Luchó como nunca por un trabajo después de salir de la cárcel, y entonces llegó el coronavirus
Al reflexionar en los últimos meses, Tomajae Tolliver comenzó diciendo que todo estaba bien. Luego se detuvo unos instantes.
En realidad, dijo, ahora todo parecía demasiado. Cuando pensó en el COVID-19, la economía y lo que haría si no lo volvieran a llamar de su trabajo, una pregunta le vino a la mente:
“¿Cómo voy a sobrevivir?”.
Este angelino, de 20 años, presentó una solicitud para varios puestos de empleo y trabajos de almacén el otoño pasado, pero casi nunca recibió una respuesta, algo que cree que tiene que ver con su arresto en septiembre por cargos de delitos menores. Pero siguió solicitando, motivado en parte por las personas que había conocido a través de un grupo nacional llamado Proyecto Fianza, que pagó su fianza de $41.000 cuando no podía pagarla.
En las semanas posteriores al asesinato de George Floyd en Minneapolis, un amplio número de estadounidenses, incluidos muchos blancos, han comenzado a entablar conversaciones sobre cómo el racismo sistémico da forma al sistema de justicia penal en Estados Unidos. El diálogo a menudo se ha centrado en quitar el dinero de las fuerzas policiales y trasladarlo a servicios sociales, iniciativas de vivienda y programas de empleo.
Pero otra parte clave del desmantelamiento de un sistema que encarcela desproporcionadamente a hombres negros y latinos, dicen los activistas, es abolir el marco de fianza en efectivo que puede orillar a las personas a ciclos de pobreza y discriminación legal.
Debido a que Tolliver, que es negro, fue liberado bajo fianza, podía concentrarse en encontrar trabajo en lugar de sentarse tras las rejas mientras su caso se abría camino a través del sistema. Finalmente, Tolliver, cuyos cargos serán retirados mientras complete con éxito un programa, consiguió un empleo conduciendo un montacargas para una compañía de carga en Paramount. Cuando llegó su primer cheque de pago, $50 por unas pocas horas de capacitación y orientación, sabía que no era mucho, pero se sintió bien.
Entonces la pandemia llegó.
Su compañía redujo las horas y le dijo a Tolliver que no podía ocuparlo en este momento, pero que debería volver a revisar en un par de semanas. Las primeras veces que llamó, la respuesta era: “Todavía no”.
“¿Cuál es mi próximo paso?”, dice Tolliver con un suspiro.
Incluso en una economía próspera, las personas con antecedentes de arrestos a menudo luchan por encontrar trabajo, y durante las recesiones sus perspectivas empeoran aún más. Los recientes cierres no sólo sacaron del mercado a restaurantes y tiendas minoristas, algunos de los principales empleos de bajos salarios y largas horas en los que los individuos con antecedentes regularmente se encajonan, sino que también crearon un grupo masivo de angelinos en busca de trabajo.
Eso significa que miles de personas que fueron liberadas recientemente de la custodia, incluidas las que salieron temprano debido a lo peligroso que es estar dentro de una cárcel o prisión abarrotada durante una pandemia, están compitiendo por trabajos contra aquellos que pueden tener historial laboral más largo, sin antecedentes y más educación, expuso Bryan Sykes, profesor asociado de criminología, derecho y sociedad en UC Irvine.
Considerando la desaceleración económica y el diálogo nacional sobre dónde asignamos el dinero de los contribuyentes, Sykes dijo que cree que ahora es el momento de redistribuir fondos del sistema de justicia penal hacia programas de educación, trabajo social, salud pública y capacitación laboral. De esa manera, continuó, cuando la economía se recupere, las personas que regresan de la prisión o la cárcel, así como cualquier individuo con un historial previo, tendrán más habilidades necesarias para promocionarse y reintegrarse completamente en la sociedad.
“Es hora de hacer algo nuevo”, manifestó. “Este es el momento de invertir en personas y no en cárceles y otros tipos de modelos de control social que hemos estado siguiendo durante los últimos 30, 40, 50 años”.
La pandemia ha demostrado la rapidez con que el sistema puede adaptarse si se presiona.
