El fiscal general de California inicia una investigación de derechos civiles del Departamento del Sheriff de Los Ángeles

El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció que está iniciando una investigación de derechos civiles del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés), una institución plagada de acusaciones de mala conducta de los agentes, tiroteos controvertidos y resistencia a la supervisión del sheriff Alex Villanueva.

La indagación abordará si las políticas y prácticas del Departamento del Sheriff, el más grande del país, violan habitualmente los derechos constitucionales de las personas. Becerra, cuya oficina ha sido llamada cada vez más en los últimos meses para investigar acusaciones contra la dependencia, señaló que fue impulsado a actuar por informes creíbles de fuerza excesiva por parte de los agentes, así como represalias y otros traspiés que involucran a la administración del departamento.

“Hay serias preocupaciones e informes de que la rendición de cuentas y el cumplimiento de las prácticas policiales legítimas no han sido practicadas en el Departamento del Sheriff de Los Ángeles”, indicó Becerra, quien está a punto de unirse al gabinete del presidente Joe Biden, en un comunicado. “Estamos llevando a cabo esta investigación para determinar si el LASD ha violado la ley o los derechos de la gente del condado”.

Para llevar a cabo la indagación, se espera que un equipo de investigadores entreviste a agentes del departamento, funcionarios locales, miembros de paneles de supervisión y grupos comunitarios que han sido muy críticos del LASD, y quienes desde hace mucho tiempo querían que interviniera una autoridad externa. Becerra no abordó si la investigación se centraría en estaciones y divisiones específicas de la institución en expansión, tampoco ahondó sobre si los investigadores profundizarán en las acusaciones de que los oficiales en varias estaciones pertenecen a camarillas parecidas a pandillas.

“No estamos colocando un margen, tiempo o lugar, o persona en particular; esta es una investigación en la que buscamos ver si las prácticas del departamento se ajustan a la ley”, señaló Becerra.

El fiscal general informó que se haría público un informe completo sobre los hallazgos de la indagación y que esperaba que Villanueva trabajara con su oficina para abordar los problemas. Si el departamento se niega a cooperar, Becerra indicó que hay disponibles opciones coercitivas. “Si requiere que vayamos a los tribunales para probar nuestro caso y cambiar las prácticas y políticas de esa dependencia, estaremos listos para eso”, añadió.

Una investigación similar de la Oficina del Sheriff de Kern resultó en un acuerdo anunciado el mes pasado para implementar una larga lista de reformas que incluían cambios en la política de la institución sobre el uso de la fuerza, la prohibición del uso de llaves de estrangulamiento y otras maniobras, un nuevo procedimiento para informar al público sobre los tiroteos realizados por los agentes y reglas más estrictas que determinan los registros de los miembros del departamento.

El anuncio se produce después de una serie de tiroteos de alto perfil y acusaciones de mala conducta dentro del departamento, que han desencadenado protestas generalizadas y demandas de organizadores comunitarios y los legisladores para realizar investigaciones independientes.

Esas llamadas se ampliaron después del asesinato en junio de Andrés Guardado, de 18 años, quien recibió cinco disparos mortales en la espalda por un agente asignado a la estación de Compton, misma que se ha visto perturbada por acusaciones de que una pandilla de agentes tatuados que se hacen llamar los Verdugos pisotea los derechos y celebra a los que usan la fuerza.

En septiembre, un subcomité del Congreso solicitó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigara las denuncias de abusos sistémicos por parte de “bandas criminales” de los agentes de Los Ángeles que utilizan tácticas agresivas y premian la violencia. Los registros muestran que el condado ha pagado aproximadamente $55 millones en demandas y reclamos legales, en los que sus miembros han sido acusados de pertenecer a una camarilla secreta.

En un comunicado el viernes, Villanueva informó que agradecía la indagación del fiscal general. “Nuestro departamento finalmente puede tener una evaluación imparcial y objetiva de nuestras operaciones y recomendaciones sobre cualquier área en la que podamos mejorar nuestro servicio a la comunidad”, agregó. “Proporcionaremos acceso inmediato a toda la información en nuestro poder. Estamos ansiosos por iniciar este proceso en aras de la transparencia y la responsabilidad”.

Los Ángeles se ha convertido en un punto álgido en el discurso nacional sobre cómo reformar y monitorear la aplicación de la ley, un debate que adquirió urgencia luego del asesinato policial el año pasado de George Floyd y otros abusos contra hombres y mujeres negros. El sheriff Alex Villanueva se ha enfrentado con la Junta de Supervisores desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, ya que esta institución ha desafiado las decisiones del sheriff de volver a contratar a los agentes con antecedentes de mala conducta. Más recientemente, Villanueva y la junta se han enredado sobre la respuesta del condado a la pandemia de COVID-19 y los recortes presupuestarios.

La Comisión de Supervisión Civil del Sheriff, un grupo de vigilancia designado por los supervisores, tomó el paso sin precedentes de pedir la renuncia de Villanueva el otoño pasado, diciendo que se ha demorado en reformas cruciales, que se resistió a la supervisión del departamento y que no hizo que los agentes rindieran cuentas.

En una señal de la creciente desconfianza entre los líderes del condado y el sheriff, el año pasado la Junta de Supervisores otorgó a la comisión autoridad para citar al departamento para registros internos y testimonios. Unos meses más tarde, los votantes afirmaron la medida y el gobernador Gavin Newsom siguió en esta dirección al firmar una ley estatal que otorga poder de citar para comparecencia a los paneles de supervisión policial en todo el estado.

Cuando Villanueva desafió una citación para testificar sobre su manejo de la pandemia de COVID-19 en las cárceles, el condado lo llevó a los tribunales, probando el nuevo control de su poder.

El sheriff cuestionó la legalidad del citatorio y lo describió en una conferencia de prensa como un “esfuerzo por avergonzarlo públicamente”. Un juez dictaminó que la comisión estaba dentro de sus competencias. Sin embargo, los abogados que representan a Los Ángeles abandonaron el caso, después de que Villanueva se presentó voluntariamente a la reunión del panel en diciembre y accedió a comparecer nuevamente esta semana.

Si bien los esfuerzos de supervisión civil han proporcionado un control externo de la actividad policial, se han enfrentado a críticas por no tener suficiente poder para forzar cambios reales en California, donde los agentes tienen importantes derechos de privacidad y otras protecciones.

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