Inicia programa de reclamos de abuso sexual de la misma arquidiócesis de L.A., aceptan indocumentados
Un programa que permite a las víctimas de abuso sexual del clero demandar por delitos individuales anuncia la apertura de sus puertas en seis diócesis católicas en California, incluida la sede de Los Ángeles.
Otros servicios también estan disponibles en las arquidiócesis de Orange, San Diego, Fresno, Sacramento y San Bernardino, anunciaron el esfuerzo en mayo, diciendo que el programa de compensación está abierto para todas las víctimas de abuso sexual del clero, incluidas las personas que viven con un estatus migratorio irregular en el país.
Seis de las diócesis católicas de California, incluidas San Diego y Los Ángeles, anunciaron el pasado martes un nuevo programa para compensar a las víctimas de abuso sexual del clero.
Asimismo, el programa de compensación se abre para todos aquellos a los que se les ha prohibido presentar demandas porque el abuso ocurrió hace mucho tiempo y está más allá del estatuto de limitaciones.
Los organizadores del Programa de Compensación Independiente de California (ICP) destacan que el esfuerzo está siendo operado independientemente de la iglesia y es supervisado por un comité de tres personas, el ex secretario de Defensa Leon Panetta; el ex gobernador de California, Gray Davis y Maria Contreras-Sweet, ex administradora de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
C4C es una iniciativa nacional que arrancó hace cinco años y está dirigida a aumentar la ciudadanía entre los residentes permanentes elegibles en Estados Unidos.
“Este importante programa es una respuesta necesaria a los reclamos históricos de abuso sexual infantil en las diócesis participantes”, dice Panetta.
“Hoy se requiere que cada nuevo reclamo de abuso se informe a la ley, lo que conducirá al enjuiciamiento de quienes han abusado de niños. Aunque el ICP protegerá celosamente la privacidad de cualquier información confidencial proporcionada voluntariamente por las víctimas a los administradores, las víctimas son libres de discutir su historial de abuso y su experiencia con este programa”, afirma.
El programa de compensación está siendo operado por los administradores Kenneth R. Feinberg y Camille S. Biros, quienes dirigen programas similares para las diócesis en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Colorado.
Las víctimas-sobrevivientes no necesitan tener un abogado para participar, y no hay tarifas por participar. Los pagos por reclamos completos se remunerarán dentro de los 90 días.
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Según los organizadores, las diócesis que participan en California en el programa de compensación independiente incluyen más de 10 millones de católicos, o aproximadamente el 80% de la compensación católica del estado.
Los organizadores del programa dijeron que la participación es completamente voluntaria y permite a las víctimas presentar reclamos en un entorno “no contencioso” y sin la necesidad de contratar un abogado.
En una carta a los fieles de la Arquidiócesis en Los Ángeles, el arzobispo, José H. Gómez, enfatizó recientemente el compromiso de “permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos por proteger a los niños, denunciar el abuso y ayudar a las víctimas y sobrevivientes”.
“Hemos brindado atención pastoral y apoyo financiero a las víctimas y sobrevivientes aquí en la Arquidiócesis durante muchos años”, sostiene Gómez.
Su meta era hablar sobre las redadas con representantes de la comunidad así como con los agentes de inmigración, pero Roland Gramajo, activista comunitario, terminó siendo arrestado por un evento que él mismo organizó.
Los detalles sobre el proceso de reclamo están disponibles en el sitio web del programa, www.CaliforniaDiocesesICP.com.
SNAP, una organización que aboga por las víctimas del abuso sexual del clero, emitió una declaración en mayo criticando el gesto, sugiriendo que las víctimas deben examinar cuidadosamente sus derechos antes de participar en el programa de compensación.
“Creemos que la mejor manera de exponer las irregularidades y hacer cumplir la rendición de cuentas es para que los delitos se hagan públicos y para el castigo e indemnización que deben imponer los tribunales, no las instituciones que permitieron que las malas acciones sucedieran en primer lugar” asegura SNAP. ``
Bajo el programa, Feinberg y Biros tendrán total autonomía para determinar la elegibilidad de los reclamos individuales, y sólo ellos acordarán la cantidad de compensación ofrecida a cualquier víctima.
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