A principios de marzo, los funcionarios de salud y los abogados defensores advirtieron que las condiciones dentro de las cárceles y las prisiones (literas dobles, baños compartidos, jabón limitado) sentaron las bases perfectas para los puntos críticos de coronavirus. Pronto, los reclusos de todo el país comenzaron a morir por complicaciones de COVID-19, y los fiscales del estado de California anunciaron a fines de marzo que tenían la intención de liberar a 3.500 presos antes de tiempo.
En un esfuerzo por reducir la población carcelaria, el consejo judicial del estado estableció nuevas reglas de emergencia en abril que redujeron la fianza por delitos menores y algunos delitos graves a cero. (Los líderes judiciales rescindieron la política de fianza de $0 en junio).
“Si podemos liberar a las personas cuando se avecina una crisis de salud, ¿por qué no podríamos comenzar?”, preguntó Robin Steinberg, quien fundó el Proyecto Fianza, el primer fondo comunitario de fianza de su escala en la nación, que ahora opera en más de 20 ciudades en todo el país, incluida Compton.
Lanzado en 2017 como consecuencia de un fondo de fianza que Steinberg comenzó en el Bronx una década antes, la organización nacional sin fines de lucro opera desde el supuesto de que la fianza en efectivo perpetúa un sistema de dos niveles, que defiende la desigualdad económica y el racismo estructural. Financiado por filántropos, el Proyecto de Fianza aboga públicamente por una reforma nacional: el objetivo, señaló Steinberg, es “en última instancia, que cerremos el negocio”. Pero hasta que eso sea una realidad, dijo, se dedican a garantizar la libertad preventiva para la mayor cantidad de personas posible.
Si bien las liberaciones de emergencia durante la pandemia han demostrado lo que es posible, Steinberg enfatizó que un cambio sostenido requerirá una reforma sistémica.
Y por mucho tiempo ya es innecesaria, porque la fianza en efectivo es ineficaz, manifestó Steinberg. Desde el otoño de 2018, cuando el grupo abrió su sitio de Compton, ha pagado la fianza para 130 clientes de bajos ingresos. En el 96% de los casos, esos clientes han regresado para sus citas judiciales.
En las últimas semanas, dijo Steinberg, se ha sentido profundamente esperanzada, ya que dos conceptos que su grupo ha defendido durante mucho tiempo: reducir la población encarcelada y transferir dinero de la policía y las cárceles a la inversión comunitaria directa, han ganado una mayor tracción pública.
Durante las últimas semanas, mientras la gente protestaba en todo el país tras el asesinato de Floyd, la organización ha recaudado más de $15 millones en donaciones de unas 200.000 personas, los cuales se destinarán a garantizar la libertad preventiva para decenas de miles de individuos y trabajar para aprobar la reforma sobre la fianza en todos los estados.
Algunas jurisdicciones, incluidas Nueva Jersey y Washington, D.C., han abandonado en gran medida el uso de la fianza en efectivo. En otros lugares, incluido California, esos esfuerzos han chocado con poderosos focos de resistencia. Casi tan pronto como el entonces gobernador Jerry Brown firmó una ley histórica hace dos años aboliendo la fianza en efectivo, una coalición de grupos de la industria de fianzas comenzó a recolectar firmas para un referéndum, que congeló el statu quo en el lugar. (El tema ahora se presentará ante los votantes en noviembre).
El momento actual se siente distinto, dijo Steinberg, y señaló que ahora más estadounidenses parecen estar conectando los puntos de la esclavitud a las leyes de Jim Crow, que codificaron la segregación y privación de derechos de las personas negras, al actual encarcelamiento desproporcionado de los hombres negros. Más gente parece involucrada, destacó, en buscar alternativas al encarcelamiento que se centren en la inversión comunitaria.
“Finalmente hay un apetito”, apuntó, “para dejar de usar esposas y celdas en la cárcel y patrullar para resolver nuestros problemas sociales como la pobreza, el racismo sistémico y la falta de acceso a la atención médica”.
Recientemente, un miércoles por la mañana, Dolores Canales, quien maneja el alcance comunitario para el Proyecto Fianza, se reunió con compañeros de trabajo y voluntarios de otros grupos locales centrados en la atención médica y el fin del encarcelamiento masivo.
Los miembros del grupo, todos con mascarillas, se preparaban para conducir en una caravana para entregar suministros, incluido papel higiénico, tarjetas de regalo Target de $25 y paquetes de información sobre los sitios de prueba de COVID-19, en las casas de varios clientes del Proyecto Fianza, incluido Tolliver.
