Muchos californianos solo tienen tres días de permiso por enfermedad. ¿Y si se contagian de COVID-19?
Millones de trabajadores del Estado Dorado, se enfrentan a una pandemia sin un acceso claro a una red de seguridad económica si se toman un tiempo libre, después de que las leyes de baja por enfermedad de emergencia, que exigen dos semanas de permiso pagado, expiraran en enero. La Asamblea Legislativa votará en breve si se restablece el mandato.
Millones de trabajadores californianos que se enfrentan a la pandemia no tienen acceso a una red de seguridad económica, una situación que está profundizando la crisis provocada por el Covid-19 en todo el estado y que impulsa a los responsables políticos a ampliar los mandatos de baja por enfermedad.
Las medidas federales y estatales que obligaban a la mayoría de las empresas a ofrecer dos semanas de permiso remunerado para recuperarse del coronavirus expiraron el 1 de enero. Desde entonces, los empleados del Estado Dorado cuentan con tres días de baja obligatoria por cualquier enfermedad, el mínimo estatal, aunque los empresarios pueden optar por dar más.
Dado que el virus sigue infectando a miles de californianos cada semana, la Asamblea Legislativa tiene previsto votar en las próximas semanas si restablece la obligación de dos semanas. Esto sigue a semanas de debate en Sacramento que ha atraído a defensores de los trabajadores y grupos empresariales en coaliciones inusualmente amplias, a favor y en contra.
La esperada votación sobre un par de proyectos de ley que se están ultimando se produce en un momento en que el gobernador Gavin Newsom se enfrenta a una votación de destitución por su gestión de la pandemia, especialmente en lo que se refiere a los cierres de escuelas y empresas, y en el que el despliegue de la vacuna COVID-19 del estado sigue siendo lento y desigual.
Para muchos trabajadores, el actual repertorio de leyes y reglamentos de California ofrece poca protección más allá de los tres días obligatorios. Algunas eximen a las pequeñas empresas, otras solo cubren a los empleados que pueden demostrar que han contraído el virus en el trabajo. Varias ofrecen permisos, pero con un salario reducido o sin él, es una opción que pocos pueden permitirse.
Según las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a la mayoría de los pacientes de COVID-19 se les aconseja que se aíslen durante al menos 10 días tras la aparición de los síntomas, y en los casos graves hasta 20 días. Pero los trabajadores que no pueden permitirse estar sin sueldo “irán a trabajar aunque no se sientan bien y crearán brotes que afectarán también a las empresas y a los clientes”, dijo la asambleísta Lorena González (demócrata de San Diego), partidaria de renovar el permiso de dos semanas.
“La propagación solo se puede mantener a raya si la gente que está enferma se queda en casa”, manifestó.
El asambleísta Heath Flora (R-Ripón) considera que dos semanas son una exageración. “Tenemos que centrarnos en que nuestros negocios vuelvan a abrir antes de empezar a ponerles más cargas”, dijo. “No podemos seguir golpeando a las mismas personas que mantienen nuestra sociedad en movimiento”.
Los defensores de la baja por enfermedad esperaban que una ley federal actualizada hiciera innecesaria una nueva medida en California. El paquete original de ayuda contra el coronavirus, de 1.9 billones de dólares, presentado por el presidente Biden, contenía un generoso plan de bajas médicas y familiares obligatorias de hasta 14 semanas. Este requisito no se incluyó en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, ya que no se aprobaría según las normas del proyecto de ley de presupuestos.
En Sacramento, los proyectos de ley de permisos pagados no solo permitirían el tiempo libre por una enfermedad de COVID-19 o una cuarentena, sino también el tiempo para obtener vacunas y cuidar de los familiares enfermos o de los niños cuyas escuelas permanecen cerradas. Las medidas, redactadas como partidas presupuestarias de emergencia, se aplicarían con carácter retroactivo desde el 1 de enero y expirarían el 30 de septiembre.
Mientras sus ayudantes negocian con los legisladores la redacción de los proyectos de ley, Newsom aún no se ha pronunciado públicamente. “Dar a los trabajadores que han contraído o han estado expuestos a COVID tiempo libre ayuda a minimizar la propagación de la enfermedad”, dijo la portavoz Erin Mellon. “La oficina del gobernador está comprometida con la Legislatura en un enfoque viable para los empleados y las empresas”.
El tema se calentó en Sacramento en enero, cuando una alianza de 115 sindicatos, grupos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro de servicios sociales pidió a Newsom y a la Legislatura que ampliaran inmediatamente los días de enfermedad pagados o se arriesgaran a “mayor dolor y sufrimiento, más muertes y una continua devastación económica”.
