Abogados de Trump obtienen una orden judicial para silenciarla, pero la actriz porno Stormy Daniels contraataca

El abogado personal del presidente Trump obtuvo una orden de restricción secreta, la semana pasada, para impedir que la actriz porno Stormy Daniels hable públicamente sobre la supuesta relación extramatrimonial que mantuvo Trump con ella, según el abogado de la mujer.

La orden surgió después de un procedimiento de arbitraje privado realizado en Los Ángeles, que el abogado de Trump, Michael Cohen, inició para hacer cumplir un acuerdo económico secreto alcanzado con Daniels en los últimos días de la campaña presidencial de 2016. A cambio de guardar silencio, Daniels recibió $130,000 de una compañía fantasma de Delaware, establecida por Cohen.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró el miércoles que el presidente “dejó en claro que ninguna de estas acusaciones es cierta. Este caso ya se ha ganado en una arbitraje”, afirmó.

Presionada para responder si el mandatario sabía sobre el pago cuando éste se efectuó, Sanders respondió: “No que yo sepa”.

Jacqueline A. Connor, una jueza estatal retirada que estuvo a cargo del arbitraje, aceptó la semana pasada la solicitud de Cohen para imponer una orden de restricción temporal que silencie a Daniels, quien no tuvo la oportunidad de argumentar en contra. Connor le prohibió a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, revelar que el proceso de arbitraje se estaba llevando a cabo, una vez que la mujer se enteró de él.

En aparente desafío a esa orden, la actriz de cine adulto, de 38 años, entabló una demanda contra el primer mandatario, este martes, que intenta anular el acuerdo de octubre de 2016, alegando que Trump nunca lo firmó. La demanda acusó a Cohen, a instancias del presidente, de “silenciarla” para proteger al primer mandatario, en un acto que califica como “un falso procedimiento de arbitraje”.

La orden, con fecha del 28 de febrero, fue reportada por primera vez este miércoles por NBC News, que la publicó en su sitio web.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, de Newport Beach, confirmó que fue Cohen quien obtuvo la orden de restricción.

Las disputas legales arrojan luz sobre las duras tácticas utilizadas por las celebridades para hacer cumplir los acuerdos de confidencialidad, incluidos los procedimientos de arbitraje secretos, que pueden inclinarse a favor de la persona famosa. El pacto de confidencialidad dio a Trump la discreción exclusiva de decidir si el arbitraje se llevaría a cabo según las leyes de California, Nevada o Arizona. En caso de que se descubriera que Daniels había roto el trato, tendría que devolver los $130,000 e indemnizar a Trump con por lo menos $1 millón de dólares, por daños y perjuicios.

“Los acuerdos no valen ni el papel en el que están impresos”, señaló Avenatti, refiriéndose a los documentos de octubre de 2016, firmados por Daniels y Cohen, pero no por Trump. “Son completamente inválidos”.

Lawrence Rosen, un abogado de Cohen, informó que el árbitro le prohibió a Daniels presentar la demanda. “Tenemos la intención de continuar nuestro recurso en el contexto del arbitraje según lo acordado por las partes, y continuar refutando categóricamente los reclamos” de Daniels y su abogado, aseveró.

La orden de restricción no usa los nombres reales de Daniels y Trump. En cambio, se refiere a Daniels como “Peggy Peterson”, su seudónimo en el acuerdo de confidencialidad, y Trump como “DD”, abreviatura de David Dennison, un alias utilizado para el presidente.

El acuerdo de confidencialidad requería que Daniels le entregara a Trump cada copia de cada mensaje de texto y correo electrónico que hubiera intercambiado con él, junto con todas sus fotos relacionadas con el mandatario. En el programa “Today”, de NBC, Avenatti se negó a decir si la mujer devolvió todo el material. Cuando la presentadora Savannah Guthrie le preguntó si Daniels había tenido una relación sexual con Trump, el abogado respondió: “Sí”.

Las maniobras legales podrían dañar la defensa de Trump contra las acusaciones de que el pago de $130,000 a Daniels violó las leyes federales de financiamiento de campaña. En denuncias ante el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral, Common Cause, un grupo de ética no partidista, sostiene que el pago se realizó con el propósito de influir en las elecciones de 2016 y, por lo tanto, debió ser revelado por la campaña de Trump. Cohen ha rechazado ese argumento.

Susan Simpson, una abogada defensora de delitos de guante blanco en Washington, sostuvo que el intrincado contrato secreto es inusual y parece redactado de tal manera que Trump pueda negar que sabía de él, lo cual dificulta que el mandatario o sus abogados lo hagan cumplir, sobre todo porque el espacio para la firma de David Dennison fue dejado en blanco. Si las autoridades finalmente descubren que el pago del dinero rompió las leyes de divulgación federales sobre el gasto de campaña, ese solo hecho podría anular el trato, explicó. “Es un desastre, todo este contrato”, aseveró Simpson.

Traducción: Valeria Agis

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