‘Están deportando a la gente a la muerte’: activistas reaccionan al informe de HRW

Los defensores pro-inmigrantes condenaron las políticas estadounidenses que han provocado la muerte de al menos 138 salvadoreños después de haber sido deportados a su nación de origen desde el 2013 a la fecha, según el informe divulgado por la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe de esta organización documentó los 138 asesinatos, además de 70 casos de personas que sufrieron golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas, que fueron perpetrados por pandillas, exparejas íntimas y miembros de la policía o las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), consideró que la administración del presidente Donald Trump está implementando una política migratoria “criminal” y que si fuese más humana, se podrían evitar estas fatalidades.

“La política migratoria del presidente Trump ha sido un desastre desde el principio y ahora se puede tildar de criminal. Lo triste de estas muertes en El Salvador es que se pudieron haber evitado, efectuando políticas migratorias razonables, justas, humanas, no racistas y xenofóbicas como las de esta administración”, dijo Salas.

Al conocerse el ambiente de violencia en esa nación centroamericana, plantea Ángela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), las deportaciones se han convertido en una política de “carne roja” para los que apoyan al presidente Trump.

En ese sentido, señala la activista que esta política le sirve al jefe de la Casa Blanca para enviar “un mensaje de terror para la población, para aterrorizar y crear miedo” entre los migrantes que tratan de escapar del territorio salvadoreño huyendo de las extorsiones y la inseguridad.

“El crimen organizado y la extorsión es una de las situaciones más peligrosas”, dijo Sanbrano. “Eso lo sabemos de muchas personas que están llegando en estos momentos. Se están viniendo por el peligro de la extorsión y es una tendencia que va en aumento”.

Por lo tanto, la líder pro-inmigrante asegura que el Congreso y los jueces de inmigración deberían de tomar en consideración esta realidad para evitar que más personas pierdan la vida al regresar a El Salvador, porque con la política actual “prácticamente están deportando a la gente a la muerte”.

Debido a que el reporte de HRW toma como punto de partida el 2013, Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, considera que hay un hilo conductor que conecta a la administración del presidente Barack Obama con el actual inquilino de la Casa Blanca que ha seguido la misma tendencia.

De hecho, Sanabria apunta que Human Rights Watch “desnuda la hipocresía” de lo que fue “la administración del deportador en jefe”, la cual heredó y “ha maximizado el mentiroso en jefe”, dijo en referencia a Trump, quien ha utilizado como bandera sus ataques a los inmigrantes.

“Se les deporta después de haber sido escuchado su caso ante un juez de migración o a las cuales por decisión de un oficial de ICE no se les da la oportunidad de presentar su caso y petición de asilo; y a su retorno a la nación de origen enfrentan el infierno y los demonios de los cuales escaparon”, dijo el activista.

El informe, añadió, alumbra esta dolorosa realidad y puede ser utilizado como “un importante apoyo a la solicitud de asilo, especialmente en casos en que los abogados o los mismos jueces puedan considerar que el testimonio rendido por los aplicantes de asilo no es lo suficientemente fuerte”.

A raíz de las caravanas migrantes que se originaron en octubre de 2018, inicialmente desde Honduras y que luego fueron secundadas por inmigrantes de El Salvador y Guatemala, el gobierno de Trump estableció acuerdos con México y con los países del Triángulo Norte Centroamericano.

Esos acuerdos convirtieron a los países centroamericanos firmantes en “tercer país seguro”; sin embargo, el informe de HRW deja debilitado ese convenio migratorio, indicó Joseph Wiltberger, profesor de Migración de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN).

“Lo que vemos es que las personas que huyen de la violencia de pandillas o violencia de género, no se reconocen muchas veces en los casos de asilo en las cortes, y eso es un problema porque cuando los deportan realmente encuentran formas de peligro que están ahí”, dijo el académico.

“Esto nos demuestra que la manera de hacer transferencias como tipo tercer país seguro con El Salvador no es una propuesta factible, porque no tienen un sistema de asilo factible para recibir a gente y también es un país con condiciones peligrosas”, aseveró Wiltberger.

La investigación, según HRW, tardó año y medio en El Salvador y Estados Unidos, para lo cual se entrevistó a cerca de 150 personas, incluidos deportados, familiares sobrevivientes, trabajadores salvadoreños de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y abogados de inmigración estadounidenses.

En el informe, titulado “Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos”, se insta a las autoridades estadounidenses a superar el alcance limitado de sus leyes sobre asilo.

La organización exhortó, además, a brindar una amplia protección a todas las personas, como muchos de los salvadoreños citados en el informe, que al regresar se enfrentarían a un riesgo concreto de sufrir daños graves.