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Denuncian la existencia de una “cultura de violencia” en el equipo SWAT del LAPD

LAPD SWAT officers muster during an operation in Van Nuys in 2019.
Agentes SWAT del LAPD se reúnen durante la búsqueda de un sospechoso de homicidio en Van Nuys en 2019.
(Al Seib / Los Angeles Times)
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Después de evaluar el terreno montañoso alrededor de una casa de Sunland donde un hombre sin hogar se había refugiado una mañana de mayo de 2017, el equipo SWAT fuertemente armado del Departamento de Policía de Los Ángeles solicitó más potencia de fuego, y la obtuvo en forma de un helicóptero equipado para “disparos aéreos”, apodado “Sniper-1”.

Para cuando dejaron la escena horas después, el equipo había disparado más de 40 rondas contra Anthony Soderberg, de 29 años, incluidas más de una docena desde el helicóptero, algo que nunca había ocurrido en la historia de LAPD. Muchas de las rondas se dispararon desde cientos de metros de distancia, y varias se produjeron después de que Soderberg ensangrentado y desarmado, saliera de la casa, rodara por el borde de un patio y cayera a un barranco, donde más tarde sería declarado muerto.

La Comisión de Policía de Los Ángeles dictaminó que los agentes habían abierto fuego cuando no estaban en peligro inminente o estando demasiado lejos para determinar si existía una amenaza. De 13 oficiales investigados, la comisión dictaminó que 12 habían usado fuerza letal de una manera que “no era objetivamente razonable”.

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Ese fue uno de los tres incidentes que un oficial de SWAT informó al departamento de asuntos internos de LAPD a principios del año pasado como parte de una denuncia sobre irregularidades de la unidad de élite.

Ahora, ese oficial, el sargento Tim Colomey, ha presentado una demanda civil acusando a un grupo de oficiales veteranos conocidos como la “mafia SWAT” de crear una “cultura de violencia” en la unidad que glorifica la fuerza letal, y asegura que los comandantes se hicieron “de la vista gorda” a los problemas.

La demanda no cita ningún incidente específico, pero el abogado de Colomey dijo que incluyen los tres casos que había informado anteriormente, cada uno de los cuales ofrece una ventana a las acciones de SWAT y la manera en que los líderes del Departamento de Policía los manejaron.

El incidente del helicóptero resultó en pocos cambios dentro de la unidad SWAT, ya que los principales comandantes y líderes SWAT sostuvieron que los oficiales no hicieron nada malo.

En otro incidente, un miembro del equipo SWAT le disparó a un vagabundo en el techo de una estructura en Skid Row con una pistola Taser y lo mató ya estando en el pavimento. En un tercer caso, los miembros de SWAT milagrosamente no dieron muerte a un pistolero después de disparar más de 80 rondas contra un cobertizo donde se escondía.

Una fuente de LAPD familiarizada con las declaraciones de Colomey, que solicitó el anonimato, confirmó al Times que Colomey había señalado los tres casos como parte de una investigación anterior sobre el proceso de selección del equipo SWAT que comenzó en 2018.

Colomey, quien a menudo trabajaba como negociador para la unidad y ayudaba a supervisar la academia de entrenamiento SWAT, pensó que los oficiales veteranos que dirigían la “mafia” ignoraban las reglas del departamento que rigen el uso de la fuerza y alentaron a los agentes más jóvenes a hacer lo mismo, según su demanda judicial. Alega que los oficiales mayores calificaron de “cobardes” a los miembros de la unidad que intentaban resolver las situaciones o usar armas menos letales, y utilizaron el nepotismo para llenar la unidad con agentes de ideas afines dispuestos a “hacer lo que ellos quisieran”.

Diana Wells, abogada de Colomey, dijo que después de que el denunciante hablara con asuntos internos en la investigación, produjeron un informe que mencionaba a la “mafia SWAT” y hacía referencia al caso Soderberg, pero por lo demás ignoró las preocupaciones de Colomey.

Wells se negó a proporcionar ese informe al Times.

Greg Kirakosian, un abogado que representa a la familia de Soderberg, señaló que la afirmación de Colomey ayuda a explicar las circunstancias del caso.

“Se rigen por su propio libro de reglas en cuanto a lo que consideran una oportunidad apropiada para usar la fuerza letal”, manifestó Kirakosian.

El incidente que involucró a Soderberg comenzó después de que una mujer lo encontrara en su cocina una mañana. Según la investigación posterior, se escucharon disparos en la casa y se oyó a Soderberg gritar: “Te meteré una bala en la cabeza”.

El equipo SWAT entró en escena y Colomey se integró como negociador. El enfrentamiento se prolongó durante horas, con los oficiales desplegando un robot equipado con una cámara para vigilar a Soderberg. Dispararon un proyectil para romper una ventana y usaron una granada de “gas caliente” para obligarlo a salir.

Soderberg, de 29 años, fue visto con un arma de fuego poco después de la 1 p.m., y disparó al helicóptero alrededor de la 1:08, según la investigación. Pero cuando salió, a la 1:48, ya no sostenía un arma, y la Comisión de Policía finalmente descubrió que estaba desarmado al salir de la casa.

