El agresivo enjuiciamiento de los que cruzan la frontera está saturando a los tribunales

El migrante mexicano, encorvado y aun con su uniforme holgado de la cárcel, fue atrapado cruzando la frontera y el juez federal en San Diego quería una explicación.

“Me quedaré en México y no volveré”, dijo Carlos Arizmendi Domínguez, de 34 años, un ex trabajador de productos lácteos que intentaba regresar con su familia en Idaho. “Pido perdón”.

“No estoy aquí para perdonar”, respondió el juez magistrado William V. Gallo.

Al otro lado de la frontera Suroeste, la ofensiva contra los cruces ilegales anunciada en abril de 2017 por el fiscal general Jeff Sessions, está ganando terreno a medida que el número de casos de inmigración se dispara y los distritos judiciales sobrecargados se esfuerzan por mantenerse al día. El espacio para detenciones está llegando a su capacidad, los tribunales están luchando para mantener la seguridad, y algunos jueces dicen que han llegado a su límite.

El lunes 7 de mayo, Sessions amplió el operativo para incluir a las personas que cruzan por primera vez, solicitantes de asilo y padres que serán separados de los niños para enfrentar el enjuiciamiento, un movimiento hacia la “tolerancia cero” que probablemente sobrecargará aún más el sistema.

En ninguna parte del país los cambios son más notorios que en California. En el distrito federal del sur de San Diego, se presentaron 1,275 casos en los primeros tres meses de 2018. Los fiscales ahora planean elevar las solicitudes de inmigración a aproximadamente 1,000 por mes, de acuerdo con los datos del distrito y los abogados de los Defensores Federales de San Diego, a quienes la oficina del fiscal de EE.UU. les ha notificado que aumentarán los números de procesados.

A ese ritmo, los enjuiciamientos podrían superar los 9,000 en el año, el triple del total del 2017, y la mayor cantidad desde al menos el año 2000, según los datos del distrito.

Los procesos judiciales han aumentado alrededor del 70% este año fiscal en Arizona, donde el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos dijo, en mayo, que las cortes no pueden tomar más casos sin jueces, abogados, intérpretes adicionales, alguaciles y espacio en el tribunal.

“Si quieren aumentar los casos a un nivel más alto de los 75 por día que estamos haciendo, necesitamos casi todo”, dijo el juez Raner Collins.

La mayoría de los migrantes capturados en la frontera aún son enviados de regreso a México sin ser procesados. Al impulsar las presentaciones ante los tribunales, la administración Trump espera evitar los cruces ilegales, incluso cuando los arrestos en la frontera permanecen cerca de los mínimos históricos.

Los migrantes procesados en California suelen tener antecedentes penales o, como Arizmendi-Domínguez, han sido deportados previamente, pero también lo están resintiendo más personas que cruzan la frontera por primera vez. Más recientemente, los fiscales presentaron cargos penales contra 11 miembros de la caravana de migrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos.

Las condenas por infracciones de delitos menores van de 30 a 180 días, según las circunstancias.

El aumento proporciona nuevas municiones para la administración Trump para enfatizar que está cumpliendo con su retórica antiinmigrante de línea dura. Pero la rápida expansión ha demostrado que las deficiencias del sistema judicial también podrían dificultar que la administración logre sus objetivos de “tolerancia cero”, delineados en abril por Sessions en respuesta a lo que llamó una “crisis” fronteriza.

La Patrulla Fronteriza de EE.UU. en San Diego todavía entrega solo una fracción de los 120 inmigrantes, en promedio, que atrapa diariamente a lo largo del tramo de 60 millas que vigila.

Los cuellos de botella son muchos: la cantidad de camas es tan escasa que los inmigrantes son enviados a cárceles tan alejadas como Santa Bárbara y Arizona, dicen los abogados defensores. No hay suficientes alguaciles adjuntos para transportar a los acusados y proporcionar suficiente seguridad en los tribunales.

Los elementos de otras agencias federales, incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, tienen que proporcionar asistencia. Y recientes fallos judiciales han restringido a los tribunales de llevar a cabo procesamientos masivos de vía rápida como uno en Arizona hace unos años conocido como Operation Streamline que generó grandes protestas.

Los abogados en San Diego dicen cada vez más que sus clientes son llevados fuera del condado, lo que les dificulta brindar una defensa efectiva.

“Supongo que una gran parte de esos casos serán personas sin antecedentes penales o condenas previas, lo cual es una forma triste de gastar nuestros recursos”, dijo Kasha Castillo, abogada supervisora de Federal Defenders of San Diego.

Algunas agencias están recibiendo más recursos. Sessions anunció en mayo que los distritos fronterizos tendrán 18 nuevos jueces de inmigración y 35 nuevos fiscales, incluyendo ocho en California.

