Los inquilinos y arrendadores de California están “asustados” a medida que aumentan las pérdidas de empleo por el coronavirus

Catherine Álvarez no se encuentra trabajando y está discapacitada. Su esposo fue despedido de su trabajo como especialista en control de calidad. Las horas de su hijo recientemente se cortaron en un restaurante de comida rápida.

Ahora, a Álvarez le preocupa cómo van a pagar el alquiler.

“Si cubro el monto del alquiler, no voy a poder comprar comida”, dijo Álvarez, de 34 años, cuya familia vive en un apartamento de dos habitaciones en Downey. “No estamos seguros de qué priorizar antes de que se nos acabe el dinero”.

En las últimas semanas, la propagación del nuevo coronavirus ha llevado a los funcionarios de salud pública a cerrar negocios y obligar a los californianos a permanecer en sus hogares, lo que lleva a la devastación económica para aquellos que han perdido el empleo o se les redujeron horas de trabajo.

Pero una fecha clave está a la vuelta de la esquina: el 1 de abril. Muchos inquilinos se preocupan de cómo van a pagar a sus renteros. Y una gran cantidad de propietarios de viviendas se preocupan de cómo van a pagar sus hipotecas.

Si bien los gobiernos federales, estatales y locales han brindado cierta protección contra los desalojos y ejecuciones hipotecarias durante la creciente pandemia, los propietarios e inquilinos coinciden en que necesitan mucho más ayuda para evitar que las personas pierdan sus hogares y propiedades.

Los grupos de propietarios han comenzado a decirles a sus miembros que dejen de desalojar a los inquilinos, cancelen cualquier aumento planificado de la renta y renuncien a los adeudos atrasados por falta de pago, todas propuestas impensables de los propietarios de apartamentos que han gastado decenas de millones de dólares para bloquear las medidas electorales estatales y locales para expandir el control de la renta.

“Esta es una crisis sin precedentes, y por causas ajenas a su voluntad, la gente está luchando”, manifestó Jim Lapides, portavoz del Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares, un grupo nacional de defensa de los propietarios. “Depende de nosotros hacer nuestra parte”.

El domingo, el grupo les dijo a sus miembros que deberían detener los desalojos de cualquier persona afectada por el coronavirus durante los próximos tres meses, retrasar los aumentos de alquiler y elaborar planes de pago para los inquilinos. La Asociación de Apartamentos de California, el grupo de propietarios más grande del estado, hizo una solicitud similar a sus miembros.

Incluso el abogado de Los Ángeles, Dennis Block, quien se jactó de que “desalojó a más inquilinos que cualquier otro ser humano en el planeta Tierra” y estaba presentando casos de desalojo la semana pasada, ahora les dice a sus clientes que consideren reducciones temporales para los arrendatarios que han perdido el trabajo, en lugar de sacarlos.

“En la mayoría de los casos, los desalojos no serán la solución”, escribió Block en su sitio web. “Creo que el mejor enfoque es llegar a un acuerdo con sus inquilinos afectados”.

El gobernador Gavin Newsom no ha prohibido los desalojos o ejecuciones hipotecarias por completo. En cambio, siguiendo su enfoque de publicar pautas y advertencias en lugar de mandatos legales durante la pandemia, emitió una orden ejecutiva la semana pasada pidiendo a las ciudades y condados que promulguen tales prohibiciones.

Sin una acción estatal general, la respuesta ha sido muy diversa.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en los últimos días, ha emitido órdenes que bloquean temporalmente los desalojos para los afectados por el coronavirus y en situaciones en las que los propietarios de apartamentos planean retirar las unidades del mercado. Un plan más amplio adelantado por el Ayuntamiento de Los Ángeles está en suspenso porque las reuniones se han cancelado hasta fin de mes.

San Francisco, San José y una serie de ciudades más pequeñas del sur de California también han aprobado al menos algún tipo de moratoria sobre los desalojos. Pero otros lugares no lo han hecho.

El martes por la noche, por ejemplo, la ciudad de Downey estaba programada para discutir una prohibición de desalojo temporal, pero no entraría en vigencia hasta el mes próximo, como muy pronto.

