Long Beach está lista para albergar a niños inmigrantes, pero ¿lo están sus líderes?
Cuando la Casa Blanca llamó al alcalde de Long Beach, Robert García, la semana pasada, para preguntarle si su ciudad ayudaría a albergar a niños inmigrantes no acompañados llegados recientemente a la frontera entre Estados Unidos y México, éste no dudó en la respuesta.
La cuestión es un tema personal para García, quien emigró con su familia desde Perú a Estados Unidos a los cinco años de edad. El prometedor político progresista, ahora de 43 años, simpatiza con los niños inmigrantes y quiere ayudar a la administración Biden a evitar una crisis humanitaria. “Por supuesto”, contestó el alcalde.
García, quien preside las reuniones del Concejo Municipal de Long Beach, apoyó la iniciativa de arrendar el Centro de Convenciones al gobierno federal y convertirlo en un refugio de emergencia para hasta 1.000 niños inmigrantes. Pero arrendar la propiedad de la ciudad requiere de la aprobación del Ayuntamiento.
Este mes, los miembros del consejo votaron unánimemente para permitir que la ciudad avance en las negociaciones con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) federal. El plan es alojar parejas de hermanos desde los tres años de edad, con una fecha de finalización el 2 de agosto. Los pequeños podrían llegar al sitio desde esta misma semana.
Apenas se corrió la voz, los residentes de Long Beach abrumaron a los líderes de la ciudad con ofertas para ayudar a los chicos. “Todos se están acercando… Iglesias, escuelas, universidades, ¡todos!”, expresó García. “Es genial ver esto”.
La actitud acogedora de la ciudad no es una sorpresa, según las autoridades. Long Beach tiene un historial de ofrecer refugio a inmigrantes recién llegados, habiendo dado la bienvenida a camboyanos que huían de la persecución a fines de los años 70 y 80. “Así lo hacemos”, comentó la concejal Cindy Allen, una de los ocho demócratas del consejo, integrado por nueve miembros.
Pero algunos críticos, incluidos los defensores de los derechos de los inmigrantes, cuestionan si los líderes de la ciudad, en su prisa por ayudar a estos niños, comprenden totalmente los riesgos potenciales de asociarse con una agencia federal compleja y con desafíos logísticos, a la cual le ha costado por años responder y salvaguardar adecuadamente el aumento de los menores no acompañados que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
En el mejor de los casos, entienden los críticos, los líderes de la ciudad están demasiado involucrados con la cuestión y no hacen las preguntas correctas para proteger mejor a los menores inmigrantes. Algunos también cuestionan si la ayuda de García a un compañero demócrata de la Casa Blanca es, en parte, para satisfacer sus propias aspiraciones políticas.
“Aunque se postula como un intento de proporcionar una alternativa a los niños que son mantenidos en jaulas, la ciudad se está volviendo cómplice de ese almacenamiento de menores”, consideró Lauren Heidbrink, profesora asistente en Cal State Long Beach que estudia la migración infantil desde Centroamérica. “Si bien hay un presidente demócrata y una administración demócrata en Long Beach, desde la perspectiva de los niños migrantes, continúan experimentando más de lo mismo: separación familiar y detención”.
Heidbrink, quien ha investigado el impacto de la detención inmigratoria en los niños, piensa que la ciudad debería ser más transparente, hacer más preguntas y obtener respuestas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos a la cual el Congreso le ha encargado de la atención y ubicación de los menores migrantes no acompañados. “Los funcionarios de la ciudad están escasos de detalles sobre la dotación de personal, la duración de la estadía y las garantías básicas de bienestar infantil que estarán vigentes en el Centro de Convenciones”, añadió. “No creo que la ciudad esté haciendo las preguntas correctas, y no tienen suficientes detalles para tomar una decisión informada”.
En una entrevista, García destacó que los líderes de la ciudad habían hecho sus deberes. Expuso que había tenido una larga conversación con el alcalde de San Diego, Todd Gloria, quien también dio luz verde para contratar con el HHS: a fines de marzo, los funcionarios de la ORR comenzaron a albergar a niños inmigrantes en el Centro de Convenciones de San Diego. Inicialmente, se recibió a chicas adolescentes. Más tarde, se avanzó para dar cabida a hasta 1.450 niños y niñas más jóvenes.
Gloria le dijo a García que se preparara para el abrumador apoyo positivo de los residentes.
El mes pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza tomaron la custodia de 18.890 niños no acompañados en la frontera sur, significativamente más que el máximo mensual anterior -de casi 11.900 en mayo de 2019-, según datos federales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa a la Patrulla Fronteriza, debe transferir a los niños no acompañados bajo su custodia a la ORR en un plazo de 72 horas. Ese proceso está obstaculizado porque cada día llegan más menores de los que pueden ser transferidos.
