo radical: tomaron más de cuatro toneladas de registros de personal que databan de la década de 1940, y los destrozaron.

Esa decisión generó el sobreseimiento de más de 100 casos criminales que involucraban a oficiales acusados de irregularidades cuyos registros habían sido purgados, lo cual desató la indignación pública.

La Legislatura respondió aprobando una ley que aseguraba la preservación de los registros disciplinarios de los oficiales, pero que también hizo casi imposible que alguien supiera de ellos. La acción, impulsada por los sindicatos de la policía, comenzó un proceso de décadas que convirtió a California en el estado más estricto de la nación en lo que respecta a proteger la confidencialidad de la policía.

Sin embargo, ello podría cambiar en las próximas semanas, mientras los legisladores en Sacramento consideran una iniciativa histórica para aumentar la divulgación.

Los repetidos intentos de abrir el acceso a los registros de mala conducta se han topado con la agresiva oposición de los sindicatos, una de las fuerzas políticas más poderosas del Capitolio y las alcaldías de todo el estado. Los legisladores que defendieron la transparencia enfrentaron amenazas de oposición sindical al momento de las elecciones.

Los gremios policiales argumentaron en repetidas ocasiones que las normas de confidencialidad de California protegen la seguridad y la privacidad de los agentes, y evitan que sus nombres sean mancillados.

Pero este 2018, un grupo de legisladores de California se está enfrentando a los sindicatos policiales de una forma impensable. Ellos argumentan que las organizaciones están desfasadas con el sentimiento público sobre cómo los oficiales usan la fuerza e interactúan con las comunidades de color. El cambio se produce en medio del auge de Black Lives Matter y los movimientos de reforma de la justicia penal.

“Es difícil construir confianza... cuando la policía mantiene en secreto cómo responden a la muerte de civiles y esconden faltas de conducta graves”, aseguró Peter Bibring, director de prácticas policiales de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de California.

La reciente propuesta para hacer públicos algunos registros de malas conductas, enfrenta una decisión clave en la Legislatura. Aunque su aprobación está lejos de ser segura, algunos líderes sindicales reconocen que una medida de divulgación podría ser inevitable.

Robert Harris, director del sindicato que representa a los oficiales de base del LAPD, afirmó que los notorios videos que muestran a la policía usando la fuerza -y las protestas que siguieron-, pusieron a su bando a la defensiva. “Estamos negociando y tratando de trabajar con ellos, no por la validez de sus argumentos, sino porque estamos viendo que este movimiento crea cierta hostilidad en nuestras comunidades”, aseguró Harris. “La profesión de la ley y el orden está bajo asedio”.

Ningún otro estado ha puesto bajo llave las quejas de los ciudadanos y los archivos de investigación interna como California. Los registros de malas conductas que resultan en suspensiones y otras medidas disciplinarias significativas son públicos en 21 estados. Solo California, Delaware y Nueva York tienen leyes de confidencialidad especialmente consagradas, que distinguen los archivos disciplinarios de la policía. California es el único que niega a los fiscales el acceso directo a los registros.

Una investigación de The Times descubrió que las malas conductas pasadas, ya sean supuestas o probadas, se mantienen ocultas de forma rutinaria en los tribunales, como resultado de las leyes de privacidad de la policía de California.

El camino al secretismo comenzó en 1974, cuando la Corte Suprema de California dictaminó que los acusados tenían derecho a saber sobre las denuncias presentadas contra los oficiales que testificaban en sus casos. Los abogados defensores comenzaron a solicitar información que podría arrojar dudas sobre el testimonio de los oficiales.

Fue durante la avalancha de solicitudes que el LAPD destruyó las denuncias que databan de 1949 que no habían resultado en un hallazgo de irregularidades. El líder de la Peace Officers Research Association of California (PORAC), el gremio de agentes del orden más grande del estado, se quejó de que los acusados de delitos podían ahora “buscar evidencia en los archivos personales de los oficiales de paz”.

En 1978, el procurador general Evelle Younger patrocinó la legislación que exigía que los departamentos mantuvieran registros de malas conductas, pero también bloqueó expresamente el acceso público y dificultó mucho su visualización en los tribunales penales.

