La lucha local contra las leyes santuario puede ser una campaña y no un movimiento de las bases

Con California y la administración Trump en medio de una batalla legal por las políticas de inmigración, un líder republicano estatal y un crítico de la inmigración indocumentada están ofreciendo discretamente ayudar a las comunidades a luchar contra la nueva “ley santuario” del estado.

Los funcionarios del condado de Orange tienen programado asesorar sobre cómo impugnar la ley en una reunión privada programada en Fresno, de acuerdo con una copia de una invitación del presidente del Partido Republicano de ese condado que fue obtenida por Los Ángeles Times.

La reunión de Fresno es una consecuencia de la creciente oposición en el sur de California a la postura de la administración proinmigrante y antiTrump del estado. También parece revelar un esfuerzo entre bastidores de los republicanos para movilizar a algunas de las comunidades más conservadoras en un contraataque contra el movimiento de resistencia.

Los oradores incluidos en la lista mencionan a Shawn Steel, miembro del Comité Nacional Republicano y ex presidente del GOP estatal, y Susan Tully, directora nacional de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR). Se espera que Steel y Tully “ofrezcan asesoramiento y asistencia legal a todas las jurisdicciones”, según la invitación.

La “ley santuario”, aprobada en 2017, fue la pieza central de un paquete de proyectos de ley firmado por el gobernador Jerry Brown, que ofrece protección a unas 2.3 millones de personas que viven en el estado de forma indocumentada, limitando la colaboración entre las agencias locales de inmigración y la ley.

Los republicanos que estarán en San Diego para su convención anual del partido a nivel estatal, ven esta batalla como un componente clave de su estrategia de participación mientras el partido trabaja para defender a los miembros republicanos del Congreso. Su derrota podría permitir a los demócratas obtener el control de la Cámara en noviembre.

Un funcionario estatal del Partido Republicano dijo que los líderes del partido no sabían sobre el evento de Fresno. Después de negar un comentario, el presidente del partido del condado de Fresno, Fred Vanderhoof, dijo que él era el único responsable de la reunión. Pero se negó a decir quién fue invitado además de los funcionarios electos en el Valle Central.

“Pensé que reuniría a algunos líderes para informarles sobre lo que los funcionarios electos han estado haciendo en otras jurisdicciones del sur de California”, dijo.

La mayoría de los sheriffs de California se opusieron ferozmente a la ley del ‘estado santuario’. Pronto tendrán que implementarla.

La invitación para la reunión del lunes 7 de mayo, sugiere tres opciones para que los gobiernos locales contrarresten la ley, nombrando los lugares donde se usaron las estrategias: aprobar una ordenanza local para negar el cumplimiento (Los Alamitos), presentar un escrito de apoyo al litigio actual o futuro ( Condado de Orange) o presentar su propia demanda (Huntington Beach).

“Estas ciudades tienen buenas ideas”, dijo Steel, quien confirmó que planeaba hablar y agregó que podría haber muchas más formas de oponerse a una ley de California que calificó de “criminal” e “inconstitucional”.

El movimiento local contra la ley comenzó en abril, en Los Alamitos, un suburbio del condado de Orange, donde más de 100 personas asistieron a una ruidosa reunión mientras los miembros del concejo votaron para tratar de eximir a la ciudad de la ley del santuario. Semanas más tarde, la Junta de Supervisores republicana del Condado de Orange votó a favor de una resolución para unirse a la demanda del fiscal general Jeff Sessions contra California por las nuevas leyes de inmigración.

Una de las personas que votó para unirse a la demanda fue la esposa de Steel, la supervisora del Condado de Orange, Michelle Steel. La pareja se encontraba entre un pequeño grupo que saludó al presidente Trump en su primera visita a California como presidente en marzo. Desde entonces, Trump ha twitteado elogios para el Condado de Orange y su rechazo a las políticas de santuario.

Otras ciudades en el Condado de Orange -incluidas Yorba Linda, Buena Park, Huntington Beach y Mission Viejo- también han comenzado a tomar medidas contra las leyes estatales destinadas a proteger a los inmigrantes de las deportaciones.

La invitación a la reunión de Fresno de la semana próxima, junto con correos electrónicos obtenidos por grupos de derechos civiles a través de solicitudes de registros públicos, planteó preguntas sobre si las acciones locales son más orquestadas por la dirigencia republicana que por sus bases.

Tully es el jefe de una organización nacional clasificada como un grupo de odio antiinmigrante por el Southern Poverty Law Center sin fines de lucro, una etiqueta que han negado reiteradamente.