Hasta el martes, 18.773 niños estaban bajo la custodia de la ORR después de ser transferidos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La cantidad de pequeños detenidos por la Patrulla Fronteriza ha aumentado de manera constante durante el último año.
En las últimas semanas, el HHS, con la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, anunció planes para abrir varios sitios de emergencia en California y Texas. Pomona Fairplex también se está considerando actualmente como una instalación para la admisión temporal. Los sitios actuales incluyen centros de convenciones, iglesias y tiendas de campaña e instalaciones militares en Dallas, Houston, San Antonio y El Paso.
El uso de espacios temporales, como centros de convenciones y bases militares, es parte de las iniciativas de la administración Biden para acelerar la transferencia de niños fuera de la custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras el gobierno avanza por el largo proceso de aumentar las instalaciones con licencia estatal.
Según las leyes internacionales y estadounidenses, las personas tienen derecho a solicitar asilo en los puertos de entrada de este país. Pero la administración Trump rechazó a la gran mayoría de niños y familias que buscaban tal beneficio.
La mayoría de las bases militares son demasiado remotas para albergar a los niños migrantes, lo cual convierte los centros de convenciones en mejores opciones, según algunos expertos en inmigración.
En Long Beach, los funcionarios de la ciudad lanzaron un portal en línea que permite a las organizaciones comunitarias solicitar ayuda para cuidar y brindar servicios a los menores. Finalmente, el HHS tendrá la última palabra sobre las organizaciones con las que contrate.
Pero investigar a los posibles contratistas podría tomar meses y, además, puede que no sea factible hacerlo en unos días o semanas después de la llegada de los menores, comentó Heidbrink. “Para mí, eso es una indicación de que no hay suficiente comunicación entre la ciudad de Long Beach, ORR y FEMA”, expuso.
Aunque algunos activistas por los derechos de los inmigrantes se mostraron felices de que la comunidad reciba cálidamente a los niños, critican la decisión de los líderes de la ciudad de alojarlos en condiciones menos que ideales. Gaby Hernández, quien se desempeña como directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Long Beach, considera inaceptable que los pequeños hayan dormido en el piso y detrás de cercas de alambre, en las instalaciones de detención fronterizas. Pero, dijo, albergar a cientos de pequeños en un centro de convenciones no es la solución. “Nos dicen que deberíamos estar conformes ya que esta es una opción mejor que la actual, que obviamente tiene a los niños en jaulas en el suelo”, manifestó Hernández. “Pero no deberíamos tener que elegir entre dos malas opciones”.
Para Hernández y otros activistas por los derechos de los inmigrantes la ciudad es cómplice de un proceso que comienza con las políticas de inmigración de Estados Unidos, que separan a los niños de sus familiares en la frontera sur. Bajo esas pautas, los menores que viajan con alguien que no sea un padre o tutor legal son separados inmediatamente de ese adulto. Luego, el niño clasifica como menor no acompañado y pasa a estar bajo la tutela del gobierno federal. “Puede ser incómodo para ellos arrojar luz sobre las políticas de la administración Biden, que están separando familias, dejando a los chicos solos y provocando la gran afluencia en las instalaciones”, comentó Heidbrink. “Pero es por eso que votamos por ellos: para que se hagan esas preguntas críticas y tomen una decisión informada”.
El sábado pasado, varias decenas de personas se manifestaron frente al Centro de Convenciones de Long Beach para presionar a los funcionarios del Ayuntamiento en pos de un compromiso con la transparencia y el trato humano de los menores que planean albergar en el centro.
García le dejó en claro a los funcionarios federales que Long Beach está feliz de ayudar, pero que el Centro de Convenciones es una medida provisional. “No puede ser la política del gobierno de Estados Unidos tener centros permanentes como este”, enfatizó. “El plan debe ser la reunificación [familiar] lo antes posible”.
Pero la reunificación ha sido un desafío para la ORR. Los niños no acompañados permanecen un promedio de 37 días en instalaciones patrocinadas por Salud y Servicios Humanos, según los datos más recientes.
Aunque la concejal Allen todavía espera respuestas a algunas preguntas formuladas a los funcionarios federales, discrepa con la afirmación de que ella y los otros miembros del cuerpo están en la situación sin el suficiente “discernimiento”. “Vamos a resolver esto y a hacerlo funcionar”, manifestó. “Vamos a ser buenos anfitriones para estos niños y trabajaremos arduamente con HHS para lograr que estos chicos se reúnan con sus familias”.
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