Activistas van a marchar del este al centro de L.A.: ‘Matamos a la 187 y estamos listos para otros ataques’
Hace 25 años, miles de personas marcharon del este al centro de Los Ángeles para expresar su oposición a la Propuesta 187, que les prohibía a los niños indocumentados asistir a las escuelas y excluía de todo servicio de salud, alimento o asistencia pública a las familias sin documentos en California.
Ahora, los activistas pro-inmigrantes vuelven a tomar las calles este próximo sábado, 19 de octubre, para dejarle saber al gobierno del presidente Donald Trump que así como la 187 fue aniquilada en California, cualquier otra orden o proposición en contra de los inmigrantes indocumentados en la nación, será atacada.
Distraídos por el presidente Trump y sus furiosos opositores, es fácil perderse el panorama general de la migración extranjera a California.
La comunidad inmigrante, con documentos y sin documentes ha crecido en California, es más fuerte en la política y tiene más votantes que hace dos décadas, argumentan los activistas.
La marcha que inicia a las 10 a.m., entre la calle Lorena y la avenida César Chávez, en el este de Los Ángeles, conmemora la lucha contra la medida Save Our States (SOS).
SOS fue respaldada en aquel entonces por el gobernador republicano Pit Wilson y apoyada por la mayoría de votantes. Sin embargo, un día después de la aprobación, varios grupos activistas impusieron una demanda en su contra, y tiempo después, la medida fue anulada “por inconstitucional”.
La 187 como monstruo
Juan José Gutiérrez, activista pro-inmigrante del este de Los Ángeles, recuerda como si fuera ayer cuando SOS llegó a California como “monstruo” para millones de indocumentados.
En 1994 California tenía cerca de 1.3 millones de inmigrantes indocumentados, incluidos unos 300 mil niños, señala el activista.
Al Labrada recuerda el terror que sentía cuando era niño, cada vez que iba de Los Ángeles a San Diego en un autobús Greyhound y pasaba por un puesto de control de inmigración.
“De haber entrado en vigor, la ley hubiera devastado a muchas familias”, dice Gutiérrez, quien fue estratega de protestas en aquel entonces y hoy en día también es uno de los organizadores de la marcha del sábado.
“Recuerdo que cuando nos estábamos organizando para las marchas, mucha gente tenía miedo de participar… entonces yo les decía: ‘Piensen que nos quieren atacar desde Pomona, y nos están orillando al mar de Santa Mónica. Entonces cuando estemos orillados, tenemos que tomar la decisión, o peleamos y morimos en el intento con dignidad, o nos damos por vencidos”, dice Gutiérrez.
Los impulsores de la ley 187 alegaban que California gastaba cerca de $3.000 millones anuales de impuestos de los contribuyentes en los servicios otorgados a los inmigrantes indocumentados, de los cuales cerca de la mitad era invertido en educación de estudiantes menores.
“Estábamos en situación precaria, bajo ataque permanente y donde el gobierno estatal quería criminalizar el hecho de ser inmigrante, quería convertir a las enfermeras, doctores y hasta maestros escolares en agentes de inmigración”, dice Gutiérrez.
La propuesta fue aprobada con un 59% del electorado a favor y un 41% en contra, con una participación del 60% de votantes.
Desde que Sam Paredes cruzó a los Estados Unidos sin autorización desde México, hace casi 30 años, siguió una filosofía simple: mantener la cabeza baja y tratar de no meterse en problemas.
Después de la aprobación de la medida, miles de estudiantes, políticos, catedráticos, líderes religiosos y diferentes comunidades étnicas se manifestaron para expresar su oposición a la medida, considerada como xenófoba y discriminadora de las minorías étnicas, especialmente las de origen latino, dice Gutiérrez.
El día después de que se aprobara la ley, una alianza de grupos latinos y de derechos civiles, incluido el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDED), American Civil Liberties Union (ACLU) y The League of Latin American Citizens (LULAC), entablaron demandas en contra de la medida en un tribunal estatal.
Hasta1997, la jueza federal Mariana Pfaelzer consideró que la Proposición 187 era inconstitucional. El gobernador Wilson apeló el fallo de Pfaelzer, que llevó el asunto al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Pero a mediados de 1999, el entonces gobernador demócrata Gray Davis retiró la apelación que anuló la ley.
El monstruo nunca murió
En la actualidad, muchos activistas creen de hecho que la Proposición 187 fue el principio de un esfuerzo para reducir la inmigración ilegal.