Antes de irse, Canales contó una historia corta sobre su hijo, que ahora está tras las rejas. Cuando tenía 6 años, ella lo llevó a un parque en Placentia y chapotearon en una fuente. A lo lejos, vio a un oficial de policía que se detenía en una motocicleta y miró a su hijo, que se aferraba a ella y temblaba.
Pudo apreciar que su joven mente, estaba retrocediendo dos años atrás cuando vio a los agentes de policía patear la puerta de la casa de su madrina y sujetar las muñecas de Canales con las esposas.
“Nunca llegó a experimentar la aplicación de la ley como una entidad protectora”, manifestó. Y su recuerdo de ese día en el parque es una de las muchas razones por las que le gustaría ver la vigilancia policial, como la conocemos, desmantelada para que se pueda invertir más dinero directamente en las comunidades.
Encontrar un sistema de apoyo marcó la diferencia en su propia vida, comentó Canales. En 2001, cuando fue arrestada por un cargo de drogas, se enfrentó a cadena perpetua bajo la ley de tres crímenes de California, debido a su historial anterior, que incluía un robo residencial de cuando era una adolescente. Los amigos en la comunidad se le acercaron, y cuando ella pudo reunir el dinero de su fianza con la ayuda de un pariente, inmediatamente se registró en un centro en Fullerton para concentrarse en evitar la heroína.
Diez meses después, cuando se entregó para cumplir su condena de prisión, tenía una comunidad de apoyo, que incluía un grupo de mujeres que la llevaron a Knott’s Berry Farm en su última noche de libertad para ganarle a su miedo de subir a la montaña rusa.
Se mantuvo en contacto con muchos de ellos durante sus siete años tras las rejas, y la ayudaron, nuevamente, cuando no tenía nada a su nombre más que los $200 que recibió del estado de California tras su liberación. Los amigos la dejaron dormir en sus hogares, mientras ella solicitaba trabajo en Rite Aid y en un hogar de ancianos.
Pero no recibió respuesta, por lo que una amiga la contrató para trabajar como cuidadora a tiempo parcial para su madre postrada en cama. Finalmente, su prima la ayudó a conseguir un empleo en un servicio de traducción.
“No fue el sistema que creamos a través de la libertad condicional y la aplicación de la ley lo que hizo algo por mí”, dijo Canales. “Fue la comunidad. Gente que invirtió en mí”.
El miércoles por la mañana, después de conducir a la casa de Tolliver, Canales saludó desde lejos cuando vio a Tolliver y su novia de pie en el porche.
“¿Cómo están?”, preguntó Tolliver.
“¿Cómo estás?”, dijo Canales, mientras su compañero de trabajo le entregaba a Tolliver dos cajas de pañales para el bebé que la pareja espera este invierno.
“Wow”, dijo en voz baja. “Lo aprecio”
“No”, respondió Canales, “nosotros te apreciamos”
La inversión del Proyecto Fianza en su vida lo ayudó a mantenerse motivado, comentó Tolliver. “Ves que no todos son malos. Algunas personas están aquí para ayudar ”.
Tolliver invitó al grupo al interior y todos se pararon en un semicírculo. Hicieron lo mejor que pudieron para mantenerse a varios pies de distancia, excepto por el momento en que la novia de Tolliver, Katherine Córdova, lloró con gratitud y se intercambiaron algunos abrazos rápidos.
Tolliver le dijo al grupo que había llamado a su trabajo el día anterior, pero que la compañía de carga aún no lo necesitaba. Córdova, intervino, diciendo que después de haber sido suspendida durante varias semanas, el restaurante donde trabaja la había llamado para decirle que podían contratarla.
Para pasar el tiempo en los últimos días, Tolliver limpió la casa y ayudó a cuidar a sus sobrinos. Siguió las noticias de las protestas después de la muerte de Floyd y las esperanzas de una verdadera justicia, pero decidió no unirse a los manifestantes. Sobre todo cuando había toques de queda, expuso, quería evitar cualquier oportunidad de entrar en contacto con la policía.
“Sólo me voy a dormir”, dijo.
En los días que se sintió desanimado, repitió dos frases en su mente: “Mantén la cabeza en alto. Es sólo el comienzo”.
Luego, hace unos días, volvió a llamar al trabajo, sólo para verificar. Esta vez, destacó, le respondieron que podían contratarlo en el almacén.
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