Refugio para menores migrantes no está preparado para la política de ‘tolerancia cero’, según un ex empleado

Una inusual mirada a los refugios de Southwest Key, donde se envía a los niños migrantes después de ser separados de sus padres en la frontera, bajo la nueva política de “tolerancia cero”, de Trump.

Los colegas de un refugio contratado por el gobierno en Arizona, hicieron un pedido específico para Antar Davidson cuando llegaron tres niños migrantes brasileños: “Diles que no se pueden abrazar”.

Davidson, de 32 años, es de ascendencia brasileña y habla portugués. Los hermanos, de 16, 10 y 6 años, se angustiaron después de haber sido separados de sus padres en la frontera. Los niños estaban “acurrucados; las lágrimas corrían por sus rostros”, contó el extrabajador.

Las autoridades les habían dicho que sus padres estaban “perdidos”, lo cual interpretaron como ‘muertos’. Davidson les dijo a los chicos que no sabía dónde estaban sus padres, pero que tenían que ser fuertes. “El joven de 16 años me miró y me dijo: ‘¿Cómo?’”, relató Davidson. Mientras observaba llorar al chico, pensó: “Esto no es saludable”.

Davidson renunció después de haber trabajado al cuidado de jóvenes en el refugio Estrella del Norte, de Tucson, por unos pocos meses. El hombre decidió hablar sobre sus experiencias allí, con la esperanza de mejorar un sistema a menudo protegido del escrutinio público. Sus comentarios en una entrevista telefónica, ofrecen una inusual mirada sobre el funcionamiento de un albergue para migrantes.

Davidson se desilusionó después de que la política de “tolerancia cero” de la administración Trump comenzó a enviar al refugio no solo a los niños que cruzaban la frontera sin ser acompañados por adultos, sino también a aquellos separados de sus padres.

El número de casos está afectando a un establecimiento que él describió como carente de personal e insuficientemente equipado para tratar con niños que sufren un trauma, como los tres pequeños brasileños. Durante su permanencia en el albergue, los niños huían, gritaban, arrojaban muebles e intentaban suicidarse, relató Davidson. Varios eran monitoreados porque corrían riesgo de huir, autolesionarse o suicidarse, según los registros.

Una portavoz de Southwest Key, la organización sin fines de lucro con sede en Austin que maneja el sitio, negó esas acusaciones y afirmó que el refugio cumple con los requisitos del estado, incluidos los índices de personal y capacitación. “Nuestro personal tiene una gran experiencia en el tratamiento de esta población”, afirmó la portavoz Cindy Casares. “Tenemos estándares de desarrollo profesional muy altos”.

Según Casares, las proporciones de personal son particularmente importantes. “No podemos funcionar si no tenemos la cantidad de empleados legalmente requerida”, explicó.

En los últimos meses, afirmó, la compañía pagó horas extras al personal y montó “una campaña de contratación muy activa”. Según la declaración, “durante los últimos 20 años contratamos personal que tiene experiencia en cuidado infantil o trabajo social, para estar preparados para apoyar las necesidades emocionales y de desarrollo de todos los menores que llegan a nuestras instalaciones”.

Según Kenneth Wolfe, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., el gobierno tiene contratos con cien refugios en 17 estados. Las instalaciones ahora albergan a 11,313 niños.

Veintisiete de esos refugios en Arizona, California y Texas están a cargo de Southwest Key, uno de los mayores proveedores de hospedaje de migrantes a nivel nacional, ya que en 2017 recibió a 24,877 niños. Los miembros del personal deben ser bilingües y capacitarse durante 80 horas antes de poder trabajar con niños.

Los refugios tienen licencia estatal, incluidas las instalaciones de casi 300 camas de Tucson, un antiguo complejo de apartamentos. En la tercer semana de julio había 287 jóvenes en el refugio, 70 de ellos de 13 años o menos.

Por ley, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. debe enviar a los niños no acompañados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocida como ORR, dentro de las 72 horas. Se supone que los niños deben ser ubicados con familiares u otros tutores.

Algunos defensores de los inmigrantes señalan que, durante la administración de Trump, ORR se convirtió en un brazo de aplicación de la ley de inmigración.

