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Satánico decapitó a su compañero de celda, pero los guardias no se dieron cuenta

A man with tattoos all over his face and body and his hands in handcuffs sits at a table.
Jaime Osuna durante su sentencia por asesinato, en Bakersfield, mayo de 2017. Osuna está acusado de cortarle la cabeza a su compañero de celda, Luis Romero, en la Prisión Estatal de Corcoran dos años después.
(Bakersfield Californian)

Los asesinos convictos compartían la misma celda en la prisión estatal de Corcoran. Pero en la mañana del 9 de marzo de 2019, solo uno seguía vivo. Jaime Osuna, de 31 años, había decapitado y diseccionado el cuerpo de su compañero de celda, Luis Romero, de 44, con un cuchillo improvisado, según muestran documentos estatales.

Sin embargo, después de que los guardias hicieron sus rondas, informaron que ambos hombres estaban vivos, según dos nuevos reportes sobre las prisiones de California de la oficina del inspector general.

Los documentos agregan nuevas revelaciones y plantean más preguntas sobre uno de los asesinatos más atroces dentro del sistema penitenciario de California. El crimen motivó investigaciones y una demanda sobre por qué Romero estaba en una celda con Osuna, un autodenominado satanista con antecedentes de atacar a sus compañeros. Uno de los informes también culpa al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California por realizar una investigación pobre y retrasar la acción disciplinaria contra los guardias.

En los informes no se detalla por qué los oficiales no descubrieron la espeluznante escena temprano. Pero según una denuncia de la familia de Romero, los barrotes de la celda estaban cubiertos por una sábana blanca, lo cual sugiere que los guardias no revisaron a fondo.

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El Departamento de Correcciones disputó las conclusiones de los informes y dijo en un comunicado que había realizado una “investigación exhaustiva y completa desde el principio”.

Pero el abogado de la familia de Romero, Justin Sterling, dijo que los informes describen el “velo de secreto” del departamento, que oculta la mala conducta de los agentes.

“La idea de que mi cliente debió presentar una denuncia para obtener respuestas a preguntas básicas sobre la muerte de su hijo es desalentadora”, afirmó.

Los guardias estaban destinados a revisar la celda de vez en cuando, añadió Sterling, y el crimen habría tardado horas en cometerse. Si se hubiesen hecho los controles requeridos, Romero estaría vivo hoy, agregó.

Romero, que había pasado 27 años preso, fue puesto en la celda con Osuna después de llegar de la prisión estatal de Mule Creek, según la demanda. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado después de disparar fatalmente a una mujer, en Compton, cuando era un adolescente, y asociarse con pandilleros. Se estaba acercando a la elegibilidad para la libertad condicional.

Su nuevo compañero de celda, Osuna, cumplía cadena perpetua por el asesinato y la tortura de Yvette Peña, de 37 años, en un motel de Bakersfield en 2011. Con tatuajes en la cara y gusto por las excentricidades satánicas al estilo Charles Manson, se convirtió en una figura oscura durante el juicio de 2017, burlándose de la familia de la víctima y presumiendo ante un reportero de televisión de su gusto por torturar a la gente.

En algún momento de la madrugada del 9 de marzo de 2019, Osuna torturó y mató metódicamente a Romero, afirmaron las autoridades.

Utilizando una navaja atada a un mango, Osuna desfiguró a Romero; le cortó uno de sus ojos, un dedo, le quitó parte de las costillas y le cercenó parte de su pulmón. Finalmente le cortó la cabeza. También creó una pose con el cuerpo y mutiló el rostro de Romero a ambos lados de la boca para que pareciera una amplia sonrisa, según la autopsia.

Los guardias encontraron a Osuna con un collar hecho con partes del cuerpo de Romero.

El asistente ejecutivo de la fiscalía de distrito del condado de Kings, Phil Esbenshade, lo consideró el asesinato más atroz que había visto en su vida. “Creemos que la víctima estuvo consciente durante al menos una parte del tiempo”, indicó.

Osuna nunca había tenido un compañero de celda hasta que llegó Romero, dos días antes.

Durante su estadía en un centro de detención del condado de Kern, lo encontraron con hachas y otras armas y se le consideró una amenaza de “alto riesgo” para el personal y los guardias, según la demanda.

En un incidente, Osuna se abrió camino hacia la celda de otro recluso, lo apuñaló y le cortó su rostro, lo cual resultó en 67 puntos de sutura para el herido, indica la demanda. Cuando los funcionarios de la prisión solicitaron fotografiar las heridas del recluso, éste se negó, señalando que no quería arriesgarse a que su atacante obtuviera copias de las fotos y las agregara a su colección de “trofeos”, según muestran los registros judiciales.

Los controles regulares de seguridad se consideran un deber esencial de los guardias penitenciarios, quienes deben vigilar la salud de los reclusos y prevenir agresiones o suicidios. El comportamiento cuestionable de los guardias fue objeto de escrutinio en un caso de Nueva York que involucró a Jeffrey Epstein, quien se ahorcó en su celda mientras estaba detenido por cargos de tráfico sexual infantil.

En el asesinato de Romero, el Departamento de Correcciones se negó a proporcionar detalles sobre la actividad de los guardias.

Según los informes del inspector general, los dos oficiales informaron falsamente que habían observado a Romero con vida. Además, otros dos oficiales no informaron haber visto a los dos primeros “fallar en llevar a cabo adecuadamente el recuento”, según uno de los reportes. Los documentos no identifican la prisión o el incidente, pero usaron fechas correspondientes al asesinato de Romero.

El informe también critica la investigación de asuntos internos del departamento correccional y dice que el primer oficial mintió durante la entrevista de asuntos internos, y que el agente especial a cargo de la indagación no entrevistó a varios testigos clave. El agente tampoco investigó si era apropiado ubicar a los dos asesinos juntos en una celda, según el reporte.

Los informes de la oficina del inspector general (OIG) también objetaron las medidas disciplinarias tomadas contra dos de los oficiales que estaban de servicio, según un resumen del caso de la investigación obtenido por The Times. Un oficial acusado de mentirle al agente de asuntos internos fue inicialmente despedido, y el salario del segundo oficial fue reducido en un 5% durante tres años. Pero después de que los oficiales apelaron a la Junta de Personal del Estado, el departamento llegó a un acuerdo: el despido del primero se redujo a una suspensión por nueve meses, y la deducción salarial del segundo se redujo a 24 meses, muestra el resumen del caso.

“El manejo del caso por parte del departamento fue deficiente”, consideró la oficina del inspector general. “En opinión de la OIG, el agente especial se resistió continuamente a las recomendaciones del abogado del departamento sobre la realización de entrevistas y la obtención de pruebas”, señala el informe.

Osuna fue trasladado al programa de internos psiquiátricos de la prisión estatal de Salinas Valley. Se le diagnosticó un espectro de esquizofrenia no especificado, un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno límite de la personalidad. Un juez dictaminó que no es competente para ser juzgado por la muerte de Romero.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí


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