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Fiscal general refuta un cargo de asesinato contra una mujer que dio a luz a un bebé muerto

Jennifer Hernandez shows a picture of daughter Chelsea Becker on her phone.
Jennifer Hernández muestra una foto de su hija Chelsea Becker en su teléfono.
(Tomas Ovalle / For The Times)

El principal fiscal de California intervino en el caso de una mujer del Valle Central que fue acusada de asesinato después de dar a luz a un bebé muerto y que las autoridades alegaron que su uso de metanfetamina era el culpable.

El fiscal general Xavier Becerra presentó el viernes un escrito de ‘amicus’ en apoyo de poner fin al enjuiciamiento de Chelsea Becker, diciendo que su oficina cree que “la ley se aplicó e interpretó mal”.

“Trabajaremos para poner fin al enjuiciamiento y encarcelamiento de la Sra. Becker para poder concentrarnos en aplicar esta ley a quienes ponen en peligro la vida de las mujeres embarazadas”, dijo Becerra en un comunicado.

Becker, de 26 años, ha estado confinada en la cárcel del condado de Kings desde su arresto en noviembre, con una fianza de 2 millones de dólares. Sus abogados han pedido a la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de California que prohíba que la corte inferior proceda con el caso, argumentando que la ley de homicidio de California nunca tuvo la intención de usarse contra mujeres en relación con la muerte de sus propios hijos por nacer.

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“Es indignante que la Sra. Becker haya estado encarcelada desde noviembre de 2019 por un delito inexistente”, dijo Lynn Paltrow, directora ejecutiva de National Advocates for Pregnant Women, que está ayudando con la defensa de Becker.

El fiscal del Distrito de Kings County, Keith Fagundes, ha sostenido que la ley de homicidio respalda el cargo, señalando una enmienda de 1970 que agregó a un feto como víctima potencial. Un juez de la Corte Superior del Condado de Kings se puso del lado de su oficina en junio y negó una solicitud de los abogados de Becker para desestimar el caso.

Pero en el escrito, Becerra argumenta que Fagundes malinterpretó la intención de la ley al presentar el cargo y la Corte Superior se equivocó al negarse a desestimarlo.

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“La sección 187 del Código Penal de California tenía como objetivo proteger a las mujeres embarazadas de daños, no acusarlas de asesinato”, manifestó Becerra. “Nuestras leyes en California no condenan a las mujeres que sufren la pérdida de su embarazo, y en nuestra presentación de hoy dejamos en claro que esta ley se ha utilizado indebidamente en detrimento de las mujeres, los niños y las familias”.

Fagundes dijo que no había visto el escrito hasta el viernes por la tarde, porque se entregó por error a la oficina del fiscal de distrito del condado de Kern.

“Es impactante para mí que la oficina del fiscal general haya tomado una posición sin haberse puesto en contacto con nuestra oficina, sin admitir si ha leído algún informe policial, sin discutir estos temas para decir qué hace que este [caso] sea diferente”, expuso.

“Y, lamentablemente, el peticionario está intentando presentar esto en términos de un caso de derechos reproductivos y no se trata de eso”.

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La presentación no tiene un impacto inmediato sobre si la acusación seguirá adelante. Pero es una poderosa declaración de apoyo del principal abogado del estado mientras la corte de apelaciones sopesa si desestima el caso.

“El fiscal general de California es el oficial legal más alto en la rama ejecutiva del gobierno estatal”, dijo Daniel Arshack, asesor especial de National Advocates for Pregnant Women. “Que se sintieron obligados a alertar al tribunal de que el poder judicial del condado de Kings ha aplicado mal la ley estatal es algo que el tribunal no ignorará".

El caso de Becker ha ganado el apoyo de organizaciones médicas y de derechos civiles, con 15 grupos, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Estadounidense de Psiquiatría de Adicciones, firmando un informe en apoyo de desestimar el cargo. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles también presentó un escrito.

En su apogeo, había un asesinato por semana en Cerro Gordo, una comunidad extraordinariamente violenta de unas 500 personas

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“Felicitamos el pedido del procurador general Becerra de que se retiren los cargos penales contra Chelsea Becker”, dijo la abogada Jennifer Chou de ACLU del Norte de California en un comunicado. “La decisión de procesarla va en contra de la ley de California y tiene implicaciones profundamente peligrosas”.

Los expertos han expresado su preocupación de que la interpretación del Tribunal Superior del estatuto de homicidios pueda cambiar la forma en que se aplica la ley. “Sometería a todas las mujeres que sufren una pérdida de embarazo a la amenaza de una investigación criminal y un posible procesamiento por asesinato”, escribió Becerra en el escrito.

Pero Fagundes dijo que la defensa y la oficina del fiscal general han politizado el caso para distraer la atención de las cuestiones legales fundamentales. Añadió que la enmienda al estatuto de asesinatos no anticipó la epidemia de metanfetamina que ha devastado el condado de Kings y comparó la intervención del fiscal general con el estado de California que condona el uso de metanfetamina.

“No estamos aquí sentados buscando encerrar a las madres que tienen abortos espontáneos”, manifestó. “Eso no es lo que sucede aquí. Pero hay cierta conducta en la que un gobierno no debe participar, que es permitir que las personas consuman drogas en un grado que sea dañino para ellos mismos y para los demás”.

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Si se desestima el cargo, los defensores esperan que el fallo también refuerce el caso para liberar a Adora Pérez, de 32 años, quien lleva dos años de una sentencia de 11 años en la prisión estatal de Chowchilla.

Los hechos en el caso de Pérez son casi idénticos a los de Becker: Fagundes acusó a la mujer de Hanford de asesinato en 2018 después de que ella dio a luz a un bebé muerto en el mismo hospital donde Becker dio a luz a su hijo muerto. El personal llamó a la oficina del forense en ambos casos. A Pérez se le asignó el mismo defensor público que Becker y compareció ante el mismo juez.

Pero su abogado no impugnó la legalidad del procedimiento y Pérez aceptó un acuerdo de culpabilidad y no impugnó el cargo de homicidio voluntario.

El caso marcó la primera vez en casi 30 años que una mujer de California fue acusada del asesinato de su hijo por nacer. Quizá lo más preocupante, dicen los defensores, es que fue la primera ocasión en la historia del estado que un cargo de este tipo resultó en una sentencia carcelaria. Se desestimaron varios otros intentos de enjuiciar a mujeres por asesinato por muerte fetal intrauterina en la década de 1990.

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“Todos los demás jueces de California han reconocido que no se procesa a una mujer por haber tenido bebés que han nacido muertos”, dijo Arshack. “Solo el condado de Kings, dos veces en los últimos dos años”.

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CaliforniaNota Roja
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