Décadas después de la muerte de seis estadounidenses, comienza el juicio contra Chiquita por sus pagos a las guerrillas colombianas

Las familias de seis estadounidenses secuestrados y asesinados durante la década de 1990 por la organización guerrillera colombiana FARC buscan una compensación potencial de decenas de millones de dólares por daños y perjuicios de la gigante platanera Chiquita Brands International, debido a los pagos que la compañía efectuó a esa agrupación.

El juicio comenzará este lunes con la selección del jurado en la corte federal de West Palm Beach, Florida, por demandas que acusan a Chiquita de violar la Ley Antiterrorista. La empresa admitió haber pagado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cerca de $220,000 dólares, aunque sostiene que lo hizo solo para proteger de la violencia a sus empleados y sus propios intereses.

Según documentos judiciales, un pago de $10,000 a los guerrilleros se entregó en un neumático de repuesto en la parte trasera de un Jeep.

Las familias afirman que el apoyo financiero de Chiquita a las FARC como grupo terrorista reconocido implica que debe responsabilizarse por la muerte de los estadounidenses y pagar daños y perjuicios por ello. Los parientes deben demostrar que los ejecutivos de la compañía sabían que las FARC estaban involucradas en actos terroristas violentos que podían afectar a los estadounidenses, y que las muertes de sus seres queridos eran previsibles cuando se hicieron los pagos, afirmó un abogado de los demandantes, Gary Osen.

“Estas son personas que han pasado por algo enorme en sus vidas. Han esperado 10 años para que llegue su día en la corte”, dijo el letrado.

En un comunicado emitido en enero, Chiquita, con sede en Suiza, señaló que su única motivación para pagar a las FARC era proteger a sus propios empleados de la violencia.

“Hemos sido claros con que, en todo momento, la compañía priorizó la seguridad de sus empleados y las familias de estos, y actuó en consecuencia”, sostuvo el comunicado.

Las FARC y otros grupos paramilitares estuvieron involucrados en una guerra civil que se extendió por décadas en Colombia y costó miles de vidas. El derramamiento de sangre finalmente terminó en 2016, cuando se firmó un acuerdo de paz. Chiquita también admitió haber pagado $1.7 millones a un grupo derechista opuesto a las FARC, que finalmente se declaró culpable en 2007 de un delito en los EE.UU. y pagó una multa de $25 millones.

Fue solo después de que el caso se hizo público que los familiares de los seis estadounidenses asesinados por las FARC se enteraron de que la platanera también había pagado a las FARC, lo cual dio lugar a las demandas.

Cinco de los estadounidenses asesinados por las FARC eran miembros de un grupo misionero con sede en Sanford, Florida, llamado New Tribes Mission: David Mankins, Rick Tenenoff, Mark Rich, Stephen Welsh y Timothy Van Dyke. El sexto, Frank Pescatore Jr., era geólogo de una compañía de Alabama que trabajaba en un proyecto en Colombia y fue fusilado mientras intentaba escapar de sus secuestradores, de acuerdo con documentos judiciales.

Tania Julin, de Winter Springs, Florida, estaba casada con Rich cuando éste fue secuestrado, en la noche del 31 de enero de 1993, en el pueblo de Pucuro, Panamá, a unos 24 kilómetros de la frontera con Colombia.

La mujer relató que hombres armados irrumpieron en su casa, donde dormían sus dos hijas pequeñas, ataron a Rich y le ordenaron a él, Mankins y Tenenoff, que marchasen hacia la jungla. Ella nunca volvió a ver a su marido. “Fue tan aterrador. Nunca lo imaginé. Fue tan súbito e inesperado. Tenía solo 23 años, tenía dos hijas pequeñas”, contó Julin, quien ahora enseña en un jardín de infantes. “Estaba aterrorizada de lo que podría pasar, y tan confundida acerca de por qué alguien nos haría esto. Solo estábamos allí para ayudar a la gente. Nunca tuve tanto miedo en toda mi vida”, aseguró.

Más tarde, las FARC exigieron un rescate de $5 millones de dólares para los tres, pero pronto fue evidente que los hombres probablemente habían sido asesinados, afirmó Julin. Les llevó años a las familias averiguarlo con certeza, y nunca recibieron los restos.

“Los años de no saber fueron tan difíciles. Pasaban las Navidades, y lo único que querían las niñas para Navidad era que su papá volviera a casa. Fueron muchos años de penas decepcionantes; fue difícil ver crecer a las niñas sin su padre”, reconoció.

Mucho antes de estas muertes, en la década de 1990, Chiquita había establecido alrededor de 35 fincas plataneras en la región de Urabá, Colombia, que empleaban a unas 3,000 personas. Era bien sabido que las FARC estaban activas en el área y rutinariamente usaban extorsiones y amenazas para obtener pagos por parte de personas y empresas, una práctica llamada vacuna.

La primera demanda inicial de pago de las FARC a Chiquita se produjo en 1989, cuando el grupo solicitó $10,000. Los documentos de la corte muestran que los ejecutivos decidieron concretar el pago, el primero de los 57 que le otorgaría a las FARC durante la próxima década.

Una consultora llamada Control Risks, que trabajó con Chiquita, describió la naturaleza calamitosa del problema en una nota en ese momento, según documentos judiciales.

“Hay que pagar. Estas personas hablan en serio. Los militares no pueden controlarlos”, decía el memorándum. “No se puede simplemente entregarlos a las autoridades, darles sus nombres a alguien. Porque tendrán una venganza por eso, y pueden esperar violencia”.

Finalmente, un ejecutivo de la compañía viajó a Colombia con $10,000 en efectivo, lo cambió por pesos colombianos y se las arregló para entregar el dinero escondido en el neumático de repuesto de un Jeep a un guerrillero de las FARC, según documentos judiciales.

A pesar de su afirmación de que el pago fue para proteger a los empleados, los ejecutivos de Chiquita lo discutieron en términos de un costo por hacer negocios, y la compañía no tenía intención de poner fin a sus operaciones en Colombia, muestran los documentos. “No vamos a dejar de hacer negocios en Colombia porque tengamos que gastar unos $25,000 extra. Eso no es realista, ¿verdad?”, citan los escritos, en palabras de un ejecutivo.

El juez de distrito de los Estados Unidos Kenneth Marra, quien presidirá el juicio -estimado en cuatro semanas- dictaminó en enero último que Chiquita no puede usar como defensa que los pagos se hicieron únicamente bajo coacción.

“No hay evidencia de un ultimátum o amenaza específica por parte de un comandante de las FARC en ningún momento durante el período continuo de nueve años en el cual [la compañía] pagó dinero a las FARC”, escribió Marra. “Chiquita tenía alternativas razonables y legales para mantener y expandir sus operaciones frutícolas en Colombia. Se podría haber retirado y haber buscado la intervención del gobierno en Colombia o los Estados Unidos”.

Aunque la demanda no solicita una cantidad específica por daños, Osen remarcó que otros casos similares han dado como resultado veredictos por decenas de millones de dólares, en parte porque cualquier daño otorgado se triplica automáticamente.

“Los familiares de las víctimas del terror sufren de forma especial debido a la naturaleza impactante e inesperada, así como la malicia y crueldad involucradas”, sostuvo Osen.

Por su parte, Julin destacó que después de todo este tiempo está ansiosa pero también optimista, ahora que el caso llega al juicio. “Finalmente voy a tener mi día en la corte”, expresó. “Hay nervios, pero también una sensación de que algunos errores serán compensados”.

Traducción: Valeria Agis

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