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Cómo el condado de Orange se convirtió en el centro de resistencia a la legislación del estado santuario de California

The Board of Supervisors voted to fight Sacramento's so-called sanctuary laws for immigrants here illegally

Durante años, los demócratas han soñado con convertir el condado de Orange, el lugar de nacimiento de Richard Nixon, en azul. O al menos un poco de color púrpura.

El condado, alguna vez un importante bastión republicano que Ronald Reagan apodó el lugar donde "todos los buenos republicanos van a morir", está cambiando demográficamente y, por lo tanto, políticamente.

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Las crecientes poblaciones latinas y asiáticas han convertido a los blancos en minoría. Hillary Clinton en 2016 se convirtió en la primera candidata presidencial demócrata en ganar allí desde la Gran Depresión. Y el partido espera cambiar varios distritos electorales controlados por republicanos que votaron por Clinton.

Aun así, el Condado de Orange demostró nuevamente en las últimas semanas que su lado conservador está extraordinariamente vivo, especialmente cuando se trata del tema inmigración indocumentada. El martes, la Junta de Supervisores agregó una poderosa voz a una creciente reacción contra las políticas pro inmigrantes de California, al votar en favor de iniciar una lucha contra las leyes santuario del estado.

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Al hacerlo, el condado se ha convertido en el epicentro de la resistencia al movimiento anti-Trump que ha dominado la política de California desde que el presidente asumió el cargo. La postura contra los esfuerzos para proteger a las personas indocumentadas en este condado, se produce una generación después de que el Condado de Orange se convirtió en el lugar de nacimiento de la Proposición 187, la medida electoral de 1994 destinada a recortar los beneficios públicos, tales como educación y atención médica.

"No hay duda de que la demografía y la política del Condado de Orange están cambiando", dijo Dan Schnur, profesor de comunicaciones políticas de USC. "Un lugar de más de 3 millones de personas no cambia con un interruptor de encendido y apagado".

Fred Smoller, profesor de ciencias políticas en la Universidad Chapman en Orange, estuvo de acuerdo, y agregó que la región suburbana está cambiando lentamente a medida que los "blancos de mayor edad" son reemplazados por "jóvenes y latinos mucho más liberales".

"No cabe duda de que el Condado de Orange ya no es de color rojo... ahora es violeta", agregó.

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La Junta de Supervisores totalmente republicana, votó en favor de unirse a la demanda federal de la administración Trump contra California por sus leyes de inmigración, incluida la SB 54, la histórica ley del "estado santuario" que prohíbe que las autoridades locales alerten a los agentes de inmigración cuando los detenidos que pueden estar sujetos a deportación, sean liberados de la custodia.

"Soy un inmigrante legal", dijo la Supervisora Michelle Steel, que es coreano americana. "No estamos hablando aquí de inmigrantes respetuosos de la ley sino de extranjeros criminales. La SB 54 es totalmente inconstitucional".

El supervisor Shawn Nelson dijo que el condado "no está jugando", y que irá a la corte "para exponer nuestro punto de vista". Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dijo, no deberían ser puestos en situaciones donde "hablar con otra autoridad... los haga violar la ley".

La administración de Trump demandó a California en un esfuerzo por invalidar tres leyes estatales de inmigración que dicen que violan la cláusula de supremacía de la Constitución, que da prioridad a la ley federal sobre las medidas estatales.

La junta, que votó a puerta cerrada, ordenará al abogado del condado que presente una petición para que se convierta en demandante en el caso federal.

Los supervisores también votaron durante la reunión pública en favor de condenar formalmente la SB54, calificándola de inconstitucional.

Los líderes electos en la pequeña ciudad de Los Alamitos, votaron la semana pasada para tratar de eximir a su ciudad de la SB 54. Yorba Linda votó a favor de enviar un respaldo a la demanda federal. Otras ciudades en el condado, incluyendo Buena Park, Huntington Beach y Mission Viejo pueden hacer lo mismo.

"California ha decidido molestar al presidente y a su administración, y prefiero que no nos involucren", dijo Nelson en una entrevista el martes en "Fox and Friends".