“El pueblo estadounidense dejó en claro su deseo de asegurar nuestra frontera y priorizar la seguridad pública y la seguridad nacional de nuestra patria”, dijo Sessions en un comunicado. La perspectiva de enfrentar cargos criminales hace que algunos migrantes lo piensen dos veces antes de cruzar la frontera, según los estudios. En áreas fronterizas como Yuma, Arizona, donde la tolerancia cero ha sido la política por años, el enfoque ha contribuido a la disminución récord en arrestos fronterizos.

En todo el país los migrantes que han sido procesados por cruces ilegales tienen menos probabilidades de intentar cruzar de nuevo que los que simplemente fueron devueltos, según un estudio del Migration Policy Institute.

Pero el efecto disuasivo varía según las motivaciones de los migrantes. Los mexicanos que vienen a EE.UU. por razones económicas tienen más probabilidades de ser disuadidos por el enjuiciamiento que los centroamericanos que huyen del crimen y la inestabilidad política.

“Las personas de Centroamérica no se desaniman tan fácilmente porque las condiciones son peores allí que en sus países”, dijo Randy Capps, director de investigación de los programas estadounidenses en Migration Policy Institute, quien co-escribió el estudio de 2017.

En las últimas dos semanas, el Departamento de Justicia ha actuado rápidamente para endurecer las penas contra los centroamericanos, presentando cargos contra los 11 solicitantes de asilo de la caravana y amenazando a los padres con el arresto si los atrapan cruzando con sus hijos.

“Si trafican con un niño, lo procesaremos y ese niño será separado de usted según lo exige la ley”, dijo Sessions en una conferencia de prensa en San Diego, el 7 de mayo.

La senadora Dianne Feinstein (D-Calif.) calificó la represión contra las familias como una táctica “cruel” que traiciona los valores del país sobre los derechos humanos básicos.

“El objetivo de esta política es infligir dolor y sufrimiento a las personas que ya han puesto sus vidas en riesgo. Podemos hacerlo mejor”, dijo Feinstein en un comunicado.

Por ahora, la mayoría de los inmigrantes procesados en el juzgado federal del centro de San Diego son reincidentes de México. Los casos generalmente dan lugar a acuerdos de culpabilidad. Los migrantes son acusados de volver a ingresar ilegalmente al país, un delito grave, y declararse culpables del cargo de delito menor de ingreso indebido.

Los acusados se presentan a la corte varias veces a la semana, los detalles incompletos de sus vidas transfronterizas se suscitaron en breves intercambios con jueces magistrados.

“Soy culpable solo porque quería ver a mi hija”, dijo José Espinoza Rivera, quien dijo que iría a la ciudad de Nueva York.

“Mi única intención era regresar con mis hijos”, dijo Hilario Castañeda Ávalos, quien vivió 17 años en Arizona, cuidando a sus tres nietos, todos ciudadanos de EE.UU.

Cuando un hombre de 56 años, con ocho deportaciones previas, se presentó en la corte una mañana de marzo, el Juez Magistrado Mitchell D. Dembin lo saludó calurosamente; lo había visto antes en su sala del tribunal.

“Su persistencia en regresar es encomiable en un aspecto, pero muestra una falta de respeto a las leyes de los Estados Unidos”, dijo Dembin.

Los acusados llevan uniformes grises proporcionados por la cárcel pero no usan grilletes. Un fallo del 2017, emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, prohibió la práctica diciendo que a los acusados no se les debe exigir “comparecer ante un tribunal encadenados sin haber sido condenados”.

El fallo ha limitado la cantidad de casos porque las pautas de seguridad requieren la presencia de al menos un sheriff para proteger a cada acusado no encadenado en el tribunal. Cuando los acusados fueron esposados, grupos de hasta 12 podrían ser procesados a la vez en cada tribunal.

Las audiencias se mueven rápidamente con la toma de decisiones clave centrada en la duración de la sentencia. Los jueces generalmente siguen las recomendaciones de los fiscales, pero no siempre.

Arizmendi-Domínguez, el ex productor lechero de Idaho, dijo a través de su abogado que desde su última deportación había pasado seis años trabajando como jornalero en campos de maíz y frijol en México, y que intentó regresar porque deseaba ver su familia, incluido su padre, ciudadano estadounidense.

Los fiscales recomendaron una sentencia de 60 días. Gallo, el juez, lo sentenció a 75 días, diciendo que una sentencia más dura podría “llamar su atención”.

“Espero que pueda hacer una vida en México y espero que sea una vida próspera, pero no puede seguir volviendo a los Estados Unidos”, dijo Gallo. “Las sanciones solo van a empeorar”.

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