Según el proyecto de ley, los acusados tendrían que persuadir a un juez para que examine el expediente confidencial de un agente, en privado, y decida si hay información relevante para divulgar.

La Legislatura aprobó la medida por unanimidad, enviándola al gobernador Jerry Brown, por entonces en su primer período, quien la promulgó.

Más tarde ese año, después de que Brown ganara la reelección, su jefe de personal acreditaba a las fuerzas del orden público como uno de los respaldos más importantes que lo habían llevado a la victoria.

Después de que la ley entró en vigor, una porción mínima de los registros de malas conductas policiales permaneció disponible para el público.

En Los Ángeles, Oakland, San Francisco y otras ciudades importantes, las comisiones de servicio civil o las juntas de revisión policial consideraron los problemas de disciplina de los oficiales en las audiencias abiertas. En 2006, la Corte Suprema de California dictaminó que la ley de confidencialidad también se aplicaba a esas audiencias.

Eso llevó a la senadora Gloria Romero, una demócrata de Los Ángeles, a presentar un proyecto de ley para reabrir las audiencias disciplinarias y hacer que algunos registros policiales estén directamente disponibles para el público.

Los sindicatos se opusieron ferozmente a lo que describieron en cartas a los legisladores como un intento de socavar su derecho “sagrado” a la privacidad.

John Stites, un líder sindical del sur de California, advirtió en un correo electrónico a un cabildero, que si se aprobaba la ley, la policía trataría de derrotar una medida electoral que buscaba extender el tiempo de permanencia en el cargo de algunos legisladores. “No hay compromiso en esto. Asegúrese de que se entienda que esto solo será el comienzo”, escribió Stites en el mensaje que rápidamente llegó a los legisladores.

En una audiencia por el proyecto de ley de Romero en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, los funcionarios del orden ingresaron en las primeras filas de la sala del comité, asientos normalmente reservados para los legisladores y su personal. Se presentaron tantos oficiales de policía como cabilderos para expresar su oposición, que la fila se extendía más allá de la puerta.

Ron Cottingham, en ese entonces jefe del sindicato policial PORAC, le dijo al comité que la propuesta de Romero era “uno de los proyectos de ley más insidiosos y peligrosos que hemos visto en muchos años, y quizás en décadas, en Sacramento”.

El proyecto agonizó sin un solo voto.

Al año siguiente, Romero intentó y falló de nuevo. En una entrevista reciente, afirmó que la experiencia le mostró por qué los sindicatos policiales son tan temidos en el Capitolio.

“Es una manada; son como lobos corriendo hacia ti”, expresó. “Otros [legisladores] lo ven, y básicamente eres como carne arrojada a los leones”.

En la época del primer proyecto de ley de Romero, el asambleísta Mark Leno (D-San Francisco) presentó una propuesta similar; no logró ganar el apoyo necesario para merecer siquiera un voto de comité.

Un año después, en 2008, Leno se postulaba para el Senado estatal cuando los opositores crearon un comité de acción política llamado Protect Our Kids (Protejan a nuestros niños), que publicaba avisos atacando sus votos para reducir el gasto en educación. El sindicato policial de San Francisco, que criticaba el proyecto fallido de Leno, era uno de sus principales patrocinadores.

El legislador, quien es abiertamente homosexual, consideró que el nombre del comité era una clara referencia a los estereotipos homofóbicos sobre los varones gay como depredadores de niños. “Así es como juegan”, consideró Leno. “Si nos persigues, iremos detrás de ti”.

Los gremialistas de la policía de San Francisco no devolvieron las llamadas para hacer comentarios. En ese momento, un líder sindical dijo a los periodistas que estaban molestos por los votos de Leno sobre temas de seguridad pública y educación.

Leno ganó las elecciones, pero esperó hasta su último año en el Senado antes de presentar un nuevo proyecto de ley de transparencia policial, en 2016.