Algunos legisladores de California han dicho que quieren aprobar una prohibición de desalojo en todo el estado, pero no han presentado un proyecto de ley porque la Legislatura está en receso hasta mediados de abril. Mientras tanto, otros estados, incluidos Indiana, Washington y Maryland, han procedido más rápido que California, con sus gobernadores implementando prohibiciones integrales contra los desalojos y ejecuciones hipotecarias.

Esta falta de una respuesta estatal ha reunido a una combinación extraña de activistas de la vivienda.

Más de 140 organizaciones firmaron una carta el viernes pidiéndole a Newsom que no sólo implemente una prohibición estatal inmediata de los desalojos, sino que también suspenda y perdone los pagos de hipotecas y alquileres, entre otras acciones agresivas. Los grupos incluyeron a Yes in My Backyard y a una afiliada de AIDS Healthcare Foundation con sede en Los Ángeles.

En circunstancias normales, esos dos grupos y muchos otros que firmaron la carta se detestan entre sí. Su unidad revela un temor compartido con los inquilinos a medida que el brote de coronavirus empeora los problemas de vivienda asequible del estado, señaló Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, el grupo de defensa que encabezó la carta.

“Creo que la gente tenía esperanzas cuando el gobernador hizo su anuncio la semana pasada de que sería algo que realmente proporcionaría alivio a los inquilinos en este momento de incertidumbre”, observó Dueñas. “Y él realmente la evitó”.

La respuesta del gobierno federal hasta ahora también ha dejado vacíos. La semana pasada, el presidente Trump anunció que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano estaba “brindando alivio inmediato a los inquilinos y propietarios suspendiendo todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta finales de abril”.

Pero ese no fue el caso. En cambio, la administración Trump ha ofrecido alivio de ejecución hipotecaria para propietarios de viviendas unifamiliares y de apartamentos con hipotecas respaldadas por el gobierno federal. Para los propietarios, ese beneficio estará disponible sólo si aceptan no desalojar a sus inquilinos.

Shmuel Raigorodsky, propietario de tres complejos de apartamentos pequeños y dos alquileres unifamiliares en Los Ángeles, está trabajando con sus inquilinos.

Expuso que ya ha tenido noticias de inquilinos en la industria de restaurantes que han perdido sus empleos y que no podrán pagar el alquilar en abril. En respuesta, llamó a sus bancos para ver si podrían ofrecer algún alivio a sus hipotecas, pero todavía no ha conseguido nada firme.

Raigorodsky, de 35 años, planea permitir que sus inquilinos le paguen más adelante, pero está preocupado. “Es un pequeño acto de malabarismo”, comentó. “Para ver cómo puedo ser más útil y al mismo tiempo asegurarme de que todas las facturas estén pagadas”.

Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, dijo que la respuesta más fuerte a la pandemia debería ser del gobierno federal porque tiene la capacidad de proteger a los inquilinos y propietarios de viviendas más allá de los presupuestos del gobierno estatal y local, y el apalancamiento para obligar a los bancos a brindar también apoyo.

En cambio, la Administración Trump ha pedido a las agencias de vivienda pública estatales y locales de todo el país que implementen una moratoria de desalojo.

“Realmente estamos presionando por una política nacional uniforme para garantizar que las personas no pierdan sus hogares en un momento de emergencia”, manifestó Yentel. “Al mismo tiempo, debe haber decenas de miles de millones de dólares en asistencia financiera para garantizar que no haya un precipicio en el que los inquilinos de bajos ingresos se caigan una vez que termine la emergencia”.

El Congreso y la administración Trump han discutido la posibilidad de proporcionar asistencia a inquilinos y propietarios de viviendas como parte de un paquete de estímulo por el coronavirus. Los negociadores anunciaron un acuerdo sobre un plan el miércoles temprano, pero no hubo detalles disponibles de inmediato sobre qué ayuda para la vivienda podría incluirse.

En cuanto a Álvarez, habló con el administrador de su propiedad, quien le dijo que el arrendador le dará a su familia más tiempo para pagar el alquiler. Pero le preocupa que incluso si Downey finalmente aprueba una moratoria sobre los desalojos, no podrá recuperar lo que debe sin más ayuda.

“Estoy asustada”, manifestó Álvarez.

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