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El tema atrajo a docenas de personas a la reunión de supervisores en Santa Ana el martes, incluidos muchos activistas contra la inmigración ilegal que viven fuera del condado.

Durante los comentarios públicos, la representante Dana Rohrabacher (R-Costa Mesa), una estricta vigilante de la aplicación de la ley de inmigración, instó a los supervisores a tomar una posición en contra de California.

"Al hacernos una ciudad santuario y un estado santuario, no estamos haciendo nada más que atraer a millones de personas a venir a este país", dijo.

Skye Waggoner, de 21 años, de Huntington Beach, dijo que tiene amigos que se encuentran en el país sin estatus legal y que "las ciudades santuario promueven la seguridad al permitir que los inmigrantes indocumentados trabajen con las fuerzas del orden público cuando es necesario denunciar un delito".

"O.C. necesita continuar siendo un santuario", dijo.

Aunque los datos demográficos del condado han cambiado, la composición de las juntas locales electas suelen ser un indicador del rezago político y, a menudo demora una generación o más para que las juntas se vuelvan más representativas de una creciente población de inmigrantes, dijo Schnur. La Junta de Supervisores, por ejemplo, tiene cinco republicanos, ninguno de los cuales es latino.

La brecha entre republicanos y demócratas en el condado se ha estado reduciendo durante años. A mediados de la década de 1990, los republicanos superaban a los demócratas en un 52% a 32%. Ahora, de los aproximadamente 1.5 millones de votantes activos del condado, aproximadamente el 37% son republicanos y el 34% son demócratas.

La inmigración ha sido durante mucho tiempo un tema candente aquí. En 1988, los electores en los centros de votación de Santa Ana fueron recibidos por guardias uniformados con carteles que decían, en español e inglés, "Los no ciudadanos no pueden votar". El incidente provocó denuncias de intimidación de votantes y racismo y engendró una demanda y un acuerdo.

El martes, el senador estatal Kevin de León, que escribió la SB 54, dijo en un comunicado que "el condado que nos dio la Prop. 187 hace más de dos décadas está de nuevo en acción con otro ataque inconstitucional contra nuestras comunidades de inmigrantes".

"Este tipo de ataques obsesivos es vergonzoso para el condado y sus residentes, y parece diseñado para obtener la aprobación de un presidente racista y sus compinches", escribió.

En una movimiento relacionado, la Sheriff del Condado de Orange, Sandra Hutchens, hizo esta semana que las fechas de liberación de los presos en la cárcel, incluidos los que están en el país ilegalmente, estén disponibles en línea.

Desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo, el Departamento del Sheriff liberó a 172 presos que se encontraban en el país ilegalmente en la comunidad porque la ley estatal les prohibía notificar al Servicio de Inmigración y Aduanas, dijo Carrie Braun, vocera del departamento.

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No está claro si alguna de esas personas, algunas de las cuales fueron acusadas de violencia doméstica, robo y amenazas criminales, y condenadas por conducir bajo la influencia, cometieron otros delitos, dijo Raymond Grangoff, gerente de relaciones gubernamentales de la agencia.

"ICE los está buscando activamente", dijo el jefe de policía del condado de Orange, Don Barnes. "Sería más fácil para todos los involucrados y más seguro para la comunidad y las fuerzas del orden si fueran entregados a la custodia de ICE en lugar de regresar a la comunidad".

El martes, el subdirector de ICE, Tom Homan, elogió al sheriff y su decisión.

"Ella y su departamento han sido un valioso socio de ICE durante muchos años", dijo Homan en un comunicado. "A pesar de los graves desafíos que SB 54 crea para ICE, seguimos buscando la cooperación con todos los sheriffs y las policías locales que, al igual que el Sheriff Hutchens, comparten nuestro objetivo de proteger la seguridad pública y garantizar que los extranjeros criminales no sean devueltos a las calles".

La oficina del gobernador Jerry Brown dijo que no tuvo problemas con la decisión de Hutchens. "Lo que hicieron está explícitamente permitido y previsto por la ley", dijo Evan Westrup, un portavoz de Brown.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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