Se acaba la era de los centros de detenciones privados para indocumentados en California

Después de un activismo local sostenido, el gobernador Gavin Newsom firma un proyecto de ley que prohíbe las prisiones privadas por detención de inmigrantes en California. Por lo tanto, muchos en las redes sociales aprovechan para aplaudir el esfuerzo llamandole al estado progresista.

La legislación que entra en vigor a partir del año nuevo, impedirá que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada, y evitará que California mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028. AB 32 también se aplica igualmente para prohibir los centros de detención privados que se encuentran en California.

Inmediatamente después de la HB2040 en Illinois, la ley AB32 de California genera impulso para desmantelar los motivos de ganancias que están entrelazados con el encarcelamiento masivo y la detención de inmigrantes, sostienen simpatizantes.

“Esta es una victoria histórica, no solo para el estado de California y las miles de personas tras las rejas, sino también para la nación en general, al unirnos a Illinois para establecer una hoja de ruta para poner fin a la vergonzosa historia de criminalización y dependencia de Estados Unidos sobre el encarcelamiento como una industria con fines de lucro”, dijo Grisel Ruiz, abogada supervisora del Centro de Immigrant Resource Center.

Prohíbe la renovación de un contrato con una prisión privada con fines de lucro ubicada dentro o fuera del estado además de la operación de cualquier centro de detención privado en el estado que no esté en funcionamiento de otra manera.

Las prisiones privadas utilizadas en el estado para detención de inmigrantes incluyen el Centro de procesamiento de ICE de Mesa Verde (Bakersfield), el Centro de detención de Otay Mesa (San Diego), el Centro de procesamiento de ICE de Adelanto (Adelanto) y el Centro de detención regional imperial (Calexico).

“Para los inmigrantes, esta ley significa el fin de los centros de detención con fines de lucro mortales y abusivos en el estado”, dijo Lizbeth Abeln, coordinadora de Detención de Inmigrantes de la Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes.

“Solo Adelanto fue nombrado el centro de detención más mortífero del país hace dos años y ha tenido numerosas investigaciones que detallan los horrores dentro de la Oficina del Inspector General, así como informes de organizaciones no gubernamentales. Los problemas atroces en Adelanto no están aislados: la semana pasada, un hombre de 37 años, Nebane Abienwi, murió en el centro de detención de Otay Mesa”, sostuvo la activista.

Más del 70 por ciento del sistema de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es operado por compañías privadas de prisiones, mientras que en California es más del 90 por ciento, más notoriamente, CoreCivic y The Geo Group Inc (GEO). Ambas compañías tienen un historial documentado de abuso, negligencia y muerte dentro de sus instalaciones.

“Las compañías privadas de prisiones son uno de los mayores beneficiarios del actual sistema de detención de inmigrantes”, dijo Sandy Valenciano, organizadora estatal de la Alianza de Justicia Juvenil de Inmigrantes de California.

“Los incentivos financieros perversos son la base del sistema de detención de inmigrantes que continuamente impulsa la expansión de las instalaciones y conduce a un mayor sufrimiento humano”, agregó.

Los defensores ven a AB 32 como una parte de un esfuerzo mayor para desmantelar todo el encarcelamiento masivo en California, junto con una serie de proyectos de ley recientemente firmados que buscan romper el ciclo de encarcelamiento y ampliar las oportunidades para que las personas en prisión regresen a sus comunidades.

“Esperamos trabajar de la mano con nuestros socios en el movimiento de reforma de la justicia penal para garantizar la implementación más sólida posible de la AB 32, para protegernos de los abusos y para impulsar el encarcelamiento en todo el estado”, dijo Valenciano.

Bárbara Suárez Galeano, directora organizadora de la Red de Vigilancia de Detención indicó que se sabe que “los incentivos financieros perversos endémicos para nuestro sistema de detención de inmigrantes no se limitan a las compañías privadas de prisiones, ya que los gobiernos locales detienen a los inmigrantes a cambio de enormes sumas de dinero para llenar los vacíos en la reducción de los presupuestos locales”, dijo. “Este proyecto de ley es un gran paso adelante en el llamado sostenido y creciente para abolir la detención de inmigrantes”.

Con el cierre de Mesa Verde y Adelanto potencialmente llegando al 2020, los organizadores comunitarios de todo el estado se están preparando para lanzar un fondo de bonos ambicioso junto con los esfuerzos de movilización masiva para abogar por la feria y la liberación de todos los detenidos dentro de ese sistema.