Abogados públicos se olvidan de los jóvenes delincuentes

Los abogados defensores, que son pagados por el condado de Los Ángeles para representar a los delincuentes juveniles están fallando en conectarlos a los servicios sociales que podrían alejarlos del ciclo del criminal, concluye un informe del Instituto Warren sobre Política Social y Ley en la Universidad de California, en Berkeley.

El hallazgo revela que parte del problema por el cual los abogados no están trabajando lo suficiente, es porque reciben un salario base de 340 a 360 dólares por caso basado en un sistema de compensación que data de los años 90.

El condado de Los Ángeles es el único de los 10 condados más grandes de California en continuar este sistema. Asimismo, cada abogado lleva un carga de alrededor de 660 caso por año mientras que en otros condados el promedio es de 290.

El informe arroja que el condado tiene un mínimo o ningún control sobre su sistema de defensa de menores indigentes, incluyendo el número de casos asignados a los abogados o su entrenamiento. Tampoco monitorea si los abogados del panel exponen a los jóvenes a los servicios como vivienda, educación especial y los tratamientos para el abuso, trauma, la adicción a sustancias y las enfermedades mentales.

Con este hallazgo, dado a conocer esta semana, los supervisores Mark Ridley-Thomas y Sheila Kuehl están trabajando en introducir una reforma al sistema de servicios legales.

Cuando los menores no pueden pagar por su propia defensa, el condado les provee un abogado defensor del su panel.

Sin embargo, los abogados asignados a aproximadamente una cuarta parte de los casos del condado, solamente están conectando a uno de cada 100 jóvenes que representan a un trabajador social después de que su caso es resuelto, según la investigación que fue comisionada por la Junta de Supervisores.

Los abogados “deben abogar por el cuidado amplio de sus clientes en cuanto a tratamiento y orientación”, ya sea antes o después de la disposición de los cargos criminales, sostiene el informe.

Asegurarse de que los clientes reciben los servicios de salud mental, abuso de sustancias y una evaluaciones de desarrollo es “ético y un requisito legal” para que los jóvenes puedan liberarse del ciclo de la delincuencia y el encarcelamiento, sostiene el informe.

Ante la noticia, el supervisor Ridley-Thomas sostuvo que el sistema de defensa es obsoleto y el condado lleva trabajando 20 años con el mismo contrato con el que inició el panel.

“Ha llegado la hora de que el condado revise seriamente cómo los jóvenes están siendo representados y encontrar la reforma que se necesita”, señala la moción de Kuehl y Ridley-Thomas.