Columna: Los propietarios deben dejar de quejarse de la injusticia por la prohibición de desalojos de California

Al gobernador Gavin Newsom le gusta decir que California está “enfrentando el momento”. Bueno, para millones de inquilinos, quizá no haya un momento más digno que el 1 de septiembre.

Ese es el día, ocho días más a partir de ahora, cuando una moratoria estatal sobre los desalojos expirará y las familias de todo el estado, incluidas muchas con niños, podrían verse repentinamente expulsadas de sus viviendas. Al menos un estudio ha predicho que hasta 5.4 millones de hogares podrían verse afectados del llamado acantilado de desalojos.

Lo único que puede salvarlos ahora es un compromiso legislativo de último minuto de los legisladores estatales, guiado por la oficina del gobernador. Pero cuando se le preguntó acerca de las posibilidades de hacerlo a tiempo para, ya saben, enfrentar el momento, Newsom a menudo ha oscilado entre momentos vagos a frívolos o defensivos.

Es un reflejo de la preocupante realidad política que, incluso ahora, ve consecuencias desastrosas para un estado que ya lidera a la nación en la falta de vivienda mientras la oficina del gobernador y los legisladores estatales tratan de encontrar una manera de hacer felices a los propietarios.

“Todos los días, me hacen esta pregunta y todos los días digo lo mismo, y perdónenme por tener que hacerlo nuevamente”, dijo Newsom en un tono cortante el viernes, flanqueado por personal de emergencia reunido para discutir los incendios forestales que queman casas y bosques en todo el norte de California.

“Como he dicho, hemos tenido muy buenas conversaciones y logramos un progreso tremendo. Esto incluye consideraciones de grandes propietarios, pequeños propietarios de apartamentos, defensores de los inquilinos y similares”.

“Estamos comprometidos a lograrlo”, agregó concisamente. “Es una de nuestras principales prioridades. Todo el mundo reconoce que debemos cumplir y confío en que lo haremos”.

Sin duda, el costo del fracaso sería inaceptablemente alto para un estado que, además de la cantidad de personas que viven en campamentos debajo de puentes y callejones, lleva a la nación a la pobreza cuando se tiene en cuenta el costo de vida. Los que están en mayor riesgo para el desalojo este 1 de septiembre son aquellos que vivían de cheque en cheque antes de la pandemia de COVID-19 y ahora han perdido sus trabajos a causa de ella.

California

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Ago. 23, 2020

Sin embargo, la poderosa y bien financiada Asociación de Apartamentos de California y la Cámara de Comercio de California se han manifestado en contra del último proyecto de ley contra el desalojo vigente. La AB 1436 del asambleísta David Chiu (D-San Francisco) prohibiría la remoción de inquilinos que no paguen hasta 90 días después de que finalice el estado de emergencia de COVID-19 o abril de 2021, lo que ocurra primero.

El proyecto de ley también proporcionaría un año de alivio hipotecario, permitiendo una pausa o una reducción en los pagos a algunos propietarios. Pero es comprensible que se muestren escépticos sobre esa promesa de indulgencia debido a las preocupaciones sobre si los bancos de otros estados realmente la cumplirían. En cambio, preferirían evitar los desalojos recibiendo créditos fiscales en lugar del alquiler, una propuesta que estaba en otro proyecto de ley que los legisladores estatales dejaron de lado a principios de este mes.

Según la AB 1436, advirtió Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de la asociación de apartamentos, los propietarios “perderán sus unidades de alquiler y los inquilinos eventualmente perderán sus casas”.

Es un sentimiento que se hizo eco de docenas de propietarios y administradores de propiedades que inundaron mi correo electrónico después de que escribí sobre lo que el próximo “acantilado de desalojos”, como muchos lo han llamado, les haría a los residentes más vulnerables de California.

“¿Por qué se espera que carguemos con casi toda la carga financiera de las familias que están sin trabajo?”, quería saber uno. Otro, citando la necesidad de pagar los impuestos a la propiedad y los servicios públicos, además de hacer reparaciones, preguntó: “¿Quién se supone que debe pagar estos gastos?”.

Muchos se quejaron de cómo los inquilinos abusarán de una prohibición de desalojo extendida, usándola como una excusa para saltarse el alquiler incluso cuando tengan el dinero para pagar. Otros señalaron que, como propietarios que tienen una familia, usan el alquiler que reciben de sus inquilinos para pagar su propia hipoteca y, sin un respiro, pronto podrían terminar sin hogar.

Lo entiendo. El miedo a la ejecución hipotecaria es real, al igual que la dolorosa posibilidad de que los inversionistas corporativos se apoderen de sus propiedades. No hay duda de que lo que les ha estado sucediendo a muchos propietarios en los últimos meses ha sido profundamente injusto.

Pero lo que les ha estado sucediendo a muchos inquilinos ha sido profundamente injusto durante mucho más tiempo.

Considere que entre 2010 y 2019, por ejemplo, el alquiler promedio en la ciudad de Los Ángeles subió un 65% a $2.527. Durante el mismo período, el ingreso familiar promedio creció un 36% a $64.036. Hay una razón por la que alrededor de 150 personas se quedan sin hogar en el condado de Los Ángeles todos los días y solo un aproximado de 130 individuos sin casa consiguen viviendas, y los altos precios de alquiler tienen mucho que ver con eso.

En todo el estado, la historia es muy parecida. Hoy, según Zillow, el alquiler medio en California es de $2.775, y muchas personas usan más de un tercio de sus ingresos para pagarlo. Y aunque ha habido indicios de que los precios de alquiler han estado cayendo últimamente, la mayoría de los descensos parecen ser para los apartamentos más caros, mientras que los alquileres en vecindarios más asequibles, al menos en Los Ángeles, se han mantenido iguales, como informó mi colega del Times, Andrew Khouri.

También vale la pena señalar que, según el Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar, alrededor del 93% de los inquilinos han estado pagando al menos parte de su alquiler cada mes durante la pandemia. Supongo que es un porcentaje que disminuirá a medida que se reduzcan los controles de desempleo.

Mientras tanto, las cifras muestran que los californianos que compraron casas y propiedades de inversión después de la Gran Recesión, han visto mayormente ganancias desde entonces. El precio medio de una vivienda ha aumentado de $251.000 en 2012 a $533.500 en 2020.

Estudio tras estudio muestra que los propietarios, en general, y los propietarios, en particular, tienden a estar mejor económicamente que aquellos que alquilan. Y son los inquilinos que obtienen los ingresos más escasos los que se han encontrado más vulnerables al COVID-19 y la agitación económica que ha provocado.

Seguro que hay excepciones. No todos los inquilinos están al borde de la ruina financiera y los propietarios no se sienten bien. Pero los dueños de hecho se han beneficiado de un sistema que, aunque no fue de su creación, durante mucho tiempo se ha inclinado a su favor con políticas fiscales beneficiosas y una escasez de viviendas que ha permitido que las rentas aumenten en su mayoría sin control.

Podría ser esta una corrección del mercado inducida por una pandemia.

El problema fundamental es que al dar demasiado peso a las demandas de los propietarios, California estaría permitiendo lo que solo podría interpretarse como un regreso al status quo, en el que los inquilinos, muchos de ellos negros y latinos, continúan pagando sumas exorbitantes para mantener un techo sobre sus cabezas. Como si el statu quo fuera aceptable.

Espero que Newsom y los legisladores puedan llegar a un compromiso antes de que el estado se vaya por el precipicio del desalojo. Pero si deben elegir, solo hay una opción aceptable. Esta vez, deben ser los inquilinos.

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