“La economía de California no podrá recuperarse hasta que la propagación del COVID-19 esté bajo control, y la propagación del COVID-19 no puede ser controlado sin un acceso adecuado a los permisos por enfermedad pagados”, expuso Katherine Wutchiett, abogada de Legal Aid at Work, una organización sin ánimo de lucro de San Francisco que firmó la carta, junto con la Federación Laboral de California, AARP California, ACLU de California, Mi Familia Vota y otros.
La refutación vino el mes pasado de una coalición de 112 grupos liderados por la Cámara de Comercio de California. “La respuesta de California al COVID-19 no puede seguir siendo subvencionada por la comunidad empresarial”, dijo el grupo en una carta al gobernador y a los legisladores que se oponen a los proyectos de ley. Los proyectos de ley no ofrecen ningún crédito fiscal específico para California ni financiación a los empresarios, a pesar de que el estado “cuenta con unos 20.000 millones de dólares de presupuesto extraordinario”, según la carta.
La carta fue firmada por la Mesa Redonda de Negocios de California, la Liga de Ciudades de California, las asociaciones comerciales estatales de fabricantes, agricultores, minoristas, restaurantes y empresas de transporte, junto con las cámaras locales.
La portavoz de la Cámara, Denise Davis, dijo que los trabajadores ya tienen acceso a “múltiples fuentes de licencia pagada y no pagada”, incluyendo el tiempo libre con goce de sueldo bajo las reglas de emergencia COVID-19 adoptadas en noviembre por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal/OSHA.
Las normas de Cal/OSHA cubren a los trabajadores que se infectan en su lugar de empleo y siguen estando disponibles para trabajar, pero no les conceden licencia por enfermedad si se contagian en otro lugar. Dichas normas se enfrentan a una impugnación judicial por parte de la Federación Nacional de Minoristas y la Federación Nacional de Empresas Independientes alegando “la ausencia de un nexo probado entre las tasas de positividad de COVID-19 y los lugares de trabajo”.
Una ley californiana muy debatida, que entró en vigor en enero, permite a la mayoría de los trabajadores un permiso protegido por el empleo para cuidar a sus familiares enfermos, pero no es remunerado. Un programa de seguro de baja familiar de larga duración permite un pago parcial, pero sin protección laboral.
Los múltiples estatutos causan confusión, dijo Wutchiett de Legal Aid at Work. “Los trabajadores no deberían tener que ser abogados para poder averiguar si su puesto de trabajo estará o no protegido o si se les pagará”, enfatizó. “Dos semanas de permiso remunerado de emergencia es la protección mínima, simple y directa que necesitan”.
Los pequeños negocios están especialmente preocupados por cualquier nuevo mandato de permiso remunerado.
Cuando se cerró el comedor interior el pasado mes de marzo, Nicolás Montaño, propietario del restaurante mexicano Los Toros en Chatsworth, despidió a la mitad de sus 70 trabajadores. Ahora emplea a 30 personas que preparan la comida para llevar y para servir en el exterior.
En el último año, unos 15 de sus trabajadores se contagiaron del virus, dijo. Pagó a un empleado dos semanas completas de baja por COVID-19, un cocinero que quería evitar que buscara otro trabajo.
Montaño, de 60 años, cuyos padres fundaron el restaurante en 1967, dijo que no pagó a la mayoría de los trabajadores que enfermaron porque “¿quién sabe dónde se contagia la gente? Es ridículo culpar al negocio. ¿Cómo sabes lo que hacen en su tiempo libre?”
Se opone a las dos semanas de permiso remunerado, que, según él, animan a la gente a quedarse en casa. Los Toros cuenta con ofertas de trabajo porque “las personas tienen mucho miedo en este momento de volver a trabajar”.
El restaurante tomó todas las precauciones, aseguró Montaño. “Llevamos protectores faciales, practicamos el distanciamiento social, utilizamos guantes. Pero esto ha sido como un subibaja”, dijo sobre las cambiantes normas del condado. Su negocio ha perdido más de la mitad de sus ingresos desde que comenzó la pandemia.
Incluso antes de que expirara la licencia de emergencia por enfermedad en enero, las empresas y los empleados estaban a menudo en conflicto por la aplicación de la ley relacionada con el coronavirus. A lo largo del último año, los trabajadores han inundado las agencias gubernamentales con miles de quejas, han desbordado las líneas de asistencia jurídica con preguntas y han acudido a los organizadores laborales en busca de ayuda.
El Center for WorkLife Law de la Facultad de Derecho de la UC Hastings, en San Francisco, ha visto multiplicarse por siete las llamadas a la línea de atención telefónica desde marzo, en comparación con el mismo período de años anteriores, todas ellas con preguntas legales relacionadas con el COVID-19.
“Hemos hablado con trabajadores que tienen síntomas de COVID o que están cuidando a familiares enfermos y no pueden conseguir tiempo libre en el trabajo”, expuso la subdirectora Liz Hastings. “La gente que vive al día no puede permitirse 10 días sin ingresos. Hemos hablado con trabajadores despedidos por quedarse en casa para proteger a sus compañeros”.
