Un grupo de activistas en favor de las armas demanda a L.A. por el cierre de las armerías durante el coronavirus

Un grupo de activistas en favor de las armas está demandando a la ciudad de Los Ángeles, argumentando que la orden de cerrar las tiendas que venden armas de fuego durante la pandemia de COVID-19 es inconstitucional y está prohibida por la ley estatal.

La demanda, entre cuyos titulares se encuentran la Asociación de Fusileros y Pistoleros de California y las tiendas que venden armas de fuego en el Valle de San Fernando, afirma que, aunque el alcalde Eric Garcetti no nombró expresamente las tiendas de armas de fuego en su orden escrita, tanto Garcetti como el abogado de la ciudad, Mike Feuer, han declarado que deben cerrar y el departamento de policía ha ordenado que lo hagan.

El grupo de fusileros argumenta que el movimiento desafía una orden del estado que permite a los trabajadores de “sectores de infraestructura crítica” seguir trabajando. Además, los demandantes sostienen que la orden de Los Ángeles viola la constitución del estado de California al privar a los concesionarios con licencia de la capacidad de operar sin el “debido proceso legal” y al impedir que los compradores accedan a su “propiedad comprada legalmente”.

Los demandantes quieren que los tribunales obliguen a Los Ángeles a dejar de hacer cumplir la orden inmediatamente.

“Las tiendas de armas de fuego proveen servicios esenciales y desesperadamente necesarios para la policía, la seguridad privada y los ciudadanos preocupados - incluyendo aquellos que quieren estar preparados para posibles disturbios civiles”, dijo Chuck Michel, un abogado que representa a los demandantes.

“La gran mayoría de las jurisdicciones en California reconocen esto. Pero la ciudad se aferra obstinadamente a su oposición dogmática de permitir que la gente elija por sí misma la mejor manera de estar preparada”, manifestó Michel.

Tales tiendas, añadió Michel, “van más allá” para asegurar el distanciamiento social, manteniendo a la gente a una distancia de al menos 6 pies y obteniendo los números de teléfono móvil de los clientes para que puedan esperar en sus coches hasta que se les permita entrar.

Un portavoz de Garcetti remitió una solicitud de comentario a la Fiscalía de la Ciudad, que no proporcionó inmediatamente un comentario el sábado por la mañana.

Otro grupo de propietarios de armas ya han demandado al Sheriff del condado de Los Ángeles, al gobernador Gavin Newsom y a otros funcionarios por el cierre de tiendas de armas en todo el Condado a cualquiera que no sea policía y empleados de empresas de seguridad con licencia. La demanda, presentada en la corte federal, caracterizó el cierre como una violación de la 2da. Enmienda del derecho a portar armas.

Después de obtener un aviso federal, el sheriff Alex Villanueva cambió de rumbo y permitió que dichas tiendas permanecieran abiertas. La ciudad de Los Ángeles, que ha seguido ordenando el cierre de las tiendas de armas, se añadió más tarde como demandada en el caso federal.

Feuer y otros abogados de la ciudad argumentaron en la causa federal que “todo tipo de negocios han sido cerrados temporalmente para atender una necesidad extrema de salud pública” y que las armerías no deberían estar exentas de la orden, que se impuso para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

“Cualquier medida que evite el contacto innecesario de persona a persona retarda la propagación de la infección, y así da tiempo al sistema de salud del Condado para abordar la crisis de COVID-19 antes de que el número de pacientes enfermos sobrepase su capacidad para atenderlos”, escribieron los abogados de la ciudad en su presentación.

El escritor del Times Richard Winton contribuyó a este informe.

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