El momento siguió al surgimiento del movimiento Black Lives Matter y el asesinato, en 2014, de Michael Brown, un adolescente negro que fue baleado por un oficial blanco en Ferguson, Missouri. Aun así, el proyecto de ley murió rápidamente en un comité fiscal del Senado. “Era demasiado candente”, señaló Leno.

Dos años más tarde, una audiencia sobre el último proyecto de ley de divulgación demostró cuánto ha cambiado el tono de los asuntos policiales en el Capitolio.

La senadora Holly Mitchell (D-Los Ángeles) le dijo a los cabilderos sindicales, en abril, que estaban desfasados con la forma en que las comunidades perciben a los oficiales. Los sindicatos ya no se saldrían siempre con la suya. “Esos días han terminado”, remarcó.

Su advertencia se produjo menos de un mes después de que estallaran las protestas cerca del Capitolio a raíz del tiroteo fatal de Stephon Clark, un hombre negro desarmado, a manos de la policía de Sacramento.

El proyecto de ley del Senado 1421 abriría registros de investigaciones de tiroteos de oficiales y otros incidentes de fuerza mayor, junto con casos confirmados de agresión sexual y mentiras estando en servicio. El proyecto deberá ser aprobado por un comité fiscal de la Asamblea esta semana, en vías a la aprobación de la Legislatura para fines de agosto, antes de su descanso anual.

Su autora, la senadora Nancy Skinner (D-Berkeley), argumentó que los legisladores deben prestar atención a los residentes negros y latinos que desean saber qué sucede con los oficiales a los que acusan de mala conducta.

Los sindicatos de policía se quejan de que la medida aumentará los costos del gobierno y provocará una avalancha de solicitudes judiciales por parte de los presos que buscan ser liberados, una vez que se revele la deshonestidad pasada de un testigo. Saber que las investigaciones internas serán divulgadas, dicen, también podría llevar a algunos oficiales a vacilar durante confrontaciones violentas, lo cual pondría en peligro sus vidas. “Esto tiene consecuencias no intencionadas que son extremas y perjudicarán al público”, consideró Ed Fishman, abogado de PORAC, en la audiencia de abril.

A diferencia de años anteriores, los gremios afirman que están dispuestos a negociar. Brian Marvel, actual presidente de PORAC, está dispuesto a que las normas del estado cambien en los casos en que se descubra que los agentes cometieron una falta grave. “No me opongo a abrir los registros”, aseveró.

A medida que el escrutinio público de la conducta policial aumenta, los sindicatos también experimentan retrocesos en las urnas. En los últimos años, los votantes estatales aprobaron varias medidas de reforma judicial a pesar de la oposición de las agencias del orden, incluidas iniciativas para alivianar la estricta ley de sentencias de tres ataques (three-strikes) del estado y reducir los castigos por robos de bajo nivel y delitos relacionados con drogas.

Aún así, el lobby de las fuerzas del orden sigue siendo muy influyente y el futuro del proyecto de ley es incierto.

Los avales de los grupos policiales aún son muy codiciados por los legisladores temerosos de que los opositores los etiqueten como ‘blandos’ con el crimen. Durante la última década, esos sindicatos contribuyeron con más de $145 millones a las medidas electorales estatales, así como a las elecciones legislativas, gubernamentales y otras estatales, según un análisis del Times sobre los datos financieros de campaña. También gastaron $18 millones adicionales en cabildeo y otros esfuerzos para influir en la política en el Capitolio.

La asambleísta Lorena González Fletcher (D-San Diego), quien trabajó estrechamente con los sindicatos policiales como líder gremial antes de ser elegida, en 2013, encabeza el comité fiscal que considerará el proyecto de ley esta semana.

La legisladora apoya firmemente la protección de la privacidad de los oficiales, aunque está de acuerdo en que la conversación sobre los problemas policiales ha cambiado.

En su distrito, que abarca el sur de San Diego y se extiende hasta la frontera con México, ha notado más quejas de trato policial injusto por parte de los residentes latinos. “La transparencia es necesaria”, remarcó González Fletcher. “Tenemos que hacer algo para que comunidades como la mía vuelvan a confiar en los oficiales”.

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