FAIR ha rechazado vehementemente que contacte a las ciudades californianas y, al contrario dice que son las ciudades los que se han acercado a ellos. Pero a mediados de marzo, de acuerdo con los registros públicos obtenidos por la ACLU del sur de California, Tully envió un correo electrónico a cada miembro del Concejo Municipal de Yorba Linda y al alcalde para solicitarle a la ciudad que presente un escrito en respaldo de la demanda de Sessions contra California. Ella dijo que su grupo estaba buscando ciudades y condados para unirse al caso y que su equipo legal representaría a la ciudad de forma gratuita.

Una portavoz de la ciudad confirmó que FAIR hizo la oferta para ayudar a presentar el escrito.

Aun así, Ira Mehlman, un vocero de FAIR, dijo que no sabía quién inició el contacto en Yorba Linda, pero argumentó que la oposición a la ley surgió de los gobiernos locales.

“Hemos estado trabajando con grupos locales [en California] durante mucho tiempo”, dijo Mehlman. “Estamos más que felices de ayudar si piden consejo”.

La “ley santuario”, llamada “Ley de valores de California”, impide que los agentes encargados de hacer cumplir la ley en muchos casos detengan e interroguen a las personas por agentes federales de inmigración y les impide compartir las fechas de liberación de algunos reclusos del condado que se encuentran ilegalmente en el país.

Es una de las tres leyes estatales de inmigración que Sessions ha impugnado en una corte federal, alegando que Brown y los legisladores están tratando de evitar que los funcionarios federales de inmigración hagan su trabajo.

En marzo, en declaraciones a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Sacramento, Sessions dijo que los funcionarios democrátas electos en California estaban apoyando las agendas políticas de los “extremistas radicales”.

Pero una encuesta estatal reciente encontró un fuerte respaldo. El 56% de los votantes apoyaba la “ley santuario”, con altos niveles de aprobación entre latinos, afroamericanos, votantes jóvenes y mujeres. Más del 50% también se opuso en gran medida a los esfuerzos de los funcionarios locales para salirse de la ley.

El senador estatal Kevin de León (D-Los Ángeles), ex líder del Senado que escribió la “ley santuario”, dijo que el evento planeado en Fresno es una “prueba positiva” de que la Casa Blanca, el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de California están trabajando conjuntamente con organizaciones extremistas como FAIR en un intento desesperado de asegurar los votos en noviembre “.

Dijo que él y sus colegas legisladores estaban preparados para defender la ley de los desafíos legales de la administración Trump. Pero no anticiparon que los funcionarios electos locales estén de acuerdo con el tipo de estrategia que De León comparó con la campaña contra inmigrantes indocumentados en torno a la Proposición 187, en 1994.

La iniciativa electoral que tenía raíces políticas en el Condado de Orange, habría negado los servicios públicos a personas en el país que estaban de manera ilegal. Fue aprobada por los votantes, pero finalmente fue revocado en el tribunal.

Los grupos proinmigrantes y de derechos civiles han intentado contrarrestar la oposición a la ley santuario y lo que los activistas mencionaron era un número creciente de incidentes de odio, insultos étnicos y comentarios antisemitas en varias reuniones del concejo. Días después de que Los Alamitos aprobó su ordenanza para optar por no cumplir con la ley, la ACLU del sur de California y otros grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra la ciudad impugnando la legalidad de la ordenanza. El Alcalde Troy Edgar está tratando de recaudar fondos para combatir la demanda.

El martes 1 de mayo, Jon Rodney, director de comunicaciones del Centro de Política de Inmigrantes de California, dijo que la reunión en Fresno muestra “que lo que ha estado sucediendo es una rabieta manufacturada al servicio de una agenda llena de odio que no representa a California”.

Fresno podría ser un terreno fértil para expandir las filas de los opositores a la ley santuario. El ex Sheriff Joe Arpaio de Arizona, acusado de discriminación racial contra latinos, hizo una aparición en el 2017, en una recaudación de fondos del Partido Republicano. Y el alguacil de Fresno, Margaret Mims, ha sido una crítica abierta de la “ley santuario”, diciendo que sus oficiales y los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas han tenido una relación cercana.

El supervisor del condado de Fresno, Buddy Mendes, dijo ese mismo martes, que el condado no tenía intención de tomar medidas contra la ley estatal. Aseguró que era uno de los tres supervisores republicanos de Fresno invitados a la reunión la semana siguiente, pero dijo que se negó a asistir. Tres supervisores del condado discutiendo sobre un tema así en una sesión privada, dijo, sería una violación de una ley estatal que garantiza al público el derecho a participar en reuniones legislativas locales.

No está claro qué otros funcionarios locales fueron invitados a asistir a la reunión. Tanto la ley como la oposición local a la misma, dijo Mendes, son “acuerdos de Seinfeld” -muestra una política sobre la nada porque la ley federal prevalecerá sobre la ley estatal y la ley estatal anulará la ley local.

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