Solo en el condado de Los Ángeles, el departamento de salud ha investigado más de 1.500 quejas sobre brotes de COVID-19 en los lugares de trabajo. Cal/OSHA ha tratado hasta ahora más de 11.500 casos relacionados con la pandemia.
Uno de ellos se ha producido en un McDonald’s de una pequeña comunidad de Antelope Valley.
Imelda Rosales, conserje del establecimiento de comida rápida de Pearblossom Highway, en Littlerock, fue una de las decenas de trabajadores de comida rápida que el mes pasado se dirigieron en caravana al edificio de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, en la calle Temple, agitando banderas estadounidenses, tocando el claxon y mostrando carteles en los que se leía: “Respeto. Pago y Protección”.
En un camión de plataforma, Rosales, de 53 años, una hija de inmigrantes mexicanos, levantó el puño y gritó en un micrófono hasta quedarse ronca, suplicando a los funcionarios que prestaran atención.
“En mi empresa, mucha gente – ha contraído COVID”, gritó. “Estamos en peligro. ... En mi restaurante, nos dijeron que no nos iban a pagar. ¿Por qué no?”
Rosales lleva 11 años trabajando en el McDonald’s de Littlerock. Dijo que se puso en contacto con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, organizador de la protesta, después de que enfermara de COVID-19 en noviembre. Cree que se llevó el virus a casa desde el restaurante, infectando a siete miembros de su familia.
“Incluso mis dos nietos enfermaron”, reveló.
Rosales cobró dos semanas para recuperarse. Dice que no le pagaron las dos semanas adicionales que se tomó para cuidar a sus familiares enfermos, y cree que se lo deberían haber pagado.
Los trabajadores del restaurante han presentado ocho quejas ante el departamento de salud del condado y Cal/OSHA por supuestas infracciones de la norma COVID-19, entre las que se incluyen condiciones inseguras, no informar de infecciones y denegación de permisos por enfermedad.
Según las denuncias, al menos 31 empleados se han contagiado del virus, la mitad de ellos en el trabajo. De acuerdo a las denuncias, los empleados no podían mantenerse a dos metros de distancia en el mostrador, en la ventanilla de entrada o en la cocina. Los trabajadores dijeron que los gerentes les dijeron que evitaran pedir a los clientes que se pusieran mascarillas por miedo a molestarlos.
“La gente desaparecía”, dijo Rosales. “Preguntábamos: ‘¿Dónde está fulano?’ El gerente de la tienda respondía: ‘No lo sé’. Luego descubríamos que la persona le había dicho al gerente que había dado positivo”.
Andrew Marroquín, propietario de McMarro Family Restaurants, una cadena con 1.400 empleados que gestiona el McDonald’s, dijo que las quejas son injustificadas y que solo tres trabajadores de su establecimiento de Pearblossom han dado positivo por el virus.
Ha pagado a “cientos de empleados que han tenido que irse por estar enfermos”, aseguró. También paga a los trabajadores por estar en cuarentena y por cuidar a sus familiares, agregó.
“Puedo nombrar miles de comercios y restaurantes que tienen algunas personas allí con COVID. Es la naturaleza de la enfermedad en este momento”, manifestó Marroquín. Las empresas están haciendo todo lo posible, dijo, aunque “los costes añadidos y las normas de seguridad en constante cambio pueden ser un problema”.
La disputa de Pearblossom ilustra el reto que supone hacer cumplir las leyes sobre permisos, incluso si la Legislatura ordena dos semanas de pago por enfermedad para COVID-19.
Los inspectores del condado realizaron tres visitas al establecimiento de McDonald’s en diciembre y solo encontraron una infracción, posteriormente corregida, según sus informes: “Ventilación cargada de polvo en los baños de hombres y mujeres”.
Los trabajadores dijeron que ningún inspector habló con ellos sobre sus quejas. Aunque el condado de Los Ángeles es una de las varias jurisdicciones californianas que han adoptado ordenanzas locales sobre permisos pagados desde enero, un portavoz del condado dijo: “Salud Pública no gestiona las quejas contra los empleadores relacionadas con los permisos remunerados. Estas quejas son gestionadas por la Oficina del Comisionado Laboral del Estado”.
Una portavoz de la Agencia de Desarrollo de la Mano de Obra de California, que incluye al Comisionado de Trabajo, dijo que Cal/OSHA está llevando a cabo una “investigación por carta” del sitio de Pearblossom - poniéndose en contacto con el empleador por correo electrónico o fax para instar a la adopción de precauciones.
La agencia, que cuenta con poco personal, está utilizando este procedimiento en el 80% de sus casos de COVID-19, ya que hay “muchos más de los que se pueden investigar en persona”, expuso.
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