Sin embargo, también admiten que fue propulsor en despertar a mucha gente para convertirse en ciudadanos y votar, así como entrar en el poder político a nivel nacional. Inclusive varias personas que buscan puestos en la política aprovecharon para ganar votos al comunicarse en español con la gente.
La Junta de supervisores del Condado de Los Ángeles vota a favor de instruir a los empleados de sus diferentes dependencias a que no hablen con los trabajadores federales sobre las propiedades vacantes que se encuentran disponibles dentro de la región.
Yvonne González Duncan, directora estatal de LULAC en California, una de las organizaciones involucradas en la demanda de 1994 en contra de la 187, sostiene que la historia se repite de nuevo.
“Vemos que en la política estatal y federal hay cambios positivos y negativos. La situación actual es la peor de estos 25 años, donde, ya no es California sino el gobierno federal que empuja la reducción de la inmigración en diferentes ángulos”, dice Duncan.
“La 187 debe ser una reflexión para seguir pidiendo una reforma migratoria”, agrega.
Por otro lado, la resistencia es más fuerte que nunca, dicen activistas. Se proyecta que los latinos serán aproximadamente el 13.3% del electorado en 2020, según datos del Pew Research. En comparación, en el 2004 el electorado latino era aproximadamente el 5% a nivel nacional.
Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF y consejero general, está de acuerdo con Duncan.
“25 años después de la propuesta estatal, estamos enfrentándonos a una amenaza a nivel nacional. California por el contrario, de ser en 1994 el estado más anti-inmigrante de la nación, es ahora un estado progresista que protege a esta comunidad”, dice Saenz.
El 2018 marcó un número récord de trasplantes de órganos.
Entre los ejemplos se encuentra la ley AB-60, que a partir de 2015 le brindó la licencia de manejo a los indocumentados de California, y la ley del “estado santuario, donde las autoridades ya no pueden preguntarle a la gente sobre su estado migratorio o participar en acciones federales para el cumplimiento de inmigración”.
“Esto significa que California es un ejemplo que se puede repetir a nivel nacional… Otros estados pueden hacer lo mismo. Tuvimos un gran empuje de activismo liderado por los ‘dreamers’ (inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de niños), quienes abogaron por un alivio… Y ahora el activismo continúa por este y otros grupos”, dice Saenz.
A juicio de Saenz, los ataques en contra de las personas indocumentadas no van a terminar, mientras que haya una población del ala extremista como la que sigue al presidente Trump.
Entre estos ataques a nivel nacional se encuentra la cancelación de fondos para las ciudades santuarios, el alivio DACA, la protección del TPS y la regla de carga pública, que por ahora han sido bloqueadas por las cortes.
Sin embargo, de acuerdo al director de COFEM, Francisco Moreno, la comunidad indocumentada está más organizada y dispuesta a exponer sus historias. Además, de tener más representantes políticos.
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Actualmente hay 43 latinos que forman parte del Congreso, 35 de ellos son demócratas y otro ocho son republicanos.
“Los latinos en el poder son una ayuda drástica que ha cambiado el panorama en California. Tenemos por ejemplo a los representantes Kevin De Leon y Ricardo Lara, que nos han puesto en la luz, y han abogado por leyes en nuestro favor”, dice Moreno.
Por otro lado, “no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque California se sienta en una bomba de tiempo… donde en cualquier momento si no votamos, sino no nos convertimos en ciudadanos, las leyes que nos protegen pueden cambiar”, dice Moreno.
La nación en “crisis”
Gill Cedillo, concejal de la ciudad de Los Ángeles, admite que “la nación está en crisis desde que Donald Trump anunció su campaña’’.
“Nunca en la historia de nuestra nación hemos tenido un candidato presidencial tan serio a ejecutar una campaña explícitamente atacando a los mexicanos, mexicoamericanos, latinos e inmigrantes”, dice Cedillo.
Enfatiza que en 1994, los patrocinadores de la 187 intentaron hacer chivos expiatorios de los inmigrantes y culparlos por una economía pobre y por los males del estado en ese momento.
“Esto es lo que está ocurriendo hoy en una escala mucho mayor. Trump ha atacado repetidamente la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional y ha arremetido en contra de Los Ángeles y las ciudades santuario. Hizo del tema un punto central de su campaña presidencial, anclada en su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, financiado por México”, agrega.
Según Pew Research, los condados de Los Ángeles y Orange en 2017 albergaban aproximadamente el 10% de los 11.1 millones de inmigrantes del país que son indocumentados.
La lección para la comunidad, enfatizan activistas, es aprender inglés, asimilarse, educarse en las leyes y votar para ser la voz de los más vulnerables.
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