Kirakosian dijo que el teniente Rubén López les había dado a los oficiales lo que equivalía a una orden de “disparar a matar”. Colomey alega en su demanda que López participó en la supresión de sus quejas anteriores sobre la llamada mafia y sus miembros.

La familia de Soderberg está demandando al Departamento de Policía, alegando que los agentes de SWAT violaron los derechos de Soderberg y que LAPD no capacitó adecuadamente a su equipo de SWAT.

El caso iba a ir a juicio en marzo, pero se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Con las últimas acusaciones, señaló Kirakosian, es posible que tenga que solicitar más tiempo para recopilar pruebas, dado que la policía de Los Ángeles no había revelado previamente, como debería haberlo hecho, las preocupaciones pasadas de Colomey sobre el tiroteo de Soderberg o la investigación previa de asuntos internos que lo examinó.

“No nos contaron sobre esta otra investigación o esta otra persona que conoce claramente los hechos sobre el caso”, manifestó Kirakosian.

Dos años antes de la muerte de Soderberg, en mayo de 2015, el equipo SWAT respondió a los informes de un hombre que estaba en el techo de un edificio en el centro de la ciudad y encontró a Carlos Ocaña, de 56 años, quien tampoco tenía hogar, encima de una valla publicitaria.

Según una investigación posterior, la policía decidió atraer a Ocaña hacia abajo de la valla publicitaria colocando un cigarrillo en la parte inferior de una escalera y alejarlo de la cornisa ofreciéndole un encendedor. Ocaña tomó el cigarrillo, sacó un encendedor de su bolsillo y volvió a subir la escalera, dice la investigación.

El oficial Steve Scallon luego disparó a Ocaña con una pistola Taser.

Scallon declaró más tarde que disparó para evitar que Ocaña volviera a subir la escalera. Ocaña cayó desde más de 15 pies a un estacionamiento. Fue declarado muerto en un hospital local.

Los residentes de Skid Row protestaron por el manejo del incidente por parte de SWAT y dijeron que la policía necesitaba cambiar su enfoque hacia las personas con enfermedades mentales en el área. Comentaron que Ocaña se sintió aterrorizado por el equipo SWAT, que había llegado con “grandes armas”.

El entonces jefe de LAPD, Charlie Beck, concluyó que las tácticas de Scallon “se desviaron sustancial e injustificadamente” de su entrenamiento.

El tercer incidente señalado por Colomey ocurrió en junio de 2017, un mes después de la muerte de Soderberg.

En ese incidente, la policía alegó que un hombre armado en South Los Ángeles había huido de ellos mientras participaba en un tiroteo callejero en el que un perro policía recibió un disparo en la pierna y un miembro del equipo SWAT recibió una bala que rebotó en su casco.

José Rauda finalmente fue acorralado en un cobertizo detrás de una casa. Después de que el casco del oficial fue impactado, los miembros del equipo SWAT desataron un fuerte fuego en el cobertizo, según las fuentes. Rauda fue detenido, acusado de intento de asesinato de agentes, declarado culpable por un jurado y condenado a cadena perpetua.

Las fuentes dijeron que Colomey estaba en desacuerdo con el grado de fuerza utilizado en cada uno de los tres casos, argumentando que gran parte de los disparos podrían y deberían haberse evitado. Una fuente de LAPD que no está autorizada para discutir el asunto y pidió el anonimato reveló que Colomey parecía particularmente enojado por el tiroteo de Soderberg desde un helicóptero.

En una declaración después de que Colomey presentara su demanda, el LAPD reconoció que ya estaba al tanto de algunas de sus acusaciones, pero dijo que otras afirmaciones eran nuevas y “profundamente preocupantes”.

El departamento prometió una investigación exhaustiva por parte de su inspector general y dijo que está “comprometido a erradicar la mala conducta en todos los niveles”.

Se negó a responder preguntas sobre los casos pasados que Colomey señaló, citando litigios pendientes.

La fuente del LAPD dijo que algunos de los miembros de SWAT involucrados en los incidentes que informó Colomey ya no están en el equipo, habiéndose jubilado. La fuente también destacó que Colomey había estado al tanto de la influencia de los oficiales mayores en la unidad, dados sus 11 años asignados al equipo, y solo se opuso a ello una vez que él y otros tuvieron una discusión sobre cómo se seleccionaron los nuevos miembros.

Wells, el abogado de Colomey, dijo que este cree que “la mayoría de los oficiales y supervisores de SWAT no actúan como los supuestos veteranos de la mafia de SWAT”, pero que se había dado cuenta en los últimos años de “la influencia muy real que tenían los hombres mayores sobre todo dentro de la unidad”.

Colomey sigue siendo parte de la élite de la División Metropolitana, pero fue transferido a un destacamento en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre, lo que empeoró su viaje desde su casa en el condado de San Bernardino. Alega que fue transferido como represalia por hablar -”terapia de la autopista”- como se le conoce en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

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