ICE liberó a un preso enfermo de un centro migratorio. Murió tres días después
Un abogado de la ACLU dijo que el caso plantea preguntas sobre si los funcionarios de inmigración están subestimando las muertes de los detenidos durante la pandemia al liberar a las personas justo antes de que mueran.
Martín Vargas había estado lidiando con una infección por coronavirus y otros problemas de salud cuando los funcionarios de inmigración le dijeron a su abogado que estaban considerando liberarlo del centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Aduanas de Adelanto.
Habían pasado semanas cuando Margaret Hellerstein se enteró de que su cliente había sido puesto en libertad, pero nadie se lo notificó ni le dijo adónde había ido. Preocupada por que estuviera viviendo en la calle, presentó una denuncia por desaparición. Posteriormente, averiguó que Vargas sufrió un derrame cerebral el 3 de marzo y había fallecido en un hospital después de tres días de haber sido liberado el 5 de marzo.
Estados Unidos lleva generaciones entrometiéndose en los asuntos de Centroamérica. Ahora, se enfrenta a una crisis de niños migrantes en su frontera sur.
“Llevaba diciendo desde el pasado mes de abril que iba a morir allí. Su muerte recae absolutamente en sus manos”, dijo Hellerstein a The Times en una entrevista. “Lo encubrieron y lo liberaron para no tener que responder por ello. El hecho de que tuviera que llamar al forense para saber que mi cliente había muerto una semana antes, no debió haber sido necesario”.
El caso plantea preguntas sobre si los funcionarios de inmigración están subestimando las muertes de los detenidos durante la pandemia al liberar a las personas justo antes de que mueran, dijo Jessica Karp Bansal, una abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, que demandó a fin de asegurar la liberación de los detenidos para permitir el distanciamiento social en el centro.
“Es muy preocupante que el ICE lo haya liberado tres días antes de morir”, manifestó Bansal en una entrevista.
Un portavoz del ICE dijo que la agencia “no hace comentarios sobre litigios pendientes” y declinó responder a preguntas sobre la detención y liberación de Vargas, así como si su caso se contabilizó como una muerte bajo custodia.
Según los documentos que la ACLU presentó el viernes en un tribunal federal, Vargas había vivido en Estados Unidos durante más de 50 años y estuvo detenido en el centro de Adelanto desde abril de 2019. Fue condenado en 1985 por cometer actos lascivos o lujuriosos con un menor de 14 años cuando también era menor de edad, escribió su abogado el año pasado en una solicitud de libertad condicional humanitaria.
Un juez federal ordenó su libertad antes de la pandemia, dijo Hellerstein. Agregó que tenía graves problemas de salud, como esquizofrenia, diabetes y celulitis, motivo por el cual fue hospitalizado varias veces el año pasado. Para cuando Vargas consiguió un nuevo alojamiento, señaló, otros litigios habían impedido su liberación.
Vargas contrajo COVID-19 en diciembre y estuvo entrando y saliendo del hospital durante meses. A finales de febrero, cuando el ICE dijo que estaba considerando liberarlo, Hellerstein comenzó a hacer arreglos para que un conductor lo recogiera y lo llevara a una casa de transición, según una declaración que escribió y que se adjuntó a la presentación de la ACLU.
Mientras tanto, señaló, él estaba en realidad en un hospital y con su salud deteriorándose, el ICE lo liberó sin decírselo a ella. Murió tres días después.
“Ahora creo que el ICE sabía en febrero que el Sr. Vargas estaba cerca de la muerte, y que me engañaron deliberadamente para poder obtener información sobre sus familiares”, dijo Hellerstein en la declaración. “No cabe duda de que tenían la intención de que yo creyera que Martín estaba siendo liberado a la comunidad”.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que esta no es la primera vez que alguien muere poco después de su liberación de la detención de inmigrantes. Señalaron el caso de José Ibarra, quien también falleció poco después de ser liberado en 2019 de Adelanto. La instalación ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por cuestiones relacionadas con la atención médica y el tratamiento de los detenidos.
La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional emitió en 2018 un informe mordaz en el que los funcionarios dijeron que habían encontrado varios problemas en la instalación que planteaban “riesgos significativos para la salud y la seguridad”, incluidos los detenidos que informaron que esperaban “semanas y meses” para ver a un médico.
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