En junio pasado, el senador Jeff Merkley (demócrata de Oregon) cuestionó las condiciones en los refugios, después de ser rechazado cuando intentaba visitar las instalaciones de Casa Padre, en Brownsville, Texas, también manejadas por Southwest Key.

La compañía emitió un comunicado alegando en ese momento que “con la aprobación de ORR, los albergues de Southwest Key han dado la bienvenida a funcionarios públicos electos y otros en sus instalaciones en el pasado, y continuarán haciéndolo, porque estamos orgullosos del ambiente de cuidado que brindamos a estos niños”. La declaración señalaba que “empleados federales de ORR visitan nuestros albergues varias veces a la semana”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que “no se le permitirá la entrada a nadie que llegue sin avisar a uno de nuestros refugios, exigiendo el acceso a los niños a nuestro cuidado, incluidos aquellos que dicen ser senadores de Estados Unidos”.

El departamento llevó a cabo un recorrido con medios en Brownsville en junio pasado y otro en El Cajón, California. En ellos, no se permitió a los visitantes hablar con personas ni fotografiarlas. El presidente ejecutivo de Southwest Key envió un correo electrónico al personal para notificarles sobre las visitas y ofrecerles tranquilidad.

“Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de mostrarle al mundo el trabajo increíble que nuestros empleados hacen para cuidar a los niños a quienes atendemos”, escribió Juan Sánchez, señalando que Southwest Key había contratado a 700 nuevos empleados que completarían la capacitación pronto. “Sé que han estado trabajando horas extras debido a la oleada de menores en nuestros refugios. Por favor, tengan paciencia. El alivio llegará pronto”.

Davidson, quien completó su trabajo para una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Arizona en 2017, estaba lleno de esperanza cuando llegó al refugio de Tucson, en febrero.

A los niños se les hacía presentaciones de “Conoce tus derechos”, por parte de un grupo de defensa local, luego veían a los médicos y a los trabajadores de casos todas las semanas. También los llevaban a consultas con doctores y odontólogos según lo necesitado.

Davidson enseñaba clases de inglés y vocacionales, y había iniciado una clase del arte marcial brasileño llamado capoeira. Muchos de los jóvenes guatemaltecos que conoció inicialmente eran indígenas, de áreas rurales.

Bajo la política de tolerancia cero, los casos que eran manejados administrativamente en un tribunal de inmigración, comenzaron a ser procesados como delitos menores o graves en un tribunal federal. Los migrantes fueron acusados de cruzar la frontera de forma ilegal y separados de sus hijos, a quienes trasladaron a refugios.

Davidson veía a los niños cada vez más confundidos y angustiados, la mayoría procedentes de América Latina. También había más de lo que el personal llamaba niños de “edad tierna”, los menores de 13 años. Algunos eran tan pequeños como de cuatro años, relató.

“Lo que una vez había sido una instalación transitoria, con un personal que se esforzaba y luchaba, se estaba convirtiendo en un sitio más permanente”, y más “parecido a una prisión”, narró Davidson.

El 27 de mayo, tres jóvenes hondureños y uno mexicano escalaron la valla que rodea el refugio y huyeron. Solo uno de los hondureños fue atrapado, narró. Los fugitivos habían sido un problema en el albergue durante años, y los funcionarios ya habían agregado puertas de seguridad y cámaras. Varios jóvenes eran monitoreados como “riesgosos”, según los registros.

Southwest Key confirmó el incidente en su declaración y dijo que informaron sobre los tres fugitivos a las fuerzas del orden. “La ley no nos permite restringir a nadie que intente escalar la cerca para irse. Podemos hablar con ellos e intentar que se queden, pero no podemos contenerlos”, señaló el escrito.

Cuando los hermanos brasileños llegaron al lugar, el 29 de mayo, fueron llevados a un salón de clases, donde -según Davidson- les dijeron que se quedarían porque no había suficiente personal para supervisar los dormitorios.

Southwest Key impugnó ese relato y afirmó en su declaración: “La traducción profesional ya estaba arreglada en esta situación. Tenemos administradores de casos que hablan portugués y usamos servicios de traducción. Ningún menor durmió en el aula. Eso es incorrecto y no está permitido por la ley”.

Pero cuando cinco chicos brasileños más, de entre cinco y 17 años, llegaron allí, el 30 de mayo, estaba claro que “los niños no tenían idea de lo que estaba pasando”, afirmó Davidson.

“No sabían dónde estaban sus padres. Los administradores de casos afirmaron que pasaría una semana hasta que encontrásemos a sus padres y otra más hasta que habláramos con ellos. Pude ver cómo estaban chapuceando con estos casos”, dijo. “En ese punto, la tolerancia cero estaba en pleno apogeo y se podía ver la desesperación: niños corriendo por el pasillo, gritando por sus madres”.

Ese mismo día, Davidson envió por correo electrónico una queja escrita a una supervisora regional. “Preferiría que las instalaciones manejen esta situación humanitaria de forma adecuada, en lugar de darle la espalda a la difícil situación de estos menores”, escribió. “Con las nuevas leyes y la afluencia de [menores] cada vez más diversos y más problemáticos, me preocupa que el personal y la administración aquí en Tucson sufra aún más”.

Davidson también contactó a la supervisora por teléfono, y ella prometió tomar medidas, pero las condiciones únicamente empeoraron.

“La mayoría de los niños pueden contactar a sus familias en el país de origen, así como a la familia y/o patrocinador potencial en Estados Unidos, dentro de las 24 horas de su llegada”, declaró Southwest Key posteriormente. “Cualquier retraso se debe al hecho de que el niño necesita ayuda para obtener el número de teléfono de los familiares a quiénes se llamará”.

Pero “el personal era realmente incapaz de controlar a estos menores”, aseveró Davidson, quien sospechaba que algunos de quienes estaban a su cargo eran adultos haciéndose pasar por niños, dijo, y figuraban en los registros como “posibles adultos”. Habían descubierto hombres de hasta 26 años que se hacían pasar por adolescentes, narró. Pero la forma en que el personal maneja esas sospechas también puede causar problemas, explicó.

Recientemente, el personal interrogó a un migrante guatemalteco que afirmó tener 13 años y que había llegado a Estados Unidos para reunirse con su padre. Según Davidson, el chico decía la verdad, pero una prueba de ADN demostró que el hombre que creía que era su padre, en realidad no lo era. Después de que las autoridades revelaron la verdadera paternidad del niño, ese adulto “no quiso tener nada que ver con el chico”, recordó Davidson.

Cuando el niño supo la verdad, comenzó a lastimarse e intentó suicidarse. Las autoridades contactaron al padre biológico del menor, explicó Davidson, pero “él tampoco lo quería”.

El niño ha estado en el refugio durante varios meses bajo estrecha observación. Southwest Key agregó que, legalmente, no podía discutir casos específicos, pero remarcó que “el personal está capacitado para trabajar con jóvenes separados de sus padres. Proporcionamos atención compasiva, algo esencial para lo que hacemos”.

Durante la visita en Brownsville, las autoridades dijeron que habían intentado desenmascarar a los adultos que se hacían pasar por niños usando pruebas de ADN y registros dentales.

Después de ello, el CEO de Southwest Key se reunió con el personal en el refugio de Tucson, donde Davidson todavía seguía trabajando. Allí, dijo que la compañía planeaba reducir la proporción de personal a entre uno y tres empleados por niño.

Sánchez instó al personal a ayudar a los menores migrantes a través de un “programa solidario de empleados”: una donación única de $240, o $10 a descontar de cada cheque de pago, relató Davidson.

Southwest Key remarcó que las donaciones eran para un programa de becas para jóvenes de albergues que “desean continuar su educación o tienen problemas extremos de salud o de vida”, y que Sánchez nunca prometió disminuir las proporciones de personal. “Estamos contratando empleados adicionales para cumplir con un aumento en todas nuestras instalaciones, debido a la cantidad de niños que ORR pone a nuestro cuidado”, destacaba el comunicado.

Davidson se alejó del lugar pensando: “No van a conseguir suficientes trabajadores”.

Después, presentó su renuncia y obtuvo un nuevo trabajo. Davidson no quiere que se cierren los albergues, pero siente un “cargo de conciencia”. “Ya no puedo trabajar tranquilamente con los programas Southwest Key”, escribió. “Me siento incómodo con la moralidad de algunas